Xalapa, Ver.- La evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, adquirió bienes inmuebles por 42 millones, 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones, 773 mil pesos en el mismo periodo.
Ello, fue fundamental para que se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.
Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta- fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito, Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos.
Verónica Portillo Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos contra Arturo Bermúdez el pasado 2 de febrero.
En el documento señala al calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.
La prisión preventiva de ocho meses sin derecho a fianza que dictó la Fiscal quedó fortalecida por una vinculación a proceso establecida en noviembre pasado, por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En ella la juez de Control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.
Desde la madrugada del sábado Bermúdez Zurita duerme de forma aislada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el llamado Pueblo Mágico de Coatepec, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.Ello, fue fundamental para que se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.
Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta- fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito, Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos.
Verónica Portillo Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos contra Arturo Bermúdez el pasado 2 de febrero.
En el documento señala al calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.
La prisión preventiva de ocho meses sin derecho a fianza que dictó la Fiscal quedó fortalecida por una vinculación a proceso establecida en noviembre pasado, por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En ella la juez de Control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.
Empleados de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) confirmaron a este reportero que Bermúdez se encuentra aislado, que ha expresado miedo por ingresar con el resto de la población carcelaria y que los únicos privilegios de los que ha gozado es que le permiten ingresar su propia comida, así como sábanas y cobijas limpias de su propiedad.
“Capitán Tormenta”, criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que vivieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana.
Con la filtración de una foto ya interno en el penal de Pacho Viejo, donde se le observa con la mirada ofuscada y el ceño fruncido, ataviado con una camiseta naranja similar a la que usan los empacadores en Chedraui, no faltó quien hiciera un fotomontaje como si el exjefe policiaco fuera un “cerillo” de supermercado.
Riqueza súbita
En el oficio número 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez se aclara que su declaración patrimonial solo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.
Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que al término del 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registro cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.
Entre los bienes de Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México.
Con cuatro días cumplidos en prisión, Arturo Bermúdez Zurita se convierte en el segundo exfuncionario del gobierno de Javier Duarte ingresado a prisión, solo que el anterior, Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular apenas duró once días tras las rejas, pues obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación para que se le “suspendiera” la prisión preventiva.
El caso de Arturo Bermúdez es distinto, pues además del desvió de recursos que la ha señalado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se encuentra la acusación por enriquecimiento ilícito que le endilga la Fiscalía General del Estado, más el abuso de autoridad y tráfico de influencias en materia de seguridad. A ello se agrega que colectivos de personas desaparecidas lo incriminan como el principal responsable de desapariciones forzadas en el Estado.
Cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregadas a este reportero vía transparencia indican que 17 de cada 100 desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz, cifra por encima de entidades considerada violentas como Guerrero y Tamaulipas.
Proceso
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