viernes, 13 de enero de 2017

Papel Social

Por qué el aumento a las gasolinas y al diésel
 
Por: Javier Herrera Borunda

El mundo vive una etapa histórica de grandes encrucijadas y escenarios complejos que se ven agravados aún más en nuestro país por la incertidumbre que nos plantean las políticas públicas que el próximo gobierno de los Estados Unidos ha ido señalando a través de su presidente electo.
Hoy más que nunca nuestra principal fortaleza, que se encuentra en las familias que conformamos el pueblo mexicano, se pone a prueba para permitirnos crecer en nuestro desarrollo integral con los grandes principios, valores y unión que nos caracterizan como país libre y soberano, y que hemos demostrado en los momentos adversos de nuestra biografía nacional.
A lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de crear instituciones democráticas sólidas que tienen por fundamento nuestra identidad nacional, y en muchos casos son referente internacional. Nuestro desafío actual está en respetarlas, defenderlas y vigorizarlas como parte indiscutible de nuestro patrimonio nacional.
Para ningún gobierno del mundo es fácil tomar medidas responsables y oportunas, decisiones de Estado, que en un momento determinado pudieran ser impopulares pero que involucran equilibrios en las finanzas públicas y en la distribución de costos sociales con un amplio sentido de solidaridad social. Sin duda, estas acciones merman los índices de confianza necesarios para una gobernabilidad sana, sin embargo el interés supremo de la Nación debe ser guía permanente de quien dirige los destinos de nuestro país.
Este es el caso del reciente aumento de las gasolinas y el diésel. ¿Por qué el Ejecutivo de la Nación tomó esta decisión que de suyo es impopular? Veamos.
Durante 2016 la gasolina incrementó sus precios primordialmente debido a dos factores que fueron el alza internacional en los precios del petróleo y la volatilidad financiera internacional que ha llevado a la paridad peso-dólar a incrementarse en el orden de un 41%.
Tomemos el ejemplo de noviembre pasado.
En nuestro país se vendieron 828 mil barriles diarios de gasolina automotriz, de los cuales se produjeron en México 254 mil, lo cual nos indica que importamos alrededor del 70% de los hidrocarburos que consumimos. El incremento real al consumidor en 2016, debido al subsidio del precio de la gasolina fue del 3% razón por la cual cerca de 200 mil millones de pesos fueron subsidiados con recursos públicos de todos los mexicanos para mantener ese precio artificial.
¿Quiénes fueron los beneficiaros de este subsidio? El 30% de las familias mexicanas de mayor poder adquisitivo consumen en su conjunto el 70% del combustible, es decir, de cada peso que subsidia el Estado Mexicano, 70 centavos se entregan a los hogares que tienen una situación de mayor privilegio y 30 centavos a los más pobres que realmente lo necesitan. Resulta evidente que no se puede subsidiar igual a quien utiliza el diésel para movilizar un yate de esparcimiento personal que a quien lo requiere para llenar el tanque de un tractor y labrar la tierra.
Tan sólo por mencionar unos datos comparativos: los 200 mil millones de pesos destinados al subsidio de las gasolinas representan el doble de lo que le dedicamos al Programa Prospera que beneficia a casi 7 millones de familias y es cien veces más de lo que cuesta abastecer de leche a los 10 millones de niñas y niños más pobres de todo nuestro país. A todas luces ese subsidio no resulta justo.
El discurso malicioso y populista que argumentan algunas fuerzas políticas en el sentido de que la administración actual aumentó el precio de las gasolinas como una vía para cobrar más impuestos es también falso. El incremento no significa mayores ingresos para la federación, recordemos que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el que se grava la gasolina, nutre bolsas tan importantes como los fondos participables a los estados y en especial a las diez entidades con más alta marginación en el país para apoyarlas a solventar el rezago social que presentan. Obras de infraestructura como caminos, alcantarillados, escuelas, vivienda, etcétera se solventan por esta vía. Suena bonito, y desde luego populista, decir con gran irresponsabilidad que se elimine el IEPS, pero ¿de dónde va a obtener la federación los 300 mil millones de pesos que destina para esos objetivos?  
Desde luego estamos en contra de los aumentos que impactan la economía cuando en ellos no hay sustento, pero tampoco podemos caer en un debate simplista y con matices de populismo cuando se esgrimen razones. Sin duda, el alza a los precios de las gasolinas es un problema que debemos atender con otras medidas complementarias que ayuden a paliar sus efectos sobre las economías familiares, la competitividad de las empresas nacionales y las variables macroeconómicas, como ya lo anunció el Presidente de la República. Las alternativas pueden ser mayores créditos productivos, mejores políticas de movilidad colectiva, convertir a gas natural el transporte público, renovar parques vehiculares, aplicar todo el peso de la ley a los que roban hidrocarburos en el orden de 50 mil millones de pesos al año, o lo que sería ideal, hacer mayor uso de energías renovables, por mencionar algunas.
La manifestación de inconformidad y el debate son bien recibidos, pero lo que de ninguna manera es válido es aprovechar la coyuntura para generar violencia, la reprobamos enérgicamente, todos los mexicanos tenemos la obligación de conducirnos apegados a la ley sin afectar los derechos de terceros.
En el Partido Verde Ecologista de México apoyamos el debate de alternativas y no las posturas populistas que agravarían aún más el rezago social. Buscamos soluciones en beneficio de todos, pero no aprobamos posturas simplistas, sin argumentos ni propuestas, que generan graves distorsiones sociales. México necesita acciones con visión de Estado.

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