martes, 13 de septiembre de 2016

Amnistía Internacional presenta a diputadas informe sobre tortura

Ciudad de México.- Diputadas de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron por impulsar un marco jurídico para abatir la tortura en contra de mujeres en México y castigar a los responsables, así como establecer mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, y la Procuraduría General de la República, para implementar mecanismos que frenen el abuso sexual.
En la presentación del informe realizado por  Amnistía Internacional (AI) “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, organizada por la diputada Claudia Corichi García (MC), legisladoras de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y del PRI urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídico contra la tortura.
Corichi García pidió que la minuta del Senado sobre la Ley General  contra la Tortura se turne ya a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para analizar el planteamiento de la tortura sexual con el propósito de presentar propuestas conjuntas.
Comentó que México atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos, a pesar de que tiene un amplio y moderno marco legal y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “de las más importantes y caras del mundo”. Hay mucho que hacer al respecto, ya que sus recomendaciones de poco o nada sirven.
A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, de la Secretaría de Gobernación, la violación de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad.
En 2015, dijo, el presupuesto de la CNDH fue de mil 465 millones de pesos que, sin duda, se tendrían que reflejar en procuración de justicia y protección de derechos humanos, pero “7 de cada 10 pesos de sus recursos se van en pagar sueldos”.
El Estado informó en abril de 2015, que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba con 2 mil 420 investigaciones sobre tortura y existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.
Amnistía Internacional urge a que tomen medidas todas las instancias de gobierno, a fin de atajar el grave problema de violencia sexual. “Ninguna mujer merece ser torturada sexualmente ni en otras formas. No se justifica bajo ningún argumento”, reiteró.
La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras Julián (PRD), destacó que “se tiene una gran oportunidad para revisar la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados sobre tortura, a fin de hacerle las correcciones necesarias que incorpore la visión de género en el capitulado de la ley y que los protocolos que se desarrollen tengan una perspectiva de protección, porque las mujeres son triplemente violentadas ante un hecho delictivo”.
Propuso integrar un frente en el Congreso de la Unión, que retome casos emblemáticos para establecer una ruta de acción que ayude a demandar la libertad de mujeres encarceladas.
En México se tienen leyes muy importantes, pero el problema es su aplicación, y las conductas que se convierten en delitos con las violaciones y maltratos de los cuerpos de las mujeres.
Son “aterradores” los resultados del Informe, porque todavía se considera al cuerpo de la mujer como “objeto que se puede maltratar, en un sentido de pertenencia. Hay un gran componente patriarcal desde la autoridad hacia el cuerpo de las mujeres”.
Los casos de Verónica Razo y Tayline son emblemáticos por su contribución para visibilizar la tortura de que son víctimas las mujeres en México, como revelar la violencia en todos sus ámbitos, desde lo familiar, lo que pasa en las casas y hacerlo público, para incidir en las leyes.
Refirió la falta de procuración de justicia, la responsabilidad y complicidad de las autoridades, la cerrazón para no visibilizar lo que realmente sucede con las mujeres cuando son detenidas de manera arbitraria, y torturadas para firmar declaraciones.
Estas prácticas, afirmó, llevan una alta dosis de violencia a la intimidad de las mujeres. Debe observarse la permisibilidad que permite aceptar como natural el acoso callejero, en el hogar, institucional, sexual y los feminicidios. Es decir, tenemos un grave problema de violencia generalizada hacia las mujeres”, resaltó.
La diputada Karina Sánchez Ruíz (Nueva Alianza) condenó la tortura física, psicológica y sexual porque es injustificable, ya que lacera e indigna, sobre todo cuando se perpetra en contra de las mujeres por el sólo motivo de su género.
“Es imprescindible que la tortura no sólo se elimine en las normas y en las leyes, que desaparezca de las prácticas cotidianas judiciales. El Estado debe cumplir con su obligación de atender esta crisis de derechos humanos que ha provocado señalamientos de organismos internacionales a México. Debe hacerlo con mano firme para castigar a los culpables y acabar con la impunidad”.
Expresó su compromiso para impulsar todas las leyes contra esta práctica. Es obligación del Congreso discutir, aprobar y perfeccionar una Ley General contra la Tortura que fortalezca la aplicación de la justicia, deseche las confesiones obtenidas  bajo tortura, pero sobre todo castigue a quienes la cometen. Pidió levantar la voz para rechazar enérgicamente la tortura, como una práctica que deshonra y avergüenza.

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