Ciudad de México.- A propósito de los motines en Nuevo León –con 49 muertos y 12 heridos-, y Ciudad Victoria, Tamaulipas –con 8 lesionados-, es bueno saber que esos conflictos por el control del poder –o autogobierno al interior de los reclusorios en México- no es nuevo. Basta saber que entre 2008 y 2014 se registraron 445 homicidios durante riñas y motines en penales estatales. De ese total, 40 por ciento se suscitaron en cárceles de Tamaulipas y 14 por ciento en las de Durango.
El año con mayor registro de asesinatos debido a riñas y motines fue 2012, con 102, y de esos, 45 ocurrieron en Tamaulipas y el mismo número en Nuevo León. Otras entidades donde existe alta incidencia de homicidios en las cárceles son la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Baja California.
En esos penales existe una alta colusión entre reos y custodios para la venta de cualquier tipo de producto, como chips para teléfonos móviles, con los que se puede extorsionar. Además, participan en fugas de criminales de alto nivel, que reflejan las debilidades del sistema penitenciario. Esto sin contar con la ocurrencia de hechos violentos y sobrepoblación. En ese sentido, las conclusiones de la mesa de discusión Homicidios en los centros penitenciarios, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluye que las cárceles mexicanas “son espacios de muerte y destrucción”.
En ellas de manera constante se violan derechos fundamentales, hay privilegios para unos cuantos, violencia y, en muchos casos, control del crimen. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, asevera que, todo ello disminuye la calidad de vida de la población penitenciaria.
Al referirse al caso particular del penal de Topo Chico, en Nuevo León –donde la semana pasada hubo un enfrentamiento que dejó 49 reos muertos–, señaló que datos recientes revelan que de los 900 custodios, 300 no pasaron los controles de confianza. Daniel Montero Zendejas, quien en 2009 fue subsecretario de Reinserción Social en Morelos y hoy es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que alrededor de 65 por ciento de las cárceles del país padecen un autogobierno que está en manos del crimen organizado, al grado que hay privilegios, fiestas y violencia. Incluso, denunció, “el general Eduardo Gómez, Genaro García Luna –ex secretario de Seguridad Pública Federal– y otros funcionarios entraban a los penales donde había fiestas, armas, trabajadoras sexuales y botellas, y no pasaba nada”.
Aunque las cifras son variables, se calcula que en México hay más de 260 mil personas recluidas en 370 cárceles estatales o municipales y 22 federales. El país ocupa el sexto lugar a escala mundial en cuanto a población penitenciaria, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, naciones con un número mucho mayor de habitantes.
El número de incidentes a escala nacional en estos centros de reclusión –apuntó– van en aumento: mientras en 2006 se reportaron 320, en 2013 fueron 2 mil 436, de éstos, 25 fueron homicidios.
María Sirvent, de la organización Documenta y ex integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que esos lamentables hechos crecieron en el actual sexenio, ya que en los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se han suscitado 4 mil 659 incidentes.
El año con mayor registro de asesinatos debido a riñas y motines fue 2012, con 102, y de esos, 45 ocurrieron en Tamaulipas y el mismo número en Nuevo León. Otras entidades donde existe alta incidencia de homicidios en las cárceles son la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Baja California.
En esos penales existe una alta colusión entre reos y custodios para la venta de cualquier tipo de producto, como chips para teléfonos móviles, con los que se puede extorsionar. Además, participan en fugas de criminales de alto nivel, que reflejan las debilidades del sistema penitenciario. Esto sin contar con la ocurrencia de hechos violentos y sobrepoblación. En ese sentido, las conclusiones de la mesa de discusión Homicidios en los centros penitenciarios, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluye que las cárceles mexicanas “son espacios de muerte y destrucción”.
En ellas de manera constante se violan derechos fundamentales, hay privilegios para unos cuantos, violencia y, en muchos casos, control del crimen. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, asevera que, todo ello disminuye la calidad de vida de la población penitenciaria.
Al referirse al caso particular del penal de Topo Chico, en Nuevo León –donde la semana pasada hubo un enfrentamiento que dejó 49 reos muertos–, señaló que datos recientes revelan que de los 900 custodios, 300 no pasaron los controles de confianza. Daniel Montero Zendejas, quien en 2009 fue subsecretario de Reinserción Social en Morelos y hoy es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que alrededor de 65 por ciento de las cárceles del país padecen un autogobierno que está en manos del crimen organizado, al grado que hay privilegios, fiestas y violencia. Incluso, denunció, “el general Eduardo Gómez, Genaro García Luna –ex secretario de Seguridad Pública Federal– y otros funcionarios entraban a los penales donde había fiestas, armas, trabajadoras sexuales y botellas, y no pasaba nada”.
Aunque las cifras son variables, se calcula que en México hay más de 260 mil personas recluidas en 370 cárceles estatales o municipales y 22 federales. El país ocupa el sexto lugar a escala mundial en cuanto a población penitenciaria, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, naciones con un número mucho mayor de habitantes.
El número de incidentes a escala nacional en estos centros de reclusión –apuntó– van en aumento: mientras en 2006 se reportaron 320, en 2013 fueron 2 mil 436, de éstos, 25 fueron homicidios.
María Sirvent, de la organización Documenta y ex integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que esos lamentables hechos crecieron en el actual sexenio, ya que en los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se han suscitado 4 mil 659 incidentes.
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