México.- El responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, sostiene que la dependencia a su cargo está preparada para implementar el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el contexto de las negociaciones que se llevan a cabo en la sede de la CIDH en Washington entre familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, sus representantes y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, Higuera Bernal asegura a Apro que la oficina a su cargo está lista para “poner al alcance de la instancia que sea establecida toda la información de lo que se ha venido haciendo” en la investigación del caso Iguala.
Al recordar que en representación de la PGR acudió a Washington, el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos, responsable de la indagatoria de la desaparición de los normalistas, recuerda que durante los encuentros previos, por parte de la procuradora Arely Gómez “se dio la instrucción de dar total apertura, obrar con total transparencia” en el análisis de la investigación que realicen los enviados de la CIDH para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI y a las medidas cautelares emitidas en 2014 por el órgano de la OEA.
Entrevistado en su oficina, Higuera Bernal reconoce que en la implementación del mecanismo de seguimiento que se alcance en las negociaciones en Washington “la institución naturalmente cubre un rol muy importante en todo ello, por ser la que tiene a su cargo la investigación del caso y las indagaciones, sobre todo las acciones que tienen que ver con lo ocurrido; lo que se determine en el mecanismo de seguimiento tendrá vinculación con ello porque es precisamente revisar cuánto se haya hecho y cuánto se esté haciendo en la atención del caso; por parte de la PGR hay un interés, una voluntad manifestada en hechos de atender los planteamientos, las peticiones y las propuestas de la CIDH, a través del GIEI”.
De acuerdo con el funcionario, de las cerca de 950 propuestas que hizo el GIEI durante el tiempo de su mandato, la Oficina Especial para el Caso Iguala –instancia creada a partir de propuestas del GIEI– ha atendido cerca “del noventa por ciento” de ellas.
Luego de reconocer que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es una parteaguas en México, porque puso a prueba a las instituciones”, Higuera Bernal señala que “más que una cuestión de números o porcentajes (en el avance de las recomendaciones del GIEI), lo importante es que lo que vayamos haciendo arroje resultados positivos para el esclarecimiento de todo lo acontecido, porque así como tenemos las peticiones o propuestas del GIEI, tenemos también las que ha formulado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las que han planteado los propios padres de familia a través de sus representantes, y con independencia de ello, todas las acciones que esta oficina en general ha determinado como necesarias para seguir avanzando en las investigaciones”.
Compuesta por unas 50 personas, 20 de ellas agentes del Ministerio Público Federal, en la Oficina Especial para el Caso Iguala se “toman todos los días declaraciones de personas y diligencias diversas, también se está acudiendo a servicios que nos permitan incorporar alta tecnología, sobre todo para los procesos de búsqueda”.
Según el funcionario, durante las sesiones para implementar el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, que se están siguiendo en Washington, se dará cuenta de los avances en las investigaciones y en los procesos de búsqueda.
Al seguir las recomendaciones del GIEI, aclara, se están realizando búsquedas en puntos específicos establecidos por el grupo de expertos, recurriendo a la utilización de tecnología Lidar que ha contratado la institución.
“Hay acciones que se están realizando actualmente y esto deriva de un planteamiento que hicieron los propios padres de familia, de sus representantes, y naturalmente del interés de la señora procuradora para que no escatimemos recursos en estas investigaciones”, asegura.
Sobre la búsqueda a través de Lidar, explica que “es un servicio que incorpora tecnología muy avanzada, es una exploración aérea que permitirá toma de imágenes y con ello dar información, que puede ser muy valiosa, sobre posibles inhumaciones clandestinas”.
Esa tecnología está siendo utilizada paralelamente a los sobrevuelos de búsqueda que se realizan a través de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR para la obtención de imágenes.
“Estamos constantemente analizando imágenes que nos están siendo proporcionadas en exploración de sectores y de polígonos que son determinados en función de la información que está contenida en el expediente y de la que se va incorporando con datos de declaraciones y con otros aspectos más”, revela Higuera Bernal.
