sábado, 11 de abril de 2015

Reforma a Ley Antilavado fortalecerá instituciones: Senado

Ciudad de México.- Organismos internacionales sitúan a México como un país en riesgo ante el lavado de dinero ya que, pese al importante esfuerzo del gobierno federal y de agencias internacionales, los indicadores de este delito no han logrado reducirse en los últimos años, refiere la investigación “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
La investigación refiere que el Senado aprobó, en octubre de 2012, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor el 17 de julio de 2013, con el fin de recabar elementos para investigar y perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita, y desarticular las estructuras financieras de organizaciones delictivas.
Sin embargo, ante el aumento en el número de denuncias, procesados y el monto de dinero incautado por lavado, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) ha hecho recomendaciones a México en esta materia.
En 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó a la PGR 87 denuncias por presunto lavado de dinero, el número más elevado de toda su existencia, es decir, tres más que en 2013. Reportó además que el año pasado se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013, cuando ocurrieron 75 mil 468 casos.
Algunos analistas refieren que en México se lavan diez mil millones de dólares al año. Entre los delitos asociados con este delito están: tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo, entre otros.
Además, la investigación del IBD encontró que en México existen algunas debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de clientes con actividades ilícitas; y quedan pendientes por resolver con el GAFI, como la atención de las 40 recomendaciones en materia de lavado de dinero y de otras nueve especiales en materia de financiamiento de terrorismo.
En ese sentido, senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en la sesión ordinaria del pasado 8 de abril una iniciativa para perfeccionar la Ley Antilavado, recapitula el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada.
Entre los cambios propuestos, está dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer requisitos de alta y registro en el sistema electrónico, que concentra los avisos de quienes realizan actividades vulnerables; y para recibir y administrar la información de los trámites.
Se propone reformar el artículo ocho, relativo a la celebración de convenios, para que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) acceda no sólo a la información contenida en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas, sino también al de las oficinas de catastro de los municipios.

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