Ciudad de México.- Las acciones más contundentes en torno a la equidad de género, en términos del impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía, y no sólo en la incorporación de “más mujeres” en la plantilla laboral de las instancias gubernamentales, han sido las del transporte público: vagones del metro, autobuses, secciones del metrobús y taxis rosas exclusivos para mujeres.
La extrema “rosización” del transporte público, además de volverse en un elemento de contraposición entre el sexo masculino y el femenino, distrae la atención de otros aspectos quizás más relevantes para la agenda política de la equidad de género. Uno de ellos es el de los derechos de las trabajadoras del hogar, un sector olvidado por el Estado y por la sociedad.
El trabajo doméstico en nuestro país es un mercado feminizado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, del 1, 581, 310 trabajadores domésticos remunerados que hay, el 95.4% son mujeres; el 9.4% es hablante de lengua indígena (149,000), y el 43.3% están casadas o en unión libre y tienen en promedio de dos a tres hijos.
Si bien la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997 incorporó la figura de régimen voluntario y permitió a los empleadores registrar a sus trabajadores del hogar, esto no ha tenido ningún impacto en la realidad. Sólo el 20.7% están afiliados al IMSS, mientras que el 29.4% tienen Seguro Popular y el 1.8% están incorporados al ISSSTE. Cabe destacar que del total de afiliados al IMSS, sólo el 19.9% son mujeres.
Muchas de estas mujeres dedican toda su vida productiva al trabajo del hogar, y en el mejor de los casos, trabajan con la misma familia, viven con ellos e incluso son consideradas como un miembro más. En estos casos, cuando llegan a enfermarse, la familia a veces se hace cargo de los gastos, pero siempre como un acto de generosidad y no tanto de responsabilidad.
Lo que en México es “voluntario”, en otros países es obligatorio, e incluso es causa de cárcel el no afiliar a los empleados del hogar a la seguridad social, como es el caso de Ecuador.
La iniciativa más reciente que contempló a este sector laboral, fue la modificación de la fecha de pago de la aportación para quienes sí tienen registrados a sus empleados, de anual a bimestral. Sin embargo, aquello está lejos de ser suficiente para lograr la inclusión de las trabajadoras del hogar en el sector formal.
Con base en las anteriores referencias, una reforma en este sentido podría ser positiva para las trabajadoras del hogar, siendo un paso muy importante de reivindicación de los derechos laborales de las mujeres.
La extrema “rosización” del transporte público, además de volverse en un elemento de contraposición entre el sexo masculino y el femenino, distrae la atención de otros aspectos quizás más relevantes para la agenda política de la equidad de género. Uno de ellos es el de los derechos de las trabajadoras del hogar, un sector olvidado por el Estado y por la sociedad.
El trabajo doméstico en nuestro país es un mercado feminizado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, del 1, 581, 310 trabajadores domésticos remunerados que hay, el 95.4% son mujeres; el 9.4% es hablante de lengua indígena (149,000), y el 43.3% están casadas o en unión libre y tienen en promedio de dos a tres hijos.
Si bien la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997 incorporó la figura de régimen voluntario y permitió a los empleadores registrar a sus trabajadores del hogar, esto no ha tenido ningún impacto en la realidad. Sólo el 20.7% están afiliados al IMSS, mientras que el 29.4% tienen Seguro Popular y el 1.8% están incorporados al ISSSTE. Cabe destacar que del total de afiliados al IMSS, sólo el 19.9% son mujeres.
Muchas de estas mujeres dedican toda su vida productiva al trabajo del hogar, y en el mejor de los casos, trabajan con la misma familia, viven con ellos e incluso son consideradas como un miembro más. En estos casos, cuando llegan a enfermarse, la familia a veces se hace cargo de los gastos, pero siempre como un acto de generosidad y no tanto de responsabilidad.
Lo que en México es “voluntario”, en otros países es obligatorio, e incluso es causa de cárcel el no afiliar a los empleados del hogar a la seguridad social, como es el caso de Ecuador.
La iniciativa más reciente que contempló a este sector laboral, fue la modificación de la fecha de pago de la aportación para quienes sí tienen registrados a sus empleados, de anual a bimestral. Sin embargo, aquello está lejos de ser suficiente para lograr la inclusión de las trabajadoras del hogar en el sector formal.
Con base en las anteriores referencias, una reforma en este sentido podría ser positiva para las trabajadoras del hogar, siendo un paso muy importante de reivindicación de los derechos laborales de las mujeres.
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