El peligro de ser juez; cerca de 5% recibe seguridad especial

Ciudad de México.- Un cinco por ciento de los juzgadores federales del país han recibido seguridad especial ante el peligro que perciben debido a su labor de impartir justicia, principalmente en los estados de Nuevo León, Estado de México, Jalisco y la propia Ciudad de México.
Y es que de los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo el territorio nacional, 79 de ellos solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) formar parte de los protocolos de seguridad, por lo que cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano con ellos.
Esto, además del servicio de escolta y automóviles blindados que se otorga a los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los consejeros que forman parte del CJF.
Excélsior solicitó mediante el derecho de acceso a la información conocer los detalles de los protocolos usados para la protección de los impartidores de justicia; sin embargo, la petición fue negada por razones de seguridad para los propios beneficiados.

Será en las próximas semanas cuando el CJF enviará un total de 70 camionetas blindadas, modelo 2017, para jueces y magistrados, que así lo solicitaron, tras considerar que corren algún tipo de riesgo al desempeñar su labor.
De acuerdo con fuentes del PJF durante 2016, año en que fue asesinado un juez federal mientras se ejercitaba, fueron rechazadas seis solicitudes de medidas de seguridad a juzgadores de distrito y fueron finalizados 40 programas de vehículos blindados al tiempo que “algunos servicios de escolta dejaron de prestarse”.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación ha destinado más de 200 millones de pesos en mecanismos de seguridad y servicios de vigilancia en cada uno de los centros de impartición de justicia de todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la integridad de los trabajadores, así como de quienes visitan los juzgados y tribunales del país.
Además, para garantizar la protección de los juzgadores, ya sea jueces de distrito o magistrados de circuito, consejeros y ministros, cuentan con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las entidades de la República.
Sumado a esto, todas las instalaciones pertenecientes al CJF cuentan con personal de seguridad contratado exclusivamente para este aspecto y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado.
Para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, tanto privada como la prestada por los gobiernos estatales, se han utilizado alrededor de 188 millones de pesos, según datos del propio Consejo.
Según los contratos realizados para el ejercicio fiscal 2016 con diversas empresas dedicadas a la seguridad en las entidades federativas, estos servicios se prestan únicamente en juzgados, tribunales y edificios del CJF, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con un documento oficial de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, cuya copia posee Excélsior, se han erogado un total de 20 millones 759 mil 397 pesos de mecanismos de seguridad para los Centros de Justicia Penal de todo el territorio nacional.
Según el informe, entregado al pleno del Consejo de la Judicatura en noviembre pasado, las entidades del país que más recibieron recursos para destinarlos a aspectos relacionados con la seguridad son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas.
Precisamente de acuerdo con  información del PJF en el Consejo de la Judicatura Federal se quitó de la lista de servidores públicos los nombres y datos de los currículms de los jueces en materia penal, “porque hay una vivencia de situación de riesgo que los hace en alguna medida susceptibles de sufrir agresiones de cualquier naturaleza”.
La preocupación por la integridad de los impartidores de justicia en México comenzó a demostrarse públicamente a finales de 2012 por el entonces presidente de la Corte y de la Judicatura, Juan Silva Meza, quien destacó la complejidad del trabajo como juzgador ante el panorama de inseguridad y violencia que permeaba en el país.
“El trabajo de los jueces sí, en este tiempo, es muy complicado. Es muy complicado por las situaciones que se presentan en el país: la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, están presentes, esos son hechos reales, son hechos ciertos”, expuso Silva.
Incluso detalló que al 5 de noviembre de 2012 había asuntos de seguridad tan graves dentro del Poder Judicial que eran también discutidos por los ministros de la SCJN, “algo nunca visto en los últimos años, cuando menos, que los jueces tuvieran mayor protección, más allá de su ángel de la guarda”.
Asesinados
El más reciente caso de un juzgador asesinado fue el de Vicente Bermúdez en Metepec, Estado de México, quien fue ultimado mientras hacía ejercicio en los alrededores de su casa. Actualmente las investigaciones sobre su homicidio continúan en la Procuraduría General de la República (PGR).
Una década antes, el 18 de agosto de 2006, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Hilario Nieto Contreras fue asesinado en Toluca.
Casi cinco años antes, el 11 de noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa. En ambos casos la PGR asumió las indagatorias.
Estos casos llevaron incluso a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pusiera sobre la mesa el tema de los jueces sin rostro para proteger la integridad de los juzgadores que analizan asuntos delicados pero la propuesta quedó en el tintero.
Durante una sesión del pleno de la SCJN, en julio de 2012, se recordó que sobre este tema son paradigmáticos los ejemplos de Colombia y Perú, donde se implementaron varias medidas las cuales partieron desde un cambio de adscripción, hasta la famosa figura de los jueces sin rostro, pasando por asignarles custodia personal a él y a sus familiares para evitar presiones.
Protocolo iberoamericano
En marzo de 2014 el Consejo de la Judicatura Federal firmó, junto con otras diez naciones, el Protocolo Iberoamericano para la protección de juzgadores con el objetivo de garantizar la independencia del actuar de impartidor de justicia.
La justificación del protocolo resalta que un elemento a contrarrestar es el fenómeno del crimen organizado que, con el pertrecho de la ganancia ilícita ha logrado tener la capacidad de desafiar a los Estados y a sus representantes.
Ante esto, los integrantes de los poderes u órganos judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesarios esquemas más efectivos de seguridad y protección.
Dicho documento, coordinado por el propio CJF, establece líneas generales para que cada país pueda concretar de acuerdo con sus normas internas, las mejores condiciones de seguridad, libertad e independencia que garanticen una impartición de justicia libre de cualquier presión y amenazas.
Secuestrado, liberado y luego custodiado
En pleno apogeo de la guerra contra la delincuencia organizada un juez federal que preparaba la resolución a un caso que afectaría intereses del narcotráfico fue levantado la noche anterior a que dictara sentencia a un criminal.
A las pocas horas de su secuestro el juzgador fue liberado por sus captores con insistentes amenazas contra su integridad, así como las de su familia y bajo la condicionante de que al día siguiente debía dictar una sentencia a modo para beneficiar al acusado que sería presentado ante la justicia.
Al ser liberado el juez acudió de inmediato ante los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y les pidió apoyo asegurándoles que, acorde a su ética y a sus convicciones, dictaría la sentencia conforme a derecho diciendo: “yo voy y la dicto, nada más que me lleven”.
A la mañana siguiente, el juzgador acudió al juzgado federal escoltado por elementos del Ejército mexicano, resolvió el caso como lo tenía que resolver según su convicción y dictó sentencia condenatoria en contra del criminal. Los castrenses lo acompañaron en todo momento brindándole protección.
Ese mismo día el Consejo de la Judicatura Federal autorizó su cambio de adscripción y lo sacó del lugar en el que trabajaba ante la delicada situación que vivió y para garantizar su seguridad, así como la de su familia.
Y es que entre los protocolos de actuación al interior del CJF destaca que se deben tomar medidas como la reubicación de jueces o su cambio de adscripción a otra circunscripción territorial ante una situación de riesgo grave.
A raíz de éste y otros casos, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza confirmó, en 2012, la existencia en CJF de un mapa de riesgo, con el cual se identifican las regiones del país con mayor peligro para los jueces.