POBREZA Y DESERCIÓN ESCOLAR
En México la deserción escolar del nivel medio superior alcanza 14.4 por ciento del estudiantado, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad y dar seguimiento a las causas que originan esa situación. Aun cuando esa cifra es dos por ciento menor que en 2005, no significa un logro, pues miles de jóvenes se ven obligados a abandonar la escuela para trabajar, en el mejor de los casos, o para delinquir cuando no logran conseguir un empleo.
En días recientes fue presentada una iniciativa de reformas al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer como prioritarios y de interés público, los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura educativa en nivel medio superior.
En la propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, se explica que en muchos casos, los jóvenes que abandonan la escuela son orillados a delinquir, en la búsqueda de recursos para solventar sus necesidades.
Los índices de adolescentes que no estudian ni trabajan van en aumento, y ello los hace vulnerables ante las nocivas consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa el país.
De no poner atención a esta problemática la juventud mexicana se convertirá en el principal caldo de cultivo que, eventualmente, habrá de nutrir la delincuencia organizada en México.
Lamentablemente no se cuenta con registros verosímiles ni hay seguimiento de los responsables de la educación media superior para saber el verdadero motivo por el que un alumno dejó de ir a la escuela, deteniendo sus estudios y su superación personal.
De ahí que el legislador Alejandro Rangel Segovia planteara la necesidad de impulsar convenios de instituciones de educación media superior, e incluso de empresas, con el Estado, para que la ausencia repentina de un joven se reporte de inmediato y las instancias gubernamentales den seguimiento al problema que orilló al abandono.
Destacó la importancia de que sea el Estado el que concurra a los domicilios de los jóvenes que desertan, para solucionar el problema por el que atraviesan y se reincorporen al estudio o el trabajo, a la mayor brevedad.
Se debe legislar responsablemente para generar mejores condiciones de desarrollo y atender los reclamos de este sector, que no encuentra oportunidades de estudio, de trabajo, ni actividades de sano esparcimiento.
Por difícil que sea la situación de México, es en los jóvenes en quienes debemos invertir tiempo y esfuerzo porque de ellos depende su futuro y el de nosotros como adultos mayores.
En México la deserción escolar del nivel medio superior alcanza 14.4 por ciento del estudiantado, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad y dar seguimiento a las causas que originan esa situación. Aun cuando esa cifra es dos por ciento menor que en 2005, no significa un logro, pues miles de jóvenes se ven obligados a abandonar la escuela para trabajar, en el mejor de los casos, o para delinquir cuando no logran conseguir un empleo.
En días recientes fue presentada una iniciativa de reformas al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer como prioritarios y de interés público, los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura educativa en nivel medio superior.
En la propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, se explica que en muchos casos, los jóvenes que abandonan la escuela son orillados a delinquir, en la búsqueda de recursos para solventar sus necesidades.
Los índices de adolescentes que no estudian ni trabajan van en aumento, y ello los hace vulnerables ante las nocivas consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa el país.
De no poner atención a esta problemática la juventud mexicana se convertirá en el principal caldo de cultivo que, eventualmente, habrá de nutrir la delincuencia organizada en México.
Lamentablemente no se cuenta con registros verosímiles ni hay seguimiento de los responsables de la educación media superior para saber el verdadero motivo por el que un alumno dejó de ir a la escuela, deteniendo sus estudios y su superación personal.
De ahí que el legislador Alejandro Rangel Segovia planteara la necesidad de impulsar convenios de instituciones de educación media superior, e incluso de empresas, con el Estado, para que la ausencia repentina de un joven se reporte de inmediato y las instancias gubernamentales den seguimiento al problema que orilló al abandono.
Destacó la importancia de que sea el Estado el que concurra a los domicilios de los jóvenes que desertan, para solucionar el problema por el que atraviesan y se reincorporen al estudio o el trabajo, a la mayor brevedad.
Se debe legislar responsablemente para generar mejores condiciones de desarrollo y atender los reclamos de este sector, que no encuentra oportunidades de estudio, de trabajo, ni actividades de sano esparcimiento.
Por difícil que sea la situación de México, es en los jóvenes en quienes debemos invertir tiempo y esfuerzo porque de ellos depende su futuro y el de nosotros como adultos mayores.
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