Estado de México.- Tras subrayar que los 125 municipios mexiquenses presentan quejas y denuncias por parte de los ciudadanos, el contralor de la Cámara de Diputados, Victorino Barrios Dávalos, precisó que hay seis ayuntamientos en el que presuntamente existe daño a la hacienda pública.
En entrevista, precisó que se investigan presuntos desvíos económicos, que van desde los 20 mil pesos hasta los dos millones.
Empero, aclaró que no puede determinar ni el monto económico, ni señalar a los presuntos culpables, ya que se está investigando.
También recordó que cuando se comprueba el desvío de fondos, primero se aplica una sanción resarcitoria y posteriormente -nosotros- una multa económica, que puede ser hasta por tres veces el monto.
Recordó que la Contraloría bajo su cargo investiga faltas administrativas, no delitos, pues éstos tienen características de ser penales.
Acerca de la posibilidad que una investigación de este tipo, impida a un candidato luchar por un puesto de elección popular, declaró que ley no observa que una sanción de tipo administrativo pudiera limitar los derechos político-electorales de un ciudadano, incluso en materia penal si no está sentenciado, tampoco puede impedírsele.
Con relación a las seis investigaciones pendientes sobre presuntos desvíos de recursos, aseveró que no hay una fecha límite para resolverlas.
Tenemos un año para poder cumplirlas, incluso se pueden resolver aun cuando ya hayan concluido los gobiernos municipales y hasta tres años después todavía se pueden aplicar las sanciones administrativas y económicas.
Con respecto al resto de las quejas, manifestó que hay municipios que tienen sólo una, mientras que otros llegan a sumar hasta 35, estos últimos por lo general son los municipios grandes.
"Hablamos que puede ser desde la molestia de un ciudadano o de un miembro del cabildo, hasta la denuncia por una auditoría y entonces es cuando nosotros vemos si hay daño a la hacienda pública", concluyó.
En entrevista, precisó que se investigan presuntos desvíos económicos, que van desde los 20 mil pesos hasta los dos millones.
Empero, aclaró que no puede determinar ni el monto económico, ni señalar a los presuntos culpables, ya que se está investigando.
También recordó que cuando se comprueba el desvío de fondos, primero se aplica una sanción resarcitoria y posteriormente -nosotros- una multa económica, que puede ser hasta por tres veces el monto.
Recordó que la Contraloría bajo su cargo investiga faltas administrativas, no delitos, pues éstos tienen características de ser penales.
Acerca de la posibilidad que una investigación de este tipo, impida a un candidato luchar por un puesto de elección popular, declaró que ley no observa que una sanción de tipo administrativo pudiera limitar los derechos político-electorales de un ciudadano, incluso en materia penal si no está sentenciado, tampoco puede impedírsele.
Con relación a las seis investigaciones pendientes sobre presuntos desvíos de recursos, aseveró que no hay una fecha límite para resolverlas.
Tenemos un año para poder cumplirlas, incluso se pueden resolver aun cuando ya hayan concluido los gobiernos municipales y hasta tres años después todavía se pueden aplicar las sanciones administrativas y económicas.
Con respecto al resto de las quejas, manifestó que hay municipios que tienen sólo una, mientras que otros llegan a sumar hasta 35, estos últimos por lo general son los municipios grandes.
"Hablamos que puede ser desde la molestia de un ciudadano o de un miembro del cabildo, hasta la denuncia por una auditoría y entonces es cuando nosotros vemos si hay daño a la hacienda pública", concluyó.
El Sol de Toluca
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