Xalapa, Ver. - El Congreso local aprobó retirarle el fuero al diputado Renato Tronco Gómez, quien aspiraba a ser candidato a gobernador por la vía independiente el próximo año, para que enfrente un proceso penal por el homicidio del exregidor Alfredo Pérez Juárez, ocurrido hace nueve años (2006).
En sesión privada, el pleno dominado por el PRI y sus aliados avaló el dictamen de desafuero con 36 votos a favor y 12 abstenciones.
Tronco Gómez, quien militó en el PRI y PAN y ha sido alcalde y diputado local en dos ocasiones, acusó este 2015 una “persecución política” por parte del gobierno de Duarte y del propio organismo priista.
En esta ocasión recordó que por ese caso ya había sido incriminado y absuelto en la primera mitad del sexenio de Fidel Herrera, pero que ahora era reactivado el expediente en aras de frenar sus aspiraciones a gobernar la entidad.
En Xalapa, así como en diversos municipios del sur y centro del estado, Renato Tronco organizaba bailes y jaripeos para promocionar sus aspiraciones.
Con un perfil de ranchero y empresario ganadero, Tronco solía acompañar sus mítines con el grupo musical Faraón de Chicago y, además de sus discursos, apoyos escolares, regalos de botas y zapatos o gestiones de semillas y fertilizantes, solía regalar cerveza a los adultos que lo acompañaban.
Este jueves los diputados aprobaron quitarle el fuero para que enfrente ante la autoridad correspondiente las acusaciones que se le imputan y que recién reactivó la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Existen indicios que presumen su intervención en un delito perpetrado en 2006. En el expediente, la FGE acusa a Tronco Gómez de la presunta autoría intelectual del homicidio doloso calificado del entonces regidor Alfredo Pérez Juárez”, se advierte en el dictamen.
Tras la votación, Tronco quedó suspendido de sus funciones como diputado del distrito XXX, para que enfrente el proceso penal correspondiente.
En la sesión ordinaria del último año legislativo, el Congreso tuvo una postura distinta frente a la petición de desafuero del presidente municipal de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, y al síndico único José Guadalupe Flores Peña, quienes de acuerdo con la FGE habrían participado en hechos delictivos tipificados como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad e incumplimiento de un deber legal en contra de dos ciudadanos de aquella localidad.
En contra del desafuero de los funcionarios priistas votaron 17 legisladores, además que se registraron 28 abstenciones, con lo que el pleno procedió a no retirar el fuero, dando un revés a la FGE.
En contraste, la propia FGE recibió como compensación una ampliación presupuestal de 35 millones de pesos adicionales por lo que resta del año para poder cumplir a cabalidad las adecuaciones del nuevo sistema penal acusatorio, así como cumplimentar la transición en infraestructura de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Fiscalía.
En ese paquete de ampliaciones presupuestales el Legislativo también autorizó al Instituto Electoral Veracruzano 49 millones de pesos extra, para que el órgano electoral “cuente con los elementos necesarios e indispensables” para el desarrollo de sus actividades.
El dictamen contó con el aval de los priistas con 29 votos a favor, mientras PAN y PT votaron en contra, además hubo dos abstenciones.
En tribuna, el diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama, consideró que la ampliación presupuestal solicitada es excesiva; además, exigió mayor transparencia en el uso de recursos.
El priista Ricardo Ahued Bardahuil –quien se abstuvo– dijo que se deben administrar mejor los recursos, pues una ampliación presupuestal para 60 días luce excesiva.
El panista Julen Rementería del Puerto se quejó de que los órganos autónomos no circularon información suficiente para justificar las ampliaciones presupuestales, razón por la que el destino de ese dinero se observa incierto.
Hace apenas dos semanas el gobierno de Javier Duarte había anunciado un “decálogo” de medidas de austeridad extremas, acompañadas posteriormente de una reestructuración de la deuda pública. Sin embargo, ahora el Legislativo priista se mostró condescendiente con el IEV y la FGE.
En sesión privada, el pleno dominado por el PRI y sus aliados avaló el dictamen de desafuero con 36 votos a favor y 12 abstenciones.
Tronco Gómez, quien militó en el PRI y PAN y ha sido alcalde y diputado local en dos ocasiones, acusó este 2015 una “persecución política” por parte del gobierno de Duarte y del propio organismo priista.
En esta ocasión recordó que por ese caso ya había sido incriminado y absuelto en la primera mitad del sexenio de Fidel Herrera, pero que ahora era reactivado el expediente en aras de frenar sus aspiraciones a gobernar la entidad.
En Xalapa, así como en diversos municipios del sur y centro del estado, Renato Tronco organizaba bailes y jaripeos para promocionar sus aspiraciones.
Con un perfil de ranchero y empresario ganadero, Tronco solía acompañar sus mítines con el grupo musical Faraón de Chicago y, además de sus discursos, apoyos escolares, regalos de botas y zapatos o gestiones de semillas y fertilizantes, solía regalar cerveza a los adultos que lo acompañaban.
Este jueves los diputados aprobaron quitarle el fuero para que enfrente ante la autoridad correspondiente las acusaciones que se le imputan y que recién reactivó la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Existen indicios que presumen su intervención en un delito perpetrado en 2006. En el expediente, la FGE acusa a Tronco Gómez de la presunta autoría intelectual del homicidio doloso calificado del entonces regidor Alfredo Pérez Juárez”, se advierte en el dictamen.
Tras la votación, Tronco quedó suspendido de sus funciones como diputado del distrito XXX, para que enfrente el proceso penal correspondiente.
En la sesión ordinaria del último año legislativo, el Congreso tuvo una postura distinta frente a la petición de desafuero del presidente municipal de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, y al síndico único José Guadalupe Flores Peña, quienes de acuerdo con la FGE habrían participado en hechos delictivos tipificados como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad e incumplimiento de un deber legal en contra de dos ciudadanos de aquella localidad.
En contra del desafuero de los funcionarios priistas votaron 17 legisladores, además que se registraron 28 abstenciones, con lo que el pleno procedió a no retirar el fuero, dando un revés a la FGE.
En contraste, la propia FGE recibió como compensación una ampliación presupuestal de 35 millones de pesos adicionales por lo que resta del año para poder cumplir a cabalidad las adecuaciones del nuevo sistema penal acusatorio, así como cumplimentar la transición en infraestructura de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Fiscalía.
En ese paquete de ampliaciones presupuestales el Legislativo también autorizó al Instituto Electoral Veracruzano 49 millones de pesos extra, para que el órgano electoral “cuente con los elementos necesarios e indispensables” para el desarrollo de sus actividades.
El dictamen contó con el aval de los priistas con 29 votos a favor, mientras PAN y PT votaron en contra, además hubo dos abstenciones.
En tribuna, el diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama, consideró que la ampliación presupuestal solicitada es excesiva; además, exigió mayor transparencia en el uso de recursos.
El priista Ricardo Ahued Bardahuil –quien se abstuvo– dijo que se deben administrar mejor los recursos, pues una ampliación presupuestal para 60 días luce excesiva.
El panista Julen Rementería del Puerto se quejó de que los órganos autónomos no circularon información suficiente para justificar las ampliaciones presupuestales, razón por la que el destino de ese dinero se observa incierto.
Hace apenas dos semanas el gobierno de Javier Duarte había anunciado un “decálogo” de medidas de austeridad extremas, acompañadas posteriormente de una reestructuración de la deuda pública. Sin embargo, ahora el Legislativo priista se mostró condescendiente con el IEV y la FGE.
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