Tabasco.- La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Maday Merino Damián, aseguró que comparecerá ante la Fiscalía General de Tabasco para el caso de la demanda que le interpusieron abogados por el súpersueldo de 150 mil pesos que se autorizaron sus compañeros.
Dijo que en cuanto se conozcan los detalles de la denuncia penal que les iniciaron, empezarán su defensa legal.
Reiteró que el aumento salarial será sólo para los mandos superiores, por lo que el resto de la plantilla laboral permanecerá con los mismos emolumentos.
Los siete consejeros ciudadanos fueron acusados por integrantes del Colegio de Abogados de Tabasco; la querella abarca a quienes resulten cómplices o encubridores del delito de coalición de servidores públicos, por autorizarse un sueldo arriba de lo que establece la Constitución.
Los árbitros electorales se incrementaron el salario en caso 150 mil pesos.
Los abogados Pedro García Falcón, Javier Ramos Martínez y Sergio Antonio Reyes demandaron cárcel para los consejeros electorales, por posibles hechos de carácter delictuoso, según consta en la averiguación previa AP-DGI-87/2015.
Los denunciados son Maday Merino Damián(la presidenta del organismo), los consejeros Claudia Jiménez López, Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo, Jorge Enrique Gómez, José Óscar Guzmán Miguel Ángel Fonz Rodríguez y David Cuba Herrera (este último renunció públicamente el incremento y dijo que devolverá el importe de las quincenas que ya cobró), lo cual, según los abogados, no lo exime del presunto delito cometido.
La denuncia alcanza al secretario ejecutivo del IEPCT, Roberto Félix López, y también a quienes resulten responsables, cómplices o encubridores, por los delitos que resulten por el aumento salarial realizado, en infracción al artículo 9 Constitucional.
El abogado Sergio Antonio Reyes señaló que denunciaron a los consejeros por el delito de coalición de servidores públicos y los que resulten.
La coalición, explicó, implica que los funcionarios se hayan puesto de acuerdo para actuar contrariamente a lo que establece una ley, que en este caso la es la Constitución del estado, que fija como tope máximo para los consejeros el salario de los magistrados numerarios, que es de 65 mil pesos y ellos cobran más de 94 mil pesos.
Señaló que, en caso de comprobarse, las sanciones a este delito van desde multas económicas, inhabilitación y hasta prisión de dos a siete años.
A su vez, la Fiscalía General de Tabasco le dio entrada a la querella; en un plazo no mayor a tres días después de presentada la denuncia, el Ministerio Público integrará la averiguación, y solicitará al área administrativa del IEPCT los informes de las percepciones de los consejeros para determinar.
Dijo que en cuanto se conozcan los detalles de la denuncia penal que les iniciaron, empezarán su defensa legal.
Reiteró que el aumento salarial será sólo para los mandos superiores, por lo que el resto de la plantilla laboral permanecerá con los mismos emolumentos.
Los siete consejeros ciudadanos fueron acusados por integrantes del Colegio de Abogados de Tabasco; la querella abarca a quienes resulten cómplices o encubridores del delito de coalición de servidores públicos, por autorizarse un sueldo arriba de lo que establece la Constitución.
Los árbitros electorales se incrementaron el salario en caso 150 mil pesos.
Los abogados Pedro García Falcón, Javier Ramos Martínez y Sergio Antonio Reyes demandaron cárcel para los consejeros electorales, por posibles hechos de carácter delictuoso, según consta en la averiguación previa AP-DGI-87/2015.
Los denunciados son Maday Merino Damián(la presidenta del organismo), los consejeros Claudia Jiménez López, Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo, Jorge Enrique Gómez, José Óscar Guzmán Miguel Ángel Fonz Rodríguez y David Cuba Herrera (este último renunció públicamente el incremento y dijo que devolverá el importe de las quincenas que ya cobró), lo cual, según los abogados, no lo exime del presunto delito cometido.
La denuncia alcanza al secretario ejecutivo del IEPCT, Roberto Félix López, y también a quienes resulten responsables, cómplices o encubridores, por los delitos que resulten por el aumento salarial realizado, en infracción al artículo 9 Constitucional.
El abogado Sergio Antonio Reyes señaló que denunciaron a los consejeros por el delito de coalición de servidores públicos y los que resulten.
La coalición, explicó, implica que los funcionarios se hayan puesto de acuerdo para actuar contrariamente a lo que establece una ley, que en este caso la es la Constitución del estado, que fija como tope máximo para los consejeros el salario de los magistrados numerarios, que es de 65 mil pesos y ellos cobran más de 94 mil pesos.
Señaló que, en caso de comprobarse, las sanciones a este delito van desde multas económicas, inhabilitación y hasta prisión de dos a siete años.
A su vez, la Fiscalía General de Tabasco le dio entrada a la querella; en un plazo no mayor a tres días después de presentada la denuncia, el Ministerio Público integrará la averiguación, y solicitará al área administrativa del IEPCT los informes de las percepciones de los consejeros para determinar.
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