Luis Ayala Ramos
Toluca, Méx.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de México, Octavio Martínez Vargas, demando la salida del Ejército de las calles de esta entidad por falta de resultados, pues no han detenido a ningún narcotraficante ni desmantelado ninguna banda peligrosa desde su incursión, por el contrario, añadió, han participado en hechos reprobables como el fusilamiento en Tlatlaya.
El diputado advirtió que ya es insostenible la versión oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, cuando se aseguró que la muerte de 22 presuntos delincuentes se desprendió de un enfrentamiento entre la Milicia y los criminales.
La aparición de una sobreviviente, su denuncia pública, el calificativo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) de este hecho como “la peor masacre de civiles del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto”, la falta de detalles sobre balística y tipo de arma en los certificados de defunción, e incluso la recomendación de Estados Unidos, expuso, exigen una investigación inmediata, sanciones y resultados.
Si se desea recuperar la credibilidad y legitimidad del Ejército en los operativos contra el crimen organizado y en defensa de la seguridad pública, manifestó, los participantes en el fusilamiento en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, deben ser juzgados, de entrada, por el delito de homicidio.
El juicio, indicó, debe ser encabezado por autoridades civiles, en virtud de que la Corte Militar suele ser condescendiente; y alcanzar a los mandos medios y superiores que operan la región, que si no estaban enterados del operativo al menos son responsables de la actuación de sus subordinados mientras se encuentran en activo.
Martínez Vargas exigió investigar y sancionar los intereses ocultos que motivaron el fusilamiento, pues no se puede descartar la pretensión de beneficiar a un bando contrario del crimen organizado, porque los testimonios respaldan que los militares llevaban la consigna de abatir a los jóvenes y hasta se dieron el lujo de usar guantes para evitar evidencias.
Finalmente, aclaró que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de “Julia”, la superviviente.
El diputado advirtió que ya es insostenible la versión oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, cuando se aseguró que la muerte de 22 presuntos delincuentes se desprendió de un enfrentamiento entre la Milicia y los criminales.
La aparición de una sobreviviente, su denuncia pública, el calificativo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) de este hecho como “la peor masacre de civiles del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto”, la falta de detalles sobre balística y tipo de arma en los certificados de defunción, e incluso la recomendación de Estados Unidos, expuso, exigen una investigación inmediata, sanciones y resultados.
Si se desea recuperar la credibilidad y legitimidad del Ejército en los operativos contra el crimen organizado y en defensa de la seguridad pública, manifestó, los participantes en el fusilamiento en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, deben ser juzgados, de entrada, por el delito de homicidio.
El juicio, indicó, debe ser encabezado por autoridades civiles, en virtud de que la Corte Militar suele ser condescendiente; y alcanzar a los mandos medios y superiores que operan la región, que si no estaban enterados del operativo al menos son responsables de la actuación de sus subordinados mientras se encuentran en activo.
Martínez Vargas exigió investigar y sancionar los intereses ocultos que motivaron el fusilamiento, pues no se puede descartar la pretensión de beneficiar a un bando contrario del crimen organizado, porque los testimonios respaldan que los militares llevaban la consigna de abatir a los jóvenes y hasta se dieron el lujo de usar guantes para evitar evidencias.
Finalmente, aclaró que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de “Julia”, la superviviente.
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