Una raya más al tigre del abuso de poder y el uso arbitrario de la procuración de justicia en Veracruz. Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a los titulares de la Secretaría de Marina (Semar), del gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad personal y desaparición forzada de seis víctimas. Los hechos se registraron en diciembre de 2013, en una colonia del puerto de Veracruz,
donde se detuvo a las tres primeras víctimas tras un operativo de la SSP, la Semar y PGJ. “Sacaron de su casa a las víctimas, los revisaron y fueron subidas a los vehículos, llevándolos con rumbo desconocido”, señala la CNDH. El 11 de diciembre también de 2013, otras tres personas fueron detenidas en la misma colonia, de nuevo por un convoy de la PGJ, dos patrullas de la SSP y la Semar de las cuales una de ellas con número económico cubierto y dos camionetas tipo Suburban. De los vehículos descendieron hombres armados, encapuchados, con botas, algunos con chalecos antibalas con la leyenda “Policía”, quienes con lujo de violencia sometieron y subieron a las víctimas a los vehículos y se los llevaron con rumbo desconocido. La CNDH comprobó que las detenciones de las víctimas fueron arbitrarias, debido a que fueron practicadas sin contar con una orden judicial que justificara su actuación y sin que mediara flagrancia, siendo que la última vez que se tuvo registro de su paradero, fue precisamente cuando se encontraban retenidos por sus aprehensores. El organismo acreditó también que después de detener a las víctimas, los integrantes del convoy conversaron con elementos que estaban en patrullas de la Policía Naval; de igual forma, que los vehículos que participaron en la detención de las víctimas ingresaron y salieron de instalaciones de la SSP ubicadas en Boca del Río, Veracruz, escoltados por camionetas de la Policía Naval. De allí que la Recomendación 89VG/2023 de la CNDH sea por Violaciones Graves a derechos humanos y se emitió como una contribución al seguimiento de las Acciones Urgentes que sobre los presentes hechos emitió el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de los cuales en su parte medular se destacan el realizar un proceso de búsqueda integral y una investigación seria, exhaustiva e imparcial que permita establecer la suerte y paradero de las víctimas, tomando en consideración el contexto en que ocurrieron dichas desapariciones. El análisis lógico-jurídico de las evidencias acreditó las violaciones graves a los derechos humanos por la detención arbitraria -sin orden judicial-, ocultamiento y desaparición forzada de seis personas; al interés superior de la niñez de una víctima y una víctima indirecta, menores de edad en esa época; así como a la verdad e integridad personal de los familiares de las seis víctimas por elementos de la Marina, la SSP estatal y la entonces Procuraduría de Justicia de la entidad. En consecuencia, la CNDH solicitó al titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán; al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, colaborar en la inscripción de las seis víctimas en el Registro Nacional, así como registrar a 15 víctimas indirectas más y proceder a la inmediata reparación integral del daño de todos los agraviados incluidos en esta recomendación. Además, deberán coadyuvar en la presentación de la denuncia que el organismo nacional presente ante los órganos internos de control de la Semar, la SSP estatal y la Fiscalía de la entidad, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas de las personas señaladas. De igual forma, las tres instancias deberán, de manera coordinada, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones graves a los derechos humanos, a cargo de personas servidoras públicas de alto nivel de cada dependencia. Éstas por las violaciones a los derechos humanos a que se hacen referencia en este documento recomendatorio, e impartir un curso integral sobre las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dirigido al personal operativo de las tres instituciones. Así las cosas.
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