lunes, 31 de julio de 2017

Exigen a autoridades detener la devastación de bosques en la Sierra Tarahumara

Chihuahua, Chihuahua.- “Chihuahua tiene una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, de las cuales, casi la mitad son bosques de pino y encino y selva baja caducifolia que se encuentran ubicadas en la Sierra Madre Occidental. Esta superficie boscosa es considerada por Semarnat como área forestal aprovechable, pero también proporciona a las comunidades de la región y del estado agua en calidad y cantidad, captura de emisiones de carbono, genera oxígeno, amortigua el impacto de fenómenos naturales, regula el clima, protege la biodiversidad, es paisaje y recreación, pero sobre todo, sustenta la permanencia de la vida comunitaria de los pueblos indígenas que ahí habitan”, señalan.
Las ONG advierten que la consecuencia de dicha política que aumenta exponencialmente la autorización de permisos de aprovechamiento forestal, implicó que entre 2011 y 2016, en 23 municipios de Chihuahua ubicados en la Sierra Tarahumara, la Semarnat autorizara permisos por más de 12 millones de metros cúbicos: 60.28 por ciento más que en el sexenio anterior, durante el cual la deforestación en el estado alcanzó 31 mil hectáreas por año.
Las organizaciones dan a conocer que en 2016 la mayor producción forestal maderable de la zona se dio en los municipios de Guadalupe y Calvo (25.84 por ciento), Madera (18.25), Guachochi (13) y Balleza (7.84). A ese aumento autorizado se suma la tala ilegal, que según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), corresponde a un 30 por ciento de la superficie forestal que es explotada de manera legal.
A la devastación se le suman los incendios forestales, que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de enero a julio de 2017, ocurrieron 717 incendios en Chihuahua afectando 70 mil 283.79 hectáreas.
En el comunicado informan que entre 2005 y 2014 se presentaron 673 denuncias ante Profepa, la mayoría contra la tala registrada en Guadalupe y Calvo, pero las autoridades no consignaron ni sancionaron a los responsables.
Los registros de la Profepa indican que en 2016 se presentaron 26 denuncias por tala ilegal, de éstas, en sólo 12 se multó al responsable.
“Los incendios forestales se relacionan con la tala ilegal y el control regional por el crimen organizado, es el caso del municipio de Bocoyna, de acuerdo a la denuncia pública realizada por la Diócesis de la Tarahumara, el 1 de mayo de 2016”, agregan.
Además, una serie de demandas presentadas ante la Profepa, culminó con un expediente de hechos emitido por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (2005), en el que documentan las omisiones sistemáticas cometidas por la Profepa ante las denuncias presentadas.
A esa problemática forestal, se suma “la presencia del crimen organizado como una amenaza que se cruza con las ambiciosas metas del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el control autoritario de los aprovechamientos forestales”.
Quienes suscriben el pronunciamiento señalan:
En 2016, según la dirección Forestal de Desarrollo Rural 50 mil 490 camiones con madera en rollo pasaron por las casetas de inspección y vigilancia que tiene el gobierno del estado en diferentes puntos del estado, sin que durante ese año se haya encontrado ninguna irregularidad.
“Las dependencias federales y estatales abocadas a ello no han ejercido el mandato legal de prevención y combate a la extracción y tala clandestina, el ejercicio de funciones de inspección y vigilancia forestal, imponer medidas de seguridad y las sanciones a las infracciones que se cometan en material forestal.
“La política forestal vigente ha aumentado la brecha entre los que ganan por el aprovechamiento forestal y los que solo viven de la agricultura y la pequeña ganadería, la mayoría de éstos, integrantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara; es más evidente su exclusión, viven un contexto de violencia que aumenta cada día”.
En ningún caso, dicen, la Semarnat ha consultado a las comunidades indígenas antes de expedir permisos de aprovechamiento forestal sobre sus territorios, al contrario, la explotación forestal no ha significado beneficio alguno para las comunidades indígenas, que no tienen voz ni voto en las asambleas ejidales, aunque vivan dentro de ejidos y propiedades privadas.
Los demandantes exigen una revisión y evaluación de la política forestal en el país y especialmente en Chihuahua; la aplicación irrestricta de la ley, por encima de cualquier política de aumento de la productividad y la coordinación interinstitucional para la prevención y la persecución de los delitos forestales.
Además de la Diócesis de la Tarahumara, los firmantes son las comunidades y ejidos indígenas de Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna; ejido de Tewerichi, municipio de Carichí y Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi.
Asimismo, las organizaciones: Abogadas Demócratas, Alianza Sierra Madre, Awé Tibúame, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e indígenas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Complejo Asistencial Santa Teresita y Red por la Participación Ciudadana.
Proceso

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