Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 15 votos a favor y una abstención de Movimiento Ciudadano, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Según un comunicado de prensa, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la instancia legislativa, apuntó que las modificaciones tienen como objetivo principal controlar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y los municipios.
En el documento se destaca que entre 2003 y 2013 las entidades federativas incrementaron su deuda en 1 por ciento del Producto Interno Bruto, encontrándose Coahuila, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz entre los estados que más aumentaron su deuda. En 2013, el saldo de la deuda local representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración. El dictamen establece que con esta reforma se otorga al Poder Legislativo la facultad de expedir una Ley General relativa a las normas de endeudamiento de los estados, municipios y el Distrito Federal.
Ese marco legislativo deberá establecer los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía; la inscripción de los empréstitos contratados en un Registro Público Único de Deuda Pública, y la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de las deudas. Así también, fijar las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad en la contratación de empréstitos y en el manejo que hagan de los recursos.
En el documento se destaca que entre 2003 y 2013 las entidades federativas incrementaron su deuda en 1 por ciento del Producto Interno Bruto, encontrándose Coahuila, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz entre los estados que más aumentaron su deuda. En 2013, el saldo de la deuda local representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración. El dictamen establece que con esta reforma se otorga al Poder Legislativo la facultad de expedir una Ley General relativa a las normas de endeudamiento de los estados, municipios y el Distrito Federal.
Ese marco legislativo deberá establecer los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía; la inscripción de los empréstitos contratados en un Registro Público Único de Deuda Pública, y la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de las deudas. Así también, fijar las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad en la contratación de empréstitos y en el manejo que hagan de los recursos.
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