México.- El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, presentó la estrategia para atender el acoso escolar, la cual se basa en cinco ejes que van del reconocimiento del problema a la articulación de acciones.
Se dio a conocer que la estrategia utilizará la información que arroje la Encuesta de Cohesión Social que se efectuará en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 82 mil 250 viviendas de 47 localidades del país.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) consideró que no es conveniente satanizar a las escuelas, pues la violencia tiene diversos orígenes, como los contextos social y familiar, aunque reconoció que los centros educativos son un entorno privilegiado de protección, y sería un error pretender ocultar esa problemática.
Explicó que las premisas de las acciones que se enmarcan en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia son: reafirmar a la escuela como factor de protección en cuanto a espacio privilegiado que se tiene que mejorar.
Reconocer que la violencia es un síntoma de lo que pasa en el ambiente externo y refleja las problemáticas de violencia familiar y comunitaria.
Así como impulsar la mediación escolar como medio efectivo para la solución pacífica de los conflictos.
Generar mayor conocimiento del problema para lo que son necesarios más instrumentos de medición y evaluación.
El funcionario admitió que se tiene información poco actualizada sobre el tema, que no mide lo mismo en las distintas encuestas disponibles, por lo que subrayó que se debe tener información precisa sobre el tema para elaborar las políticas públicas.
Como quinta premisa expuso que es necesario implementar estrategias integrales que involucren a toda la comunidad educativa, entre estudiantes, maestros, directivos, padres de familia, pero también a la sociedad en general, los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y expertos.
Informó que se realizarán 13 mil 647 acciones en tres vertientes que fueron analizadas en una reunión con autoridades de las secretarías de Educación Pública y de Educación de los estados, que se aplicarán en los niveles estatal y municipal, con una inversión de 166 millones de pesos.
Agregó que dichas acciones, que tendrán impacto directo en la prevención de la violencia en el entorno escolar, pretenden asegurar atención integral y prevenir conductas violentas, fomentar los factores de protección, la formación en valores y derechos humanos, fomento a la cohesión familiar.
Campa Cifrián puntualizó que se promoverán mecanismos alternos de mediación y resolución de conflictos, capacitación en habilidades para la vida y prevenir la discriminación, así como diversos servicios como atención psicológica a niñas y niños.
También se diseñará un modelo preventivo que identifique a posibles agresores entre los estudiantes, abundó el funcionario de Gobernación.
Se dio a conocer que la estrategia utilizará la información que arroje la Encuesta de Cohesión Social que se efectuará en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 82 mil 250 viviendas de 47 localidades del país.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) consideró que no es conveniente satanizar a las escuelas, pues la violencia tiene diversos orígenes, como los contextos social y familiar, aunque reconoció que los centros educativos son un entorno privilegiado de protección, y sería un error pretender ocultar esa problemática.
Explicó que las premisas de las acciones que se enmarcan en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia son: reafirmar a la escuela como factor de protección en cuanto a espacio privilegiado que se tiene que mejorar.
Reconocer que la violencia es un síntoma de lo que pasa en el ambiente externo y refleja las problemáticas de violencia familiar y comunitaria.
Así como impulsar la mediación escolar como medio efectivo para la solución pacífica de los conflictos.
Generar mayor conocimiento del problema para lo que son necesarios más instrumentos de medición y evaluación.
El funcionario admitió que se tiene información poco actualizada sobre el tema, que no mide lo mismo en las distintas encuestas disponibles, por lo que subrayó que se debe tener información precisa sobre el tema para elaborar las políticas públicas.
Como quinta premisa expuso que es necesario implementar estrategias integrales que involucren a toda la comunidad educativa, entre estudiantes, maestros, directivos, padres de familia, pero también a la sociedad en general, los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y expertos.
Informó que se realizarán 13 mil 647 acciones en tres vertientes que fueron analizadas en una reunión con autoridades de las secretarías de Educación Pública y de Educación de los estados, que se aplicarán en los niveles estatal y municipal, con una inversión de 166 millones de pesos.
Agregó que dichas acciones, que tendrán impacto directo en la prevención de la violencia en el entorno escolar, pretenden asegurar atención integral y prevenir conductas violentas, fomentar los factores de protección, la formación en valores y derechos humanos, fomento a la cohesión familiar.
Campa Cifrián puntualizó que se promoverán mecanismos alternos de mediación y resolución de conflictos, capacitación en habilidades para la vida y prevenir la discriminación, así como diversos servicios como atención psicológica a niñas y niños.
También se diseñará un modelo preventivo que identifique a posibles agresores entre los estudiantes, abundó el funcionario de Gobernación.
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