Ciudad de México.- “A mí me pesa más no tener más hijos que mi enfermedad”. “Me entero que estoy operada y no entiendo por qué, pero yo nunca quise eso”, narran mujeres que sufrieron esterilización forzada o bajo coerción porque son portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
A estas mujeres, originarias de México y Centroamérica, médicos las operaron sin su consentimiento para que no pudieran tener hijos o ejercieron presión para animarlas a tomar la decisión, porque son portadoras del virus.
Amelia 33 años, México; Miriam 22 años, Honduras, Marilú 34 años, Nicaragua; Elena 37 años, Nicaragua; Alicia 32 años, Honduras; Michelle 24 años, México, todas son víctimas de esta situación, pero no pueden salir a denunciarlo abiertamente, porque esconderse también es parte de la discriminación que viven.
“El hecho de que las mujeres no salgan a decir, yo tengo, yo soy, yo fui víctima de, no quiere decir que no existamos, existimos y somos muchas”, dice otra mujer en el video presentado por la organización Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC.
El video con los testimonios busca visibilizar este problema y es parte de la celebración internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
En los últimos años, los avances médicos han conseguido que ser portador del VIH no implica una muerte temprana como en los primeros años de la epidemia de contagios, cuando la esperanza de vida era de cinco años o menos.
Los nuevos tratamientos con antirretrovirales menos tóxicos, con menores efectos secundarios y más eficientes para prevenir la replicación del virus en el cuerpo, permiten a los pacientes vivir hasta 50 años más después de su diagnóstico igual que una persona sana.
Eso incluye, en el caso de las mujeres, la posibilidad de tener hijos con un bajísimo riesgo de contagio para el bebé.
En la corte perinatal francesa que evalúa la transmisión vertical (de madre a hijo), se documentó que ésta va de 0.9% (95/10,239) a 1.8% (9/514, P=0.06) dependiendo del antirretroviral que se usa. Es decir, el riesgo es de menos de 2%.
“Si los niños no salen infectados, por qué motivo ellos vienen y te dicen que los niños van a salir infectados y que para qué vas a seguir teniendo hijos”, dice una de las mujeres que da su testimonio.
Las mujeres portadoras tienen derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, señala la cartilla de Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o con sida, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el resto de los países de Centroamérica contemplados en el estudio de Balance existen regulaciones similares.
“De acuerdo con el marco internacional de derechos humanos que se debería cumplir, se les tendría que dar información y métodos anticonceptivos suficientes y adecuados, información y servicios médicos para interrumpir un embarazo no deseado, así como no ejercer coerción para obligarlas a que se realicen procedimientos de esterilización”, explica Jimena Ávalos, abogada consultora de Balance.
Sin embargo, la organización detectó varios casos de esterilización forzada o bajo coerción. Encontró que, del total de las 337 mujeres entrevistadas, 20 reportaron haber sido presionadas u obligadas para esterilizarse en México; 7 en Nicaragua; 6 en Honduras y 10 en El Salvador; entre estos casos se incluye desde la insistencia e intimidación hasta la esterilización forzada (de la que en México se encontraron 5 casos).
También se documentaron otros tipos de violaciones: solo 41% de las consultadas dijo haber recibido atención médica integral; 41% ha sufrido discriminación y 28% dice que ha sufrido problemas médicos o emocionales por no contar con los servicios integrales.
En México existen diversas formas para denunciar violaciones a los derechos humanos de mujeres con VIH.
Dependiendo del caso y la entidad, se puede interponer una queja ante la CNDH, una demanda de amparo ante juzgado federal, una reclamación por los daños a la persona (sean físicos o psicológicos) que deriven de una actividad irregular por parte de un personal del Estado (incluye al personal administrativo y médico de una clínica y hospital público), y también es posible interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público si lo que ocurrió es delito en la entidad.
Sin embargo, Balance reporta que hasta el momento no hay ningún caso en el que un médico haya recibido una sanción por haber cometido una violación a los derechos sexuales y reproductivos de una mujer con VIH.
“Es difícil llevar los casos a litigio, porque las mujeres no quieren denunciar. Aun cuando les damos garantías de resguardar su identidad no quieren arriesgarse a que en sus comunidades sepan que tienen VIH, porque incluso las familias suelen dejarles de hablar cuando lo saben. Lo otro que dificulta es que en los medios de defensa hay algunos con un tiempo muy corto”, explica la abogada.
Ávalos, agrega, que por ahora tienen un caso ya detectado que es susceptible de litigio y en el que la mujer está dispuesta a llevarlo adelante. “Está en proceso para conseguir que algún despacho lo litigue pro bono. Queremos pedir una reparación más amplia con este caso que sólo darle dinero a la víctima, buscamos otros medidas de reparación: reconocimiento, una disculpa pública y, sobre todo, capacitación para los funcionarios que atienden a las mujeres con VIH. Queremos un cambio institucional a partir del litigio de este caso”.
AP
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