Ciudad de México.- El secretario de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano), impulsa una iniciativa que plantea expedir la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas, a fin de coadyuvar en la identificación y paradero de personas desaparecidas, fallecidas o de las que se presuma que hayan sido objeto de sustracción o alteración de su identidad, así como para resolver investigaciones de tipo criminal.
La propuesta también busca almacenar la base de datos de servidores públicos que formen parte de las dependencias federales, estatales y municipales de seguridad pública, y crear un organismo que proteja la intimidad de la persona, para evitar violaciones en los derechos humanos.
En su iniciativa, Sánchez Orozco refirió que muchos países han aplicado los exámenes de ADN como auxiliar en las investigaciones de tipo criminal, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, naciones que desde la década de los noventa poseen normas regulatorias sobre la utilización de las pruebas genéticas para resolver hechos delictivos.
Añadió que los datos que se obtienen a partir de los exámenes genéticos, pueden ser una herramienta indispensable para la investigación criminal; por ello, estimó, es necesario que el país cuente con un marco regulatorio sobre el manejo de la información genética.
Resaltó que actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) y sus equivalentes en las entidades federativas recaban material genético de manera recurrente, sin que exista una regulación clara y concreta sobre los límites en la recolección, en la utilización y en la transferencia de dicha información.
El legislador informó que hoy en día esta dependencia administra una base de datos genéticos, a través de su “Laboratorio de Genética Forense”, en el cual se tienen alrededor de 30 mil perfiles genéticos.
Sin embargo consideró que el país debe contar con una ley que garantice la protección de la intimidad de los individuos y estipular especificaciones concretas de cómo adquirir, administrar o transferir las muestras, y cómo vincularlas con una averiguación previa o con un juicio penal.
Detalló que el Banco Nacional de Huellas Genéticas estaría dividido en evidencias, víctimas, finados, desaparecidos, imputados, procesados, sentenciados y de personal policial y técnico de seguridad pública.
Comentó que este organismo sería dirigido por una persona de nacionalidad mexicana, mayor de 30 años, con amplios conocimientos en materia de muestras biológicas y genéticas, el cual deberá ser nombrado por el Senado de la República de una terna remitida por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por mayoría calificada de sus integrantes, y duraría en su encargo durante cinco años con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.
Mencionó que de aprobarse esta ley se lograría tener una base de datos nacional en materia de Huellas Genéticas, lo que coadyuvaría a esclarecer casos criminales y desaparición de personas, ya que todas las entidades federativas y la Federación compartirían y nutrirían el banco de datos.
Además, indicó, se daría un paso a la modernización y en contra de la impunidad en el sistema de justicia mexicano, concluyó.
La propuesta también busca almacenar la base de datos de servidores públicos que formen parte de las dependencias federales, estatales y municipales de seguridad pública, y crear un organismo que proteja la intimidad de la persona, para evitar violaciones en los derechos humanos.
En su iniciativa, Sánchez Orozco refirió que muchos países han aplicado los exámenes de ADN como auxiliar en las investigaciones de tipo criminal, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, naciones que desde la década de los noventa poseen normas regulatorias sobre la utilización de las pruebas genéticas para resolver hechos delictivos.
Añadió que los datos que se obtienen a partir de los exámenes genéticos, pueden ser una herramienta indispensable para la investigación criminal; por ello, estimó, es necesario que el país cuente con un marco regulatorio sobre el manejo de la información genética.
Resaltó que actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) y sus equivalentes en las entidades federativas recaban material genético de manera recurrente, sin que exista una regulación clara y concreta sobre los límites en la recolección, en la utilización y en la transferencia de dicha información.
El legislador informó que hoy en día esta dependencia administra una base de datos genéticos, a través de su “Laboratorio de Genética Forense”, en el cual se tienen alrededor de 30 mil perfiles genéticos.
Sin embargo consideró que el país debe contar con una ley que garantice la protección de la intimidad de los individuos y estipular especificaciones concretas de cómo adquirir, administrar o transferir las muestras, y cómo vincularlas con una averiguación previa o con un juicio penal.
Detalló que el Banco Nacional de Huellas Genéticas estaría dividido en evidencias, víctimas, finados, desaparecidos, imputados, procesados, sentenciados y de personal policial y técnico de seguridad pública.
Comentó que este organismo sería dirigido por una persona de nacionalidad mexicana, mayor de 30 años, con amplios conocimientos en materia de muestras biológicas y genéticas, el cual deberá ser nombrado por el Senado de la República de una terna remitida por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por mayoría calificada de sus integrantes, y duraría en su encargo durante cinco años con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.
Mencionó que de aprobarse esta ley se lograría tener una base de datos nacional en materia de Huellas Genéticas, lo que coadyuvaría a esclarecer casos criminales y desaparición de personas, ya que todas las entidades federativas y la Federación compartirían y nutrirían el banco de datos.
Además, indicó, se daría un paso a la modernización y en contra de la impunidad en el sistema de justicia mexicano, concluyó.
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