Estado de México.- El procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez negó dar a conocer quiénes y cuántos funcionarios son investigados por haber incurrido en diversas irregularidades, omisiones y delitos al realizar las primeras investigaciones del caso Tlatlaya, donde militares asesinaron a por lo menos 15 personas de las 22 que perdieron la vida en la comunidad de San Pedro Limón. Luego de dar a conocer el aseguramiento de dos grupos de secuestradores que operaban en el territorio estatal, Gómez Sánchez se mostró muy reservado al ser cuestionado sobre la recomendación 51/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que le señala y detalla al gobernador Eruviel Ávila Villegas los abusos y delitos que cometieron funcionarios de la Procuraduría.
La recomendación de la CNDH le pide al titular del Poder Ejecutivo Ávila Villegas indemnice a las tres mujeres sobrevivientes (dos actualmente recluidas en un penal) del asesinato perpetrado por los militares, así como de los abusos y actos delictivos realizados por funcionarios de la Procuraduría. "No quiero adelantar resultados de la investigación; esperemos a que el Ministerio Público deslinde responsabilidades.
Todos y cada uno de los hechos y de las imputaciones que se señalan en la recomendación de la CNDH serán materia de la investigación", precisó el procurador Alejandro Gómez. Aseguró que la institución que encabeza emprendió investigaciones contra funcionarios de la misma institución (vinculados directa e indirectamente al caso Tlatlaya) por presuntas irregularidades y delitos que habrían cometido contra las tres mujeres, entre los cuales están ataques sexuales, tres semanas antes de que se emitiera la recomendación. El procurador Gómez Sánchez se negó a establecer un plazo para concluir la investigación iniciada contra funcionarios y compañeros (mandos directivos) que habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
La recomendación de la CNDH le pide al titular del Poder Ejecutivo Ávila Villegas indemnice a las tres mujeres sobrevivientes (dos actualmente recluidas en un penal) del asesinato perpetrado por los militares, así como de los abusos y actos delictivos realizados por funcionarios de la Procuraduría. "No quiero adelantar resultados de la investigación; esperemos a que el Ministerio Público deslinde responsabilidades.
Todos y cada uno de los hechos y de las imputaciones que se señalan en la recomendación de la CNDH serán materia de la investigación", precisó el procurador Alejandro Gómez. Aseguró que la institución que encabeza emprendió investigaciones contra funcionarios de la misma institución (vinculados directa e indirectamente al caso Tlatlaya) por presuntas irregularidades y delitos que habrían cometido contra las tres mujeres, entre los cuales están ataques sexuales, tres semanas antes de que se emitiera la recomendación. El procurador Gómez Sánchez se negó a establecer un plazo para concluir la investigación iniciada contra funcionarios y compañeros (mandos directivos) que habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
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