Ciudad de México.- Que nadie se diga sorprendido si en el futuro próximo, elementos del Ejército Mexicano –envestidos con mega facultades constitucionales-, realizan sin previo aviso cateos en propiedades civiles, así como en residencias u oficinas de cualquiera de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o en su caso de organismos autónomos.
Que no cause extrañeza que, de pronto, la milicia intervenga comunicaciones de particulares y obligue a toda persona, incluidos civiles, a presentarse ante agentes del Ministerio Público castrenses cuando sean citados para la averiguación de algún delito. Y es que por causas que no se entienden, las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en el Senado –que, al parecer, seguirán jugando a la alternancia en México-, aprobaron en solo 15 minutos en comisiones –aún falta que lo haga el pleno-, la reforma con la que se faculta a los órganos judiciales militares a proceder como ya fue descrito, aun cuando las senadoras del PRD, Dolores Padierna y Angélica de la Peña advirtieron que se estaba violando el reglamento del Senado al convocar con tal premura a discutir una minuta que no es conocida por los legisladores, dado que un día antes se presentó ante el pleno de esa cámara.
Con todo y ello, los panistas Fernando Yunes (cuya familia enfrenta, ahora, señalamientos por enriquecimiento ilícito) y Jorge Luis Preciado, así como la priísta Graciela Ortiz, advirtieron que es un tema que urge resolver por la inminente entrada en vigor del sistema penal acusatorio, y la adecuación es para que la justicia militar transite hacia ese nuevo sistema, como si no existiera la justicia civil.
Dolores Padierna, incluso, cuestionó que “si tanta prisa tienen, por qué no convocan a un periodo extraordinario para la próxima semana”, pero el PAN, PRI y PVEM impusieron su mayoría y la minuta fue aprobada prácticamente en sus términos. La refoma, sin duda, es un tema muy delicado que puede implicar violaciones a derechos humanos.
Padierna Luna reservó 28 artículos que se discutirán ante el pleno mañana, cuando PRI y PAN pretenden aprobar la minuta en cuestión. Es necesario, dice, que se establezca que las actuaciones contra civiles que por algún motivo se vieran involucrados con alguna investigación realizada por la justicia militar sean autorizadas por autoridades civiles, sobre todo cuando se trate de la invasión a la esfera personal de los ciudadanos.
No hay que olvidar que, actualmente, tanto los cateos como las intervenciones telefónicas deben ser previa autorización judicial, y que en el caso de aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, no podrá decretarlos la autoridad castrense sin la autorización de un juez federal, pero algo estaría por cambiar.
Que no cause extrañeza que, de pronto, la milicia intervenga comunicaciones de particulares y obligue a toda persona, incluidos civiles, a presentarse ante agentes del Ministerio Público castrenses cuando sean citados para la averiguación de algún delito. Y es que por causas que no se entienden, las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en el Senado –que, al parecer, seguirán jugando a la alternancia en México-, aprobaron en solo 15 minutos en comisiones –aún falta que lo haga el pleno-, la reforma con la que se faculta a los órganos judiciales militares a proceder como ya fue descrito, aun cuando las senadoras del PRD, Dolores Padierna y Angélica de la Peña advirtieron que se estaba violando el reglamento del Senado al convocar con tal premura a discutir una minuta que no es conocida por los legisladores, dado que un día antes se presentó ante el pleno de esa cámara.
Con todo y ello, los panistas Fernando Yunes (cuya familia enfrenta, ahora, señalamientos por enriquecimiento ilícito) y Jorge Luis Preciado, así como la priísta Graciela Ortiz, advirtieron que es un tema que urge resolver por la inminente entrada en vigor del sistema penal acusatorio, y la adecuación es para que la justicia militar transite hacia ese nuevo sistema, como si no existiera la justicia civil.
Dolores Padierna, incluso, cuestionó que “si tanta prisa tienen, por qué no convocan a un periodo extraordinario para la próxima semana”, pero el PAN, PRI y PVEM impusieron su mayoría y la minuta fue aprobada prácticamente en sus términos. La refoma, sin duda, es un tema muy delicado que puede implicar violaciones a derechos humanos.
Padierna Luna reservó 28 artículos que se discutirán ante el pleno mañana, cuando PRI y PAN pretenden aprobar la minuta en cuestión. Es necesario, dice, que se establezca que las actuaciones contra civiles que por algún motivo se vieran involucrados con alguna investigación realizada por la justicia militar sean autorizadas por autoridades civiles, sobre todo cuando se trate de la invasión a la esfera personal de los ciudadanos.
No hay que olvidar que, actualmente, tanto los cateos como las intervenciones telefónicas deben ser previa autorización judicial, y que en el caso de aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, no podrá decretarlos la autoridad castrense sin la autorización de un juez federal, pero algo estaría por cambiar.
Gobernantes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario