Edomex.- A poco más de nueve meses del homicidio de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, 10 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), fueron suspendidos e investigados.
José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México, confirmó que los servidores públicos investigados son ministeriales y personal del área de servicios periciales que fueron al lugar de los hechos en San Pedro Limón o quienes trabajaron con las tres presuntas víctimas que sobrevivieron a los hechos.
Entre las personas investigadas por la matanza de las 22 personas, no hay altos funcionarios de la PGJEM.
El funcionario estatal aclaró que la investigación del caso continúa y aún no han concluido por lo que el personal suspendido sólo fue separado para la investigación.
De acuerdo con el funcionario mexiquense, de las ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno estatal, hay seis o siete en curso de cumplimiento.
Dichas recomendaciones destacan que se violentaron las garantías individuales de dos víctimas que fueron detenidas, se manipuló la escena del crimen y se obstaculizó la investigación, entre otras anomalías.
Por lo que toca a la reparación del daño a las mujeres que según la CNDH fueron torturadas y agredidas sexualmente, Manzur Quiroga indicó que el gobierno de Eruviel Ávila ha conformado un fideicomiso para indemnizarlas.
Señaló que aunque desconoce el monto porque las estimaciones son de carácter internacional, la administración local está dispuesta a cumplir estrictamente con la suma que se determine.
José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México, confirmó que los servidores públicos investigados son ministeriales y personal del área de servicios periciales que fueron al lugar de los hechos en San Pedro Limón o quienes trabajaron con las tres presuntas víctimas que sobrevivieron a los hechos.
Entre las personas investigadas por la matanza de las 22 personas, no hay altos funcionarios de la PGJEM.
El funcionario estatal aclaró que la investigación del caso continúa y aún no han concluido por lo que el personal suspendido sólo fue separado para la investigación.
De acuerdo con el funcionario mexiquense, de las ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno estatal, hay seis o siete en curso de cumplimiento.
Dichas recomendaciones destacan que se violentaron las garantías individuales de dos víctimas que fueron detenidas, se manipuló la escena del crimen y se obstaculizó la investigación, entre otras anomalías.
Por lo que toca a la reparación del daño a las mujeres que según la CNDH fueron torturadas y agredidas sexualmente, Manzur Quiroga indicó que el gobierno de Eruviel Ávila ha conformado un fideicomiso para indemnizarlas.
Señaló que aunque desconoce el monto porque las estimaciones son de carácter internacional, la administración local está dispuesta a cumplir estrictamente con la suma que se determine.
Alfadiario
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