Al señalar que en la última reunión con los padres de familia, hace dos semanas, la procuradora Arely Gómez informó de las búsquedas, el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, también destaca que la titular de la PGR habló “del apoyo ofrecido por algunos gobiernos de Alemania y Canadá, y de que se recurrirá a todo lo que sea aprovechable para que sea aplicado al caso, pues tenemos que utilizar todos los recursos disponibles y las ayudas ofrecidas, es decir, la investigación no se ha detenido”.
Higuera Bernal admite que en los últimos dos meses los padres de familia han mantenido su exigencia de que Tomás Zerón, responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sea destituido y sometido a investigación, situación que podría ser llevada a la mesa de negociaciones en Washington.
“Quisiéramos que no hubiera un solo tema o aspecto que interfiriera en la comunicación entre las víctimas indirectas y la institución que ha trabajando en la investigación, ya que en este tema la institución ha explicado que (Zerón) está sujeto a una investigación a cargo de la Visitaduría General, y que seguramente en fechas próximas estará dando su fallo al respecto para obrar con estricto apego a la ley en un tema como el que han planteado los familiares”, argumenta Higuera para enseguida sostener que ese asunto “no ha interferido en las investigaciones”.
En espera de definiciones sobre la implementación del mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal insiste en que la Oficina que coordina tiene “toda la disposición para recibir a quienes queden contemplados en ese mecanismo, en las instancias que se determine y operará en ello y, obviamente, con la disposición de aperturar la investigación y demostrar cómo se han venido atendiendo los planteamientos del GIEI y de la investigación en general, no sólo lo relacionado con sus peticiones”.
En esta modalidad de supervisión internacional, Higuera Bernal puntualiza que la indicación de Gómez González es que los integrantes de la Oficina Especial sean “facilitadores en la operación a la que conlleve este mecanismo de seguimiento, porque al final creo que el objetivo es el mismo: lograr el esclarecimiento completo, no tiene por qué haber diferencias ni confrontaciones ni mucho menos. Creo que el entendimiento es la mejor ruta para establecer los mejores mecanismos y vías de instauración de este seguimiento”.
En el contexto de las negociaciones que se llevan a cabo en la sede de la CIDH en Washington entre familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, sus representantes y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, Higuera Bernal asegura a Apro que la oficina a su cargo está lista para “poner al alcance de la instancia que sea establecida toda la información de lo que se ha venido haciendo” en la investigación del caso Iguala.
Al recordar que en representación de la PGR acudió a Washington, el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos, responsable de la indagatoria de la desaparición de los normalistas, recuerda que durante los encuentros previos, por parte de la procuradora Arely Gómez “se dio la instrucción de dar total apertura, obrar con total transparencia” en el análisis de la investigación que realicen los enviados de la CIDH para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI y a las medidas cautelares emitidas en 2014 por el órgano de la OEA.
Entrevistado en su oficina, Higuera Bernal reconoce que en la implementación del mecanismo de seguimiento que se alcance en las negociaciones en Washington “la institución naturalmente cubre un rol muy importante en todo ello, por ser la que tiene a su cargo la investigación del caso y las indagaciones, sobre todo las acciones que tienen que ver con lo ocurrido; lo que se determine en el mecanismo de seguimiento tendrá vinculación con ello porque es precisamente revisar cuánto se haya hecho y cuánto se esté haciendo en la atención del caso; por parte de la PGR hay un interés, una voluntad manifestada en hechos de atender los planteamientos, las peticiones y las propuestas de la CIDH, a través del GIEI”.
De acuerdo con el funcionario, de las cerca de 950 propuestas que hizo el GIEI durante el tiempo de su mandato, la Oficina Especial para el Caso Iguala –instancia creada a partir de propuestas del GIEI– ha atendido cerca “del noventa por ciento” de ellas.
