México, D.F.- Durante el ejercicio de la LXII Legislatura, el Senado de la República desarrolló una intensa actividad legislativa para dar respuesta a diversas demandas de la ciudadanía y consolidarse como una institución que cumple.
Del 1 de septiembre de 2012 al 30 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores impulsó 21 reformas constitucionales: 12 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres remitidas a los congresos estatales, una enviada al Ejecutivo federal para su publicación y cinco turnadas a la Cámara de Diputados.
Entre ellas, destaca la enmienda constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Los legisladores aprobaron cambios a la Carta Magna con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública, consolidar un Sistema Nacional de Transparencia y otorgar nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Respaldaron la Reforma Educativa para mejorar la calidad de la enseñanza, evaluar el desempeño de los maestros, establecer un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial, y crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En materia energética, se reforzó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y se fortaleció la rectoría del Estado mexicano como propietario del petróleo y el gas, así como de la industria petrolera.
El Senado también aprobó cambios a la Constitución con los que las telecomunicaciones se consideran servicios públicos de interés general que deberá garantizar el Estado.
Del mismo modo, avaló la reforma política que crea el Instituto Nacional de Electoral, instaura la iniciativa ciudadana en materia legislativa, las consultas populares y la reelección de legisladores.
Además, se otorgó al Congreso la facultad para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como leyes en materia de desaparición forzada de personas, justicia penal para adolescentes, y elevó de 14 a 15 años la edad para trabajar de menores de edad.
Del 1 de septiembre de 2012 al 30 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores impulsó 21 reformas constitucionales: 12 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres remitidas a los congresos estatales, una enviada al Ejecutivo federal para su publicación y cinco turnadas a la Cámara de Diputados.
Entre ellas, destaca la enmienda constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Los legisladores aprobaron cambios a la Carta Magna con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública, consolidar un Sistema Nacional de Transparencia y otorgar nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Respaldaron la Reforma Educativa para mejorar la calidad de la enseñanza, evaluar el desempeño de los maestros, establecer un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial, y crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En materia energética, se reforzó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y se fortaleció la rectoría del Estado mexicano como propietario del petróleo y el gas, así como de la industria petrolera.
El Senado también aprobó cambios a la Constitución con los que las telecomunicaciones se consideran servicios públicos de interés general que deberá garantizar el Estado.
Del mismo modo, avaló la reforma política que crea el Instituto Nacional de Electoral, instaura la iniciativa ciudadana en materia legislativa, las consultas populares y la reelección de legisladores.
Además, se otorgó al Congreso la facultad para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como leyes en materia de desaparición forzada de personas, justicia penal para adolescentes, y elevó de 14 a 15 años la edad para trabajar de menores de edad.
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