Estado de México.- El Colegio de Abogados Penitenciarios del Valle de México y la Fundación Cultural Camino Rojo solicitarán a la Secretaría de Salud federal, la legalización del cultivo, consumo y traslado del peyote en el país, para el uso de los pueblos indígenas.
El presidente del colegio mexiquense, Heracleo Escobar Bernal, explicó que la Ley General de Salud considera que estas acciones son un delito, sin tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, quienes lo usan en sus ceremonias y con fines medicinales.
Argumentó que muchos indígenas son detenidos y procesados penalmente cuando intentan trasladar esta planta hacia sus centros ceremoniales, lo cual se pretende evitar, a través de la legalización del peyote, que es una planta medicinal que permite bajar el estrés y curar otras enfermedades.
"Queremos el cobijo del gobierno federal, a efecto de tener un permiso, debemos entender que ellos le dan un uso milenario, entonces el estado mexicano tienen la obligación de respetarlo", manifestó.
Adelantó que de no tener una respuesta favorable, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN).
Destacó que esta acción forma parte del convenio que recientemente firmaron el Colegio de Abogados mexiquense con los pueblos originarios del país y del extranjero, a través de la Fundación Cultural Camino Rojo y la Asociación Civil Keakari Iyarieta Wirikuta, para defender legalmente y de manera gratuita a los indígenas que requieran sus servicios.
El presidente del colegio mexiquense, Heracleo Escobar Bernal, explicó que la Ley General de Salud considera que estas acciones son un delito, sin tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, quienes lo usan en sus ceremonias y con fines medicinales.
Argumentó que muchos indígenas son detenidos y procesados penalmente cuando intentan trasladar esta planta hacia sus centros ceremoniales, lo cual se pretende evitar, a través de la legalización del peyote, que es una planta medicinal que permite bajar el estrés y curar otras enfermedades.
"Queremos el cobijo del gobierno federal, a efecto de tener un permiso, debemos entender que ellos le dan un uso milenario, entonces el estado mexicano tienen la obligación de respetarlo", manifestó.
Adelantó que de no tener una respuesta favorable, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN).
Destacó que esta acción forma parte del convenio que recientemente firmaron el Colegio de Abogados mexiquense con los pueblos originarios del país y del extranjero, a través de la Fundación Cultural Camino Rojo y la Asociación Civil Keakari Iyarieta Wirikuta, para defender legalmente y de manera gratuita a los indígenas que requieran sus servicios.
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