Luego de reconocer que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es una parteaguas en México, porque puso a prueba a las instituciones”, Higuera Bernal señala que “más que una cuestión de números o porcentajes (en el avance de las recomendaciones del GIEI), lo importante es que lo que vayamos haciendo arroje resultados positivos para el esclarecimiento de todo lo acontecido, porque así como tenemos las peticiones o propuestas del GIEI, tenemos también las que ha formulado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las que han planteado los propios padres de familia a través de sus representantes, y con independencia de ello, todas las acciones que esta oficina en general ha determinado como necesarias para seguir avanzando en las investigaciones”.
Compuesta por unas 50 personas, 20 de ellas agentes del Ministerio Público Federal, en la Oficina Especial para el Caso Iguala se “toman todos los días declaraciones de personas y diligencias diversas, también se está acudiendo a servicios que nos permitan incorporar alta tecnología, sobre todo para los procesos de búsqueda”.
Según el funcionario, durante las sesiones para implementar el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, que se están siguiendo en Washington, se dará cuenta de los avances en las investigaciones y en los procesos de búsqueda.
Al seguir las recomendaciones del GIEI, aclara, se están realizando búsquedas en puntos específicos establecidos por el grupo de expertos, recurriendo a la utilización de tecnología Lidar que ha contratado la institución.
“Hay acciones que se están realizando actualmente y esto deriva de un planteamiento que hicieron los propios padres de familia, de sus representantes, y naturalmente del interés de la señora procuradora para que no escatimemos recursos en estas investigaciones”, asegura.
Sobre la búsqueda a través de Lidar, explica que “es un servicio que incorpora tecnología muy avanzada, es una exploración aérea que permitirá toma de imágenes y con ello dar información, que puede ser muy valiosa, sobre posibles inhumaciones clandestinas”.
Esa tecnología está siendo utilizada paralelamente a los sobrevuelos de búsqueda que se realizan a través de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR para la obtención de imágenes.
“Estamos constantemente analizando imágenes que nos están siendo proporcionadas en exploración de sectores y de polígonos que son determinados en función de la información que está contenida en el expediente y de la que se va incorporando con datos de declaraciones y con otros aspectos más”, revela Higuera Bernal.
Al señalar que en la última reunión con los padres de familia, hace dos semanas, la procuradora Arely Gómez informó de las búsquedas, el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, también destaca que la titular de la PGR habló “del apoyo ofrecido por algunos gobiernos de Alemania y Canadá, y de que se recurrirá a todo lo que sea aprovechable para que sea aplicado al caso, pues tenemos que utilizar todos los recursos disponibles y las ayudas ofrecidas, es decir, la investigación no se ha detenido”.
Higuera Bernal admite que en los últimos dos meses los padres de familia han mantenido su exigencia de que Tomás Zerón, responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sea destituido y sometido a investigación, situación que podría ser llevada a la mesa de negociaciones en Washington.
“Quisiéramos que no hubiera un solo tema o aspecto que interfiriera en la comunicación entre las víctimas indirectas y la institución que ha trabajando en la investigación, ya que en este tema la institución ha explicado que (Zerón) está sujeto a una investigación a cargo de la Visitaduría General, y que seguramente en fechas próximas estará dando su fallo al respecto para obrar con estricto apego a la ley en un tema como el que han planteado los familiares”, argumenta Higuera para enseguida sostener que ese asunto “no ha interferido en las investigaciones”.
En espera de definiciones sobre la implementación del mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal insiste en que la Oficina que coordina tiene “toda la disposición para recibir a quienes queden contemplados en ese mecanismo, en las instancias que se determine y operará en ello y, obviamente, con la disposición de aperturar la investigación y demostrar cómo se han venido atendiendo los planteamientos del GIEI y de la investigación en general, no sólo lo relacionado con sus peticiones”.
En esta modalidad de supervisión internacional, Higuera Bernal puntualiza que la indicación de Gómez González es que los integrantes de la Oficina Especial sean “facilitadores en la operación a la que conlleve este mecanismo de seguimiento, porque al final creo que el objetivo es el mismo: lograr el esclarecimiento completo, no tiene por qué haber diferencias ni confrontaciones ni mucho menos. Creo que el entendimiento es la mejor ruta para establecer los mejores mecanismos y vías de instauración de este seguimiento”.
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