Toluca, Méx.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas repartió culpas en materia de seguridad al hacer público un llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública, pues aseguró que la Constitución Política obliga a las tres órdenes de gobierno a trabajar para combatir a la delincuencia.
En ese sentido los instó a cesar a aquellos elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.
Por otro lado anunció que envío a la Legislatura local una iniciativa de ley para adicionar al artículo 166 BIS del Código Penal del Estado de México, sanciones de seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los Centros Preventivos y de Readaptación Social.
Además, castigos de 8 a 13 años de cárcel para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica, y solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento, con el objetivo de combatir la extorsión.
reconoció que este delito es el segundo que se reporta con más frecuencia en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Estado de México ocupó en enero de 2014, el octavo lugar entre las entidades en donde más se comete este flagelo, tomando en cuenta la incidencia por cada cien mil habitantes.
En ese sentido los instó a cesar a aquellos elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.
Por otro lado anunció que envío a la Legislatura local una iniciativa de ley para adicionar al artículo 166 BIS del Código Penal del Estado de México, sanciones de seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los Centros Preventivos y de Readaptación Social.
Además, castigos de 8 a 13 años de cárcel para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica, y solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento, con el objetivo de combatir la extorsión.
reconoció que este delito es el segundo que se reporta con más frecuencia en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Estado de México ocupó en enero de 2014, el octavo lugar entre las entidades en donde más se comete este flagelo, tomando en cuenta la incidencia por cada cien mil habitantes.
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