Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que se cumplan los términos de los transitorios establecidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, referentes a la emisión de los parámetros de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, y se solicite a la empresa Ferromex concluir la construcción del Libramiento Monterrey.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (PAN) expuso que, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política, los ferrocarriles son un área prioritaria para el desarrollo nacional; por esta razón, acotó, es fundamental considerar este tema como relevante.
Recordó que dentro de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Transitorio Segundo determina que el Ejecutivo federal deberá crear la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto.
De igual manera, en el cuarto transitorio, se señala que el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario, y en el quinto transitorio se habla de que la agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.
El legislador subrayó que a la fecha existe un gran retraso en la creación de la agencia y por tanto no se puede crear el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales ferroviarios. Como consecuencia de no contar con ambos, existe un gran desaprovechamiento de las vías en donde se necesitan cubrir diversos aspectos de seguridad, los cuales se manejarían si el fondo estuviera asignado.
“Necesitamos hacer ver al Ejecutivo federal que las reformas que el Legislativo apruebe deben hacerse valer y ser ejecutadas en tiempo y forma, con las implicaciones y obligaciones que en ellas estén implícitas”, concluyó el legislador.
Durante la discusión, la diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) sostuvo que su voto sería a favor, ya que las reformas impulsadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario tienen poco más de un año de su publicación y el plazo establecido para la creación de esta agencia feneció desde el 26 de julio del 2015.
Aseguró que la creación de empleos y la formación de oportunidades de negocio, se han visto nulificados ante la recurrencia de controversias entre usuarios y concesionarios del sistema ferroviario, además de la inexistencia de bases de una regulación tarifaria en tramos donde no existen condiciones de competitividad efectiva o de la seguridad de los cruces ferroviarios.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) agregó que los legisladores tienen la gran responsabilidad de hacer leyes y cumplirlas; por ello, dijo, es fundamental hacer un llamado para que el titular del Ejecutivo cumpla la ley, en particular el transitorio sobre los trenes.
La diputada Concepción Villa González (Morena) se manifestó a favor de este punto de acuerdo; sin embargo, pidió reconocer que la apertura del Sistema Ferrocarrilero Mexicano al capital privado no se ha visto reflejada en aumentos significativos en la inversión, ni en la infraestructura, y por lo tanto los beneficios prometidos no se han concretado.
Añadió que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario benefició la concentración del sistema en tres grandes concesiones que aglutinan el 80 por ciento de las líneas ferroviarias, garantizándoles sobreprecios en tarifas que aplican a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; por ello, consideró que el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios deberá ser mixto, es decir, que concurran tanto recursos públicos como privados.
En representación del PVEM, el diputado José de Jesús Galindo Rosas mencionó que debido a la importancia que representa el ferrocarril para la economía de nuestro país, su voto sería a favor, pues existe un retraso considerable en la creación de la agencia, cuya función es vital para incrementar la competitividad en el sector.
Destacó que el funcionamiento de la agencia tendrá la importante labor de regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento e interconexión de las vías férreas e infraestructura ferroviaria.
La perredista María Cristina Teresa García Bravo puntualizó que la creación de la agencia es primordial para que opere en condiciones de competencia en áreas de interconexión de paso y de arrastre, pues sólo así incrementará su competitividad.
“Es impostergable que el Ejecutivo federal cumpla con el mandato legal y publique el decreto de creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, pues éste será el primer paso en el fortalecimiento del sector”, destacó.
Finalmente, el priista Daniel Torres Cantú se pronunció a favor de este dictamen y propuso que la SCT revise la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación de la empresa Ferromex para la conclusión del Libramiento Monterrey.
“Esto es para abonar al punto de acuerdo y tener una respuesta favorable, para obligar a la empresa que termine su compromiso, porque inclusive de esto depende que pudiera cancelarse la concesión por incumplir lo establecido en las últimas reformas de 2015”.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (PAN) expuso que, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política, los ferrocarriles son un área prioritaria para el desarrollo nacional; por esta razón, acotó, es fundamental considerar este tema como relevante.
Recordó que dentro de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Transitorio Segundo determina que el Ejecutivo federal deberá crear la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto.
De igual manera, en el cuarto transitorio, se señala que el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario, y en el quinto transitorio se habla de que la agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.
El legislador subrayó que a la fecha existe un gran retraso en la creación de la agencia y por tanto no se puede crear el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales ferroviarios. Como consecuencia de no contar con ambos, existe un gran desaprovechamiento de las vías en donde se necesitan cubrir diversos aspectos de seguridad, los cuales se manejarían si el fondo estuviera asignado.
“Necesitamos hacer ver al Ejecutivo federal que las reformas que el Legislativo apruebe deben hacerse valer y ser ejecutadas en tiempo y forma, con las implicaciones y obligaciones que en ellas estén implícitas”, concluyó el legislador.
Durante la discusión, la diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) sostuvo que su voto sería a favor, ya que las reformas impulsadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario tienen poco más de un año de su publicación y el plazo establecido para la creación de esta agencia feneció desde el 26 de julio del 2015.
Aseguró que la creación de empleos y la formación de oportunidades de negocio, se han visto nulificados ante la recurrencia de controversias entre usuarios y concesionarios del sistema ferroviario, además de la inexistencia de bases de una regulación tarifaria en tramos donde no existen condiciones de competitividad efectiva o de la seguridad de los cruces ferroviarios.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) agregó que los legisladores tienen la gran responsabilidad de hacer leyes y cumplirlas; por ello, dijo, es fundamental hacer un llamado para que el titular del Ejecutivo cumpla la ley, en particular el transitorio sobre los trenes.
La diputada Concepción Villa González (Morena) se manifestó a favor de este punto de acuerdo; sin embargo, pidió reconocer que la apertura del Sistema Ferrocarrilero Mexicano al capital privado no se ha visto reflejada en aumentos significativos en la inversión, ni en la infraestructura, y por lo tanto los beneficios prometidos no se han concretado.
Añadió que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario benefició la concentración del sistema en tres grandes concesiones que aglutinan el 80 por ciento de las líneas ferroviarias, garantizándoles sobreprecios en tarifas que aplican a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; por ello, consideró que el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios deberá ser mixto, es decir, que concurran tanto recursos públicos como privados.
En representación del PVEM, el diputado José de Jesús Galindo Rosas mencionó que debido a la importancia que representa el ferrocarril para la economía de nuestro país, su voto sería a favor, pues existe un retraso considerable en la creación de la agencia, cuya función es vital para incrementar la competitividad en el sector.
Destacó que el funcionamiento de la agencia tendrá la importante labor de regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento e interconexión de las vías férreas e infraestructura ferroviaria.
La perredista María Cristina Teresa García Bravo puntualizó que la creación de la agencia es primordial para que opere en condiciones de competencia en áreas de interconexión de paso y de arrastre, pues sólo así incrementará su competitividad.
“Es impostergable que el Ejecutivo federal cumpla con el mandato legal y publique el decreto de creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, pues éste será el primer paso en el fortalecimiento del sector”, destacó.
Finalmente, el priista Daniel Torres Cantú se pronunció a favor de este dictamen y propuso que la SCT revise la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación de la empresa Ferromex para la conclusión del Libramiento Monterrey.
“Esto es para abonar al punto de acuerdo y tener una respuesta favorable, para obligar a la empresa que termine su compromiso, porque inclusive de esto depende que pudiera cancelarse la concesión por incumplir lo establecido en las últimas reformas de 2015”.
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