Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), reconoció que a pesar de los avances, es necesario “acelerar el paso para asegurar que en México no se sigan vulnerando los derechos humanos de las mujeres”.
En reunión con integrantes de la Misión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, dijo que hay grandes retos por resolver como la educación, ya que el 33 por ciento de “ninis” del país son mujeres de 12 a 29 años.
Hace falta paridad en las presidencias municipales y en el Poder Judicial, son pocas mujeres quienes pueden ingresar a estos puestos; incluso, en la Cámara de Diputados, el acceso no está normado para ingresar a los órganos de decisión como la Junta de Coordinación Política, sólo hay una legisladora y una subcoordinadora, lo cual exige trabajar más en el tema.
La diputada federal por Jalisco informó que la instancia legislativa a su cargo trabaja de manera conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para lograr una armonización legislativa de la Ley en la materia y poder eliminar aspectos discriminatorios hacia las mujeres.
Otro aspecto en el que estamos trabajando, continuó, es el cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en torno al grave problema de la violencia hacia las mujeres que no sólo las daña físicamente, sino que afecta la productividad del país, ya que al ser vulneradas no pueden incorporarse de manera rápida al mercado laboral.
Debemos promover la aplicación de la norma 046 y la 025, la última impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hace dos meses, y que plantea igualdad laboral en organismos públicos e iniciativa privada.
La 046 establece asegurar y cuidar la integridad física de la mujer al momento de que es violentada en sus derechos sexuales y reproductivos, en caso de violación, para que el Estado dé una atención integral.
Mencionó que la comisión impulsó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que en 2008, pugnó por un presupuesto de ingresos con el anexo 13 para acciones afirmativas que permitan la igualdad entre mujeres y hombres.
Plascencia Pacheco resaltó que la actual legislatura trabajó en el paquete económico 2016, donde se logró el presupuesto más grande en la historia del anexo 13, con un incremento de más de mil 600 millones de pesos. “Hoy por hoy tenemos un presupuesto que aparte de ser irreductible, atiende de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, a fin de generar igualdad de oportunidades.
Otro ramo del anexo 13 destaca los rubros dirigidos a Sagarpa, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social, para otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras, a fin de que emprendan su propio negocio y fomentar la cultura del emprendimiento de las mujeres, tanto en el entorno rural como urbano.
En el rubro educativo hubo un incremento importante en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, para que las mujeres accedan a becas en enseñanza superior.
En materia de salud, señaló, la comisión logró recursos para atender el cáncer de ovario, ya que muchas mujeres no tienen acceso a servicios de salud debido a que el 52 por ciento labora en la economía informal.
La legisladora Plascencia Pacheco opinó que el foro a realizarse en abril próximo, al que asistirá la directora de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos Patiño, constituye una importante distinción para el Congreso de la Unión y para México. Podrá subrayarse, dijo, la evaluación positiva que nuestro país ha recibido respecto a brecha de género: sólo 15 por ciento, en comparación con el 20 por ciento en promedio de las naciones integrantes de la OCDE.
La diputada Lucely Alpizar Carrillo (PRI) precisó que en México se ha logrado una paridad electoral, ya que en el Congreso federal el 42 por ciento de la LXIII Legislatura lo conforman mujeres, en tanto, legislaturas estatales han logrado el 50 por ciento, aunque hay rubros como el de salud, donde se requiere poner especial interés en asuntos como la violencia obstétrica.
Exhortó a trabajar en conjunto a través de convenios y con organizaciones como la OCDE, para lograr el empoderamiento de las mujeres mexicanas en lo económico y lo social.
María de la Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informó que México tiene un convenio firmado para “realizar el primer estudio de país miembro de la OCDE en materia de igualdad de género”, a fin de que se comparta con otras naciones para fortalecer las acciones que garanticen la equidad entre mujeres y hombres.
De esta forma, se plasmarán todas las políticas públicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, donde existe una estrategia transversal de igualdad de género, a través del Inmujeres. Los resultados de este estudio serán una aportación fundamental del Estado mexicano en favor de la equidad, agregó.
