Ciudad de México.- Diputados del PRD aseguraron que después de conseguir la revocación del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por tener vínculos con la delincuencia organizada, solicitarán que se investigue a sus servidores públicos y algunos de sus compañeros de partido, quienes han sido señalados como promotores de los mototaxis, tal es el caso del diputado Raymundo Martínez Vite.
Raúl Flores, diputado y presidente del partido del sol azteca, indicó que esperarán los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades federales para comenzar sus propias indagatorias y denunciar las irregularidades de los funcionarios de Salgado.
“Necesitamos que hayan avanzado las investigaciones en materia federal porque se tiene que determinar. Pero en el momento en que a él u otro diputado se le compruebe que utilizaron recursos públicos para la campaña, pues evidentemente tendría que procederse”, explicó el exdelegado de Coyoacán.
El perredista lamentó y repudió la cínica complicidad de las dirigencias de Morena al proteger, apoyar y justificar los actos y omisiones con los que Rigoberto Salgado Vázquez contribuyó a sembrar la desesperación y el miedo en los habitantes de Tláhuac.
Además pidió a los morenistas que dejen de hacerse las víctimas ya que “en esta ocasión son ellos los victimarios de la sociedad” por todo lo que está sucediendo y porque Salgado no ha podido comprobar su inocencia.
En tanto que Iván Texta refirió que en los próximos días comenzará a sesionar la Comisión Jurisdiccional, en donde se desahogarán las pruebas para determinar si salgado permanece en su cargo.
“La comisión empezará con los trabajos para la destitución de Salgado. De aprobarse su remoción sería un hecho histórico ya que nunca había pasado esto antes, debemos recordar el problema de Chíguil cuando lo del News Divine, pero este caso es diferente, por lo que se le está acusando es muy grave”, comentó el perredista.
La destitución se dará con base en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual señala que una de las causas de remoción de un jefe delegacional es por violaciones sistemáticas a la Constitución, al Estatuto o a las leyes federales y del Distrito Federal o en su caso por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública.
Raúl Flores, diputado y presidente del partido del sol azteca, indicó que esperarán los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades federales para comenzar sus propias indagatorias y denunciar las irregularidades de los funcionarios de Salgado.
“Necesitamos que hayan avanzado las investigaciones en materia federal porque se tiene que determinar. Pero en el momento en que a él u otro diputado se le compruebe que utilizaron recursos públicos para la campaña, pues evidentemente tendría que procederse”, explicó el exdelegado de Coyoacán.
El perredista lamentó y repudió la cínica complicidad de las dirigencias de Morena al proteger, apoyar y justificar los actos y omisiones con los que Rigoberto Salgado Vázquez contribuyó a sembrar la desesperación y el miedo en los habitantes de Tláhuac.
Además pidió a los morenistas que dejen de hacerse las víctimas ya que “en esta ocasión son ellos los victimarios de la sociedad” por todo lo que está sucediendo y porque Salgado no ha podido comprobar su inocencia.
En tanto que Iván Texta refirió que en los próximos días comenzará a sesionar la Comisión Jurisdiccional, en donde se desahogarán las pruebas para determinar si salgado permanece en su cargo.
“La comisión empezará con los trabajos para la destitución de Salgado. De aprobarse su remoción sería un hecho histórico ya que nunca había pasado esto antes, debemos recordar el problema de Chíguil cuando lo del News Divine, pero este caso es diferente, por lo que se le está acusando es muy grave”, comentó el perredista.
La destitución se dará con base en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual señala que una de las causas de remoción de un jefe delegacional es por violaciones sistemáticas a la Constitución, al Estatuto o a las leyes federales y del Distrito Federal o en su caso por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública.
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