Ciudad de México.- Grave pero es una realidad: en México, la cuarta parte de niñas, aproximadamente 4.5 millones, se casan antes de cumplir los 18 años con el consentimiento de los padres y, lo que es peor, con el aval de las autoridades que no han querido, en muchas entidades, elevar la edad para que contraigan matrimonio. Por esa razón, la comisión de la frontera norte de la Cámara de Diputados busca impulsar en San Lázaro que se obligue a los congresos locales del país a armonizar sus códigos Civiles o Familiares, a fin de prohibir que los menores de edad contraigan matrimonio, por todas las implicaciones sociales que esto conlleva. Y es que 23 de las 32 entidades federativas, incluida la ciudad de México, no han armonizado su legislación civil o familiar, lo que atenta contra el principio pro persona y de interés superior de la niñez, previsto constitucionalmente, y contraviene el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Un matrimonio entre adolescentes implica que adquieran anticipadamente obligaciones legales y morales que les obstaculizarán disfrutar de derechos y situaciones propias de su edad y los pondrán en desventaja a corto, mediano y largo plazo respecto de otros jóvenes, advierte el diputado Francisco Saracho Navarro, integrante de esa comisión. Las 23 entidades que aún no armonizan esa ley son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El legislador advirtió que permitir que menores de edad puedan contraer matrimonio ha fomentado diversos problemas de carácter social y de salud, ya que son más susceptibles a sufrir embarazos prematuros y dificultades durante este periodo, así como mortalidad materna y neonatal. Además, provoca deserción escolar, transmisión intergeneracional de la condición de pobreza, falta de oportunidades para progresar, abusos o la comisión de conductas tipificadas como delitos en su perjuicio, tales como trata de personas u otras conductas análogas a la esclavitud, poniendo en riesgo su vida. Por ello, insistió en la importancia de que los ordenamientos legales locales sean ajustados para prohibir que los menores de edad se vean involucrados en enlaces matrimoniales. Saracho Navarro mencionó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a México asegurar la efectiva implementación de dicha ley, confirmando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea a partir de los 18 años en las leyes de todos los estados. Asimismo, implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.
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