Ciudad de México.- El senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal, dijo que el servicio de taxis tradicionales responde a una regulación vigente y es injusto decir que este transporte no se renuevan o no usa tecnologías para modernizarse.
Para generar competencia, consideró, es fundamental que la reglamentación no tenga un enfoque contributivo, señaló al participar en el Diálogo “Nuevas tecnologías y movilidad: aplicación y regulación en ciudades y zonas metropolitanas”.
El legislador del PRD también se pronunció por una regulación más transparente “que se termine con el tráfico de concesiones de las placas como botín de pago de favores políticos”, o que no se vea al servicio de taxis como fuente de recaudación desde el gobierno, sino como una oportunidad para incentivar el desarrollo.
Delgado Carrillo comentó que junto con la senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, presentaron una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad, la cual se encuentra en análisis por parte de la Cámara de Diputados.
En su oportunidad, Rufino H. León Tovar, secretario de Movilidad del Distrito Federal, destacó que el gobierno responderá a los intereses de la gente, cuidando los de otros actores de la ciudad y de los taxistas y, de ser necesario, se buscará una regulación con piso parejo.
El funcionario señaló que se busca contar con un sistema integrado de transporte, una cultura de la movilidad con menos vehículos, la distribución eficiente de mercancías.
Roberto Remes Tello de Meneses, director de Ciudad Humana, consideró que el uso de las nuevas tecnologías de la información es de suma utilidad tanto en la movilidad individual como en el transporte público.
El director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bernardo Baranda, puntualizó que las tecnologías se debe utilizar a favor de la movilidad individual, pero teniendo una visión de ciudad y de los beneficios que puedan traer como sociedad.
Enfatizó que estas herramientas llegaron para cambiar la forma de desplazarse y se pronunció a favor de una política pública equilibrada y equitativa que beneficie a la ciudadanía en general.
Para generar competencia, consideró, es fundamental que la reglamentación no tenga un enfoque contributivo, señaló al participar en el Diálogo “Nuevas tecnologías y movilidad: aplicación y regulación en ciudades y zonas metropolitanas”.
El legislador del PRD también se pronunció por una regulación más transparente “que se termine con el tráfico de concesiones de las placas como botín de pago de favores políticos”, o que no se vea al servicio de taxis como fuente de recaudación desde el gobierno, sino como una oportunidad para incentivar el desarrollo.
Delgado Carrillo comentó que junto con la senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, presentaron una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad, la cual se encuentra en análisis por parte de la Cámara de Diputados.
En su oportunidad, Rufino H. León Tovar, secretario de Movilidad del Distrito Federal, destacó que el gobierno responderá a los intereses de la gente, cuidando los de otros actores de la ciudad y de los taxistas y, de ser necesario, se buscará una regulación con piso parejo.
El funcionario señaló que se busca contar con un sistema integrado de transporte, una cultura de la movilidad con menos vehículos, la distribución eficiente de mercancías.
Roberto Remes Tello de Meneses, director de Ciudad Humana, consideró que el uso de las nuevas tecnologías de la información es de suma utilidad tanto en la movilidad individual como en el transporte público.
El director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bernardo Baranda, puntualizó que las tecnologías se debe utilizar a favor de la movilidad individual, pero teniendo una visión de ciudad y de los beneficios que puedan traer como sociedad.
Enfatizó que estas herramientas llegaron para cambiar la forma de desplazarse y se pronunció a favor de una política pública equilibrada y equitativa que beneficie a la ciudadanía en general.
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