Ciudad de México.– Entre gran parte de los vecinos hay un fuerte rechazo, pero para las autoridades capitalinas el Corredor Cultural Chapultepec significa el rescate de 116 mil metros cuadrados, espacio que hay desde la calle de Lieja hasta la Glorieta de Insurgentes.
Grupo Invex será el encargado de la construcción del corredor, que fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero, yerno del multimillonario Carlos Slim, que también participa en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En un esquema de inversión privada, el Distrito Federal se convierte en socio, al donar sólo el espacio. Por esta razón se argumenta que el costo de la obra para los ciudadanos será de cero pesos.
El principal objetivo de la construcción, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 18 de agosto, es el de orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que mejore la infraestructura pública y propicie la equidad territorial, por lo que para el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Agencia para la Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) el panorama es positivo.
Este modelo de asociación público-privada, en palabras de Simón Levy Dabbah, Director general de PROCDMX, rompe con el esquema de concesión: el Estado participa como socio –al donar el espacio para “compartirlo temporalmente” (por 40 años)– con el sector privado que aporta la totalidad de los recursos y genera ingresos, de los cuales el 5 por ciento será para la ciudad y el 95 para la empresa constructora, en este caso Grupo Invex.
Para vecinos y urbanistas, el Corredor Cultural representa todo lo contrario. Colocar una infraestructura de concreto sobre la calle y entre edificios no traerá beneficios generalizados, incluso lo definen como un centro comercial al aire libre o la privatización del espacio público.
“El espacio público, que es el que construye ciudadanos será convertido en un centro comercial que construye consumidores”, señaló Francisco Reynoso, especialista en estudios urbanos.
El proyecto tendrá un costo de mil millones de pesos y se estima una derrama económica anual de 233 millones de pesos. La ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que será explotada una superficie de 101 mil 817 metros cuadrados (no se ha especificado el uso de 15 metros cuadrados restantes) de Avenida Chapultepec, Lieja, Sonora, Puebla, Burdeos, Sevilla, Londres, Praga, Salamanca, Florencia, Monterrey, Liverpool y Amberes. También se destinarán 77 espacios de estacionamiento a título gratuito a favor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Entre las principales preocupaciones de los habitantes de la zona destacan: el tiempo de construcción, que será de 18 meses; que el proyecto se convierta en un detonante inmobiliario, el futuro de los comercios actuales y de las casas que quedarían en el piso de abajo, la contaminación, las ruinas del Acueducto, el abastecimiento de agua y los sismos.
En este sentido, una de las exigencias de los vecinos es que se explique cómo fue hecha la Declaratoria de Necesidad.
“Dicen que hicieron unos cuestionarios. No sabemos ni qué ni a quiénes le preguntaron para llegar a la conclusión de construir un Corredor Cultural y no solucionar problemas de pavimentación, alumbrado público, agua, etcétera […] No entendemos por qué se quiere parar el centro de la ciudad por 18 meses, que es lo que va a durar la obra si bien nos va”, sostuvo Sandy Sohoreño, vecina de la colonia Juárez.
Sin Embargo
Grupo Invex será el encargado de la construcción del corredor, que fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero, yerno del multimillonario Carlos Slim, que también participa en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En un esquema de inversión privada, el Distrito Federal se convierte en socio, al donar sólo el espacio. Por esta razón se argumenta que el costo de la obra para los ciudadanos será de cero pesos.
El principal objetivo de la construcción, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 18 de agosto, es el de orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que mejore la infraestructura pública y propicie la equidad territorial, por lo que para el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Agencia para la Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) el panorama es positivo.
Este modelo de asociación público-privada, en palabras de Simón Levy Dabbah, Director general de PROCDMX, rompe con el esquema de concesión: el Estado participa como socio –al donar el espacio para “compartirlo temporalmente” (por 40 años)– con el sector privado que aporta la totalidad de los recursos y genera ingresos, de los cuales el 5 por ciento será para la ciudad y el 95 para la empresa constructora, en este caso Grupo Invex.
Para vecinos y urbanistas, el Corredor Cultural representa todo lo contrario. Colocar una infraestructura de concreto sobre la calle y entre edificios no traerá beneficios generalizados, incluso lo definen como un centro comercial al aire libre o la privatización del espacio público.
“El espacio público, que es el que construye ciudadanos será convertido en un centro comercial que construye consumidores”, señaló Francisco Reynoso, especialista en estudios urbanos.
El proyecto tendrá un costo de mil millones de pesos y se estima una derrama económica anual de 233 millones de pesos. La ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que será explotada una superficie de 101 mil 817 metros cuadrados (no se ha especificado el uso de 15 metros cuadrados restantes) de Avenida Chapultepec, Lieja, Sonora, Puebla, Burdeos, Sevilla, Londres, Praga, Salamanca, Florencia, Monterrey, Liverpool y Amberes. También se destinarán 77 espacios de estacionamiento a título gratuito a favor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Entre las principales preocupaciones de los habitantes de la zona destacan: el tiempo de construcción, que será de 18 meses; que el proyecto se convierta en un detonante inmobiliario, el futuro de los comercios actuales y de las casas que quedarían en el piso de abajo, la contaminación, las ruinas del Acueducto, el abastecimiento de agua y los sismos.
En este sentido, una de las exigencias de los vecinos es que se explique cómo fue hecha la Declaratoria de Necesidad.
“Dicen que hicieron unos cuestionarios. No sabemos ni qué ni a quiénes le preguntaron para llegar a la conclusión de construir un Corredor Cultural y no solucionar problemas de pavimentación, alumbrado público, agua, etcétera […] No entendemos por qué se quiere parar el centro de la ciudad por 18 meses, que es lo que va a durar la obra si bien nos va”, sostuvo Sandy Sohoreño, vecina de la colonia Juárez.
Sin Embargo
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