México, D.F.- A fin de fortalecer el marco jurídico de México en materia de derechos de niños y adolescentes, legisladores y especialistas se reunieron para analizar la ratificación del Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Dicho protocolo contempla permitir a los niños y sus representantes denunciar directamente ante el Comité de Derechos del Niño la violación de éstos por parte del Estado.
Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, afirmó que una de las mayores aportaciones de la Convención es que se reconoce la obligación del Estado de proporcionar atención especial a los menores de edad, de acuerdo a sus necesidades y características específicas.
En este marco, destacó las medidas que se han emprendido en el ámbito legislativo para dar efectividad a los derechos reconocidos en ese documento, aunque reconoció que ese sector, que representa más del 35 por ciento de la población, continúa enfrentando diversos problemas que ponen en riesgo su adecuado desarrollo.
Por ello, llamó a redoblar los esfuerzos para fortalecer los mecanismos existentes y diseñar nuevas estrategias acordes al Tercer Protocolo a fin de que los niños y adolescentes puedan alzar la voz y “sean escuchados en la exigencia de que sus derechos sean garantizados”.
En este marco, la legisladora dio a conocer que actualmente en el Congreso de la Unión se diseña una nueva ley en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de la mano de especialistas, organismos internacionales y sociedad civil.
Flores Escalera resaltó que esta ley cobra urgencia dado que el próximo año México será sede del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el marco de la celebración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su vez Wanderlino Nogueira, del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que con el protocolo facultativo ese organismo tendrá la oportunidad de escuchar la voz y conocer la realidad de los niños sin la mediación del Estado.
Consideró que México necesita crear un marco de protección e impulso a los derechos de los niños y adolescentes, que vaya más allá de un sistema operacional y consista en un sistema de articulación para promover “una inclusión más perfecta y eficiente de los vulnerables”.
De su lado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el Senado ha solicitado al titular del Ejecutivo Federal enviar el protocolo en cuestión para su ratificación.
Lo anterior para que, junto con los otros protocolos que ya forman parte del marco jurídico mexicano y los diversos ordenamientos internacionales que México ha suscrito, se constituya una doctrina de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto dijo que México debe cumplir con su responsabilidad vinculante de hacer realidad cada uno de los preceptos de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, coincidió en que la legislación mexicana ha avanzado al reconocer el interés superior de la niñez como un principio rector que debe estar presente en todo ordenamiento y política pública.
Sin embargo, enfatizó que es necesario que México dé un paso adelante y estudie y analice el protocolo facultativo relativo a las comunicaciones para robustecer su aparato legal en la materia.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, dijo que el protocolo es un gran avance en el marco internacional, pues busca construir nuevas perspectivas sobre este sector mediante la promoción del interés superior del niño, la participación y la no discriminación.
Por su parte, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, psicólogo Juan Martín Pérez García, consideró que la ratificación del Tercer Protocolo sería un mensaje político muy importante sobre el compromiso de México para remontar el rezago que tiene la materia.
En la reunión también estuvieron presentes Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y la directora de gestión de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar.
Dicho protocolo contempla permitir a los niños y sus representantes denunciar directamente ante el Comité de Derechos del Niño la violación de éstos por parte del Estado.
Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, afirmó que una de las mayores aportaciones de la Convención es que se reconoce la obligación del Estado de proporcionar atención especial a los menores de edad, de acuerdo a sus necesidades y características específicas.
En este marco, destacó las medidas que se han emprendido en el ámbito legislativo para dar efectividad a los derechos reconocidos en ese documento, aunque reconoció que ese sector, que representa más del 35 por ciento de la población, continúa enfrentando diversos problemas que ponen en riesgo su adecuado desarrollo.
Por ello, llamó a redoblar los esfuerzos para fortalecer los mecanismos existentes y diseñar nuevas estrategias acordes al Tercer Protocolo a fin de que los niños y adolescentes puedan alzar la voz y “sean escuchados en la exigencia de que sus derechos sean garantizados”.
En este marco, la legisladora dio a conocer que actualmente en el Congreso de la Unión se diseña una nueva ley en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de la mano de especialistas, organismos internacionales y sociedad civil.
Flores Escalera resaltó que esta ley cobra urgencia dado que el próximo año México será sede del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el marco de la celebración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su vez Wanderlino Nogueira, del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que con el protocolo facultativo ese organismo tendrá la oportunidad de escuchar la voz y conocer la realidad de los niños sin la mediación del Estado.
Consideró que México necesita crear un marco de protección e impulso a los derechos de los niños y adolescentes, que vaya más allá de un sistema operacional y consista en un sistema de articulación para promover “una inclusión más perfecta y eficiente de los vulnerables”.
De su lado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el Senado ha solicitado al titular del Ejecutivo Federal enviar el protocolo en cuestión para su ratificación.
Lo anterior para que, junto con los otros protocolos que ya forman parte del marco jurídico mexicano y los diversos ordenamientos internacionales que México ha suscrito, se constituya una doctrina de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto dijo que México debe cumplir con su responsabilidad vinculante de hacer realidad cada uno de los preceptos de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, coincidió en que la legislación mexicana ha avanzado al reconocer el interés superior de la niñez como un principio rector que debe estar presente en todo ordenamiento y política pública.
Sin embargo, enfatizó que es necesario que México dé un paso adelante y estudie y analice el protocolo facultativo relativo a las comunicaciones para robustecer su aparato legal en la materia.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, dijo que el protocolo es un gran avance en el marco internacional, pues busca construir nuevas perspectivas sobre este sector mediante la promoción del interés superior del niño, la participación y la no discriminación.
Por su parte, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, psicólogo Juan Martín Pérez García, consideró que la ratificación del Tercer Protocolo sería un mensaje político muy importante sobre el compromiso de México para remontar el rezago que tiene la materia.
En la reunión también estuvieron presentes Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y la directora de gestión de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar.
Notimex
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