El objetivo es tener un informe de la política pública en materia de equidad que se realiza en México, que refiera lo que hacen los tres Poderes y también los tres niveles de gobierno en el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
En reunión con integrantes de la Misión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, dijo que hay grandes retos por resolver como la educación, ya que el 33 por ciento de “ninis” del país son mujeres de 12 a 29 años.
Hace falta paridad en las presidencias municipales y en el Poder Judicial, son pocas mujeres quienes pueden ingresar a estos puestos; incluso, en la Cámara de Diputados, el acceso no está normado para ingresar a los órganos de decisión como la Junta de Coordinación Política, sólo hay una legisladora y una subcoordinadora, lo cual exige trabajar más en el tema.
La diputada federal por Jalisco informó que la instancia legislativa a su cargo trabaja de manera conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para lograr una armonización legislativa de la Ley en la materia y poder eliminar aspectos discriminatorios hacia las mujeres.
Otro aspecto en el que estamos trabajando, continuó, es el cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en torno al grave problema de la violencia hacia las mujeres que no sólo las daña físicamente, sino que afecta la productividad del país, ya que al ser vulneradas no pueden incorporarse de manera rápida al mercado laboral.
Debemos promover la aplicación de la norma 046 y la 025, la última impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hace dos meses, y que plantea igualdad laboral en organismos públicos e iniciativa privada.
La 046 establece asegurar y cuidar la integridad física de la mujer al momento de que es violentada en sus derechos sexuales y reproductivos, en caso de violación, para que el Estado dé una atención integral.
Mencionó que la comisión impulsó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que en 2008, pugnó por un presupuesto de ingresos con el anexo 13 para acciones afirmativas que permitan la igualdad entre mujeres y hombres.
Plascencia Pacheco resaltó que la actual legislatura trabajó en el paquete económico 2016, donde se logró el presupuesto más grande en la historia del anexo 13, con un incremento de más de mil 600 millones de pesos. “Hoy por hoy tenemos un presupuesto que aparte de ser irreductible, atiende de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, a fin de generar igualdad de oportunidades.
Otro ramo del anexo 13 destaca los rubros dirigidos a Sagarpa, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social, para otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras, a fin de que emprendan su propio negocio y fomentar la cultura del emprendimiento de las mujeres, tanto en el entorno rural como urbano.
En el rubro educativo hubo un incremento importante en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, para que las mujeres accedan a becas en enseñanza superior.
En materia de salud, señaló, la comisión logró recursos para atender el cáncer de ovario, ya que muchas mujeres no tienen acceso a servicios de salud debido a que el 52 por ciento labora en la economía informal.
La legisladora Plascencia Pacheco opinó que el foro a realizarse en abril próximo, al que asistirá la directora de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos Patiño, constituye una importante distinción para el Congreso de la Unión y para México. Podrá subrayarse, dijo, la evaluación positiva que nuestro país ha recibido respecto a brecha de género: sólo 15 por ciento, en comparación con el 20 por ciento en promedio de las naciones integrantes de la OCDE.
La diputada Lucely Alpizar Carrillo (PRI) precisó que en México se ha logrado una paridad electoral, ya que en el Congreso federal el 42 por ciento de la LXIII Legislatura lo conforman mujeres, en tanto, legislaturas estatales han logrado el 50 por ciento, aunque hay rubros como el de salud, donde se requiere poner especial interés en asuntos como la violencia obstétrica.
Exhortó a trabajar en conjunto a través de convenios y con organizaciones como la OCDE, para lograr el empoderamiento de las mujeres mexicanas en lo económico y lo social.
María de la Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informó que México tiene un convenio firmado para “realizar el primer estudio de país miembro de la OCDE en materia de igualdad de género”, a fin de que se comparta con otras naciones para fortalecer las acciones que garanticen la equidad entre mujeres y hombres.
De esta forma, se plasmarán todas las políticas públicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, donde existe una estrategia transversal de igualdad de género, a través del Inmujeres. Los resultados de este estudio serán una aportación fundamental del Estado mexicano en favor de la equidad, agregó.
El objetivo es tener un informe de la política pública en materia de equidad que se realiza en México, que refiera lo que hacen los tres Poderes y también los tres niveles de gobierno en el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
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