NEGOCIO LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
La suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años, pero el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.
Incluso en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas y el incremento de la clonación de tarjetas de crédito.
Esto va de la mano con el desarrollo acelerado de las tecnologías, lo que ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos y que sean aprovechados y utilizados con fines delictivos.
Desafortunadamente en el país no se cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y no se responsabilizan ni el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF).
En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF por posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos, y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.
Las consecuencias rebasan en muchos casos la pérdida económica del afectado, pues compromete su historia crediticia, prestigio y hasta su identidad social. luisayalaramos@yahoo.com.mx
La suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años, pero el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.
Incluso en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas y el incremento de la clonación de tarjetas de crédito.
Esto va de la mano con el desarrollo acelerado de las tecnologías, lo que ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos y que sean aprovechados y utilizados con fines delictivos.
Desafortunadamente en el país no se cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y no se responsabilizan ni el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF).
En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF por posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos, y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.
Las consecuencias rebasan en muchos casos la pérdida económica del afectado, pues compromete su historia crediticia, prestigio y hasta su identidad social. luisayalaramos@yahoo.com.mx
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