martes, 22 de diciembre de 2015

Víctimas de Acteal acusan que, a 18 años, el Estado olvida la justicia pero busca comprarlos

Ciudad de México.- A 18 años de distancia, el Estado mexicano sigue negando su participación en la masacre de Acteal en Chiapas, mientras que los sobrevivientes y familiares de las víctimas, todos ellos de origen tzotzil, aseguran que si el Gobierno federal hubiese brindado justicia en 1997 y garantizado la no repetición, otras violaciones a derechos humanos, como las documentadas en el caso Ayotzinapa, se hubieran evitado.
En la última comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo el pasado 20 de octubre, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el asesinato de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no había cumplido el año)– en Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, se trató de un conflicto intracomunitario. Y concluyó con una “solución amistosa” que consistía en indemnizar a las familias de las víctimas.
Además argumentó que la propia Comisión Interamericana, en su informe de 1998, reconoció que no contaba con evidencia que relacionara directamente a cuerpos paramilitares con el Estado, sino que dijo que se trató de grupos de civiles armados que tuvieron conflictos relacionados con tierras y entre comunidades.
Durante esa audiencia realizada en Washington, Estados Unidos, Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó la implicación gubernamental en la masacre, aunque reconoció que “el Estado fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos”.
Por su parte, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, “Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal”, rechazaron la propuesta de forma inmediata y exigieron verdad y justicia al caso.
“La sangre de nuestros hermanos la quieren cambiar por apoyos, lo quiere olvidar, lo quiere cambiar”, dijo Diego Pérez Jiménez, uno de los representantes de los sobrevivientes.
“La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias”, expresaron integrantes de Las Abejas.
Por su parte la CIDH cuestionó tanto a Campa como a Ruiz sobre “en qué se basó la Procuraduría General de la República (PGR) para concluir que masacre Acteal no fue perpetrada por paramilitares. Si el Estado dijo que no se preservó el lugar de masacre Acteal, entonces cómo pueden sacar conclusiones confiables”.
En el informe de la CIDH 146/10, los inconformes testificaron lo siguiente: “El 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, 45 indígenas tzotziles (cuatro de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas) fueron ejecutados por fuerzas paramilitares que habrían actuado con la aquiescencia de las autoridades mexicanas, en aplicación de una política estatal de lucha contra la insurgencia. En la oportunidad, también habrían resultado heridas 26 personas”.
“Desde el 18 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar que actuaba en la zona habría realizado reuniones para acordar un ataque contra personas que habrían sido identificadas como presuntos seguidores del EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional] que habitaban en la zona y contra los miembros de la Sociedad de Las Abejas”, denunciaron los hombres que pidieron a la Comisión intervenir.

Gobernantes.com

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