POR: JOSE CALZADA
Duarte acorralado repliega
La decisión de Javier Duarte de Ochoa para blindar su salida desde el Poder Legislativo se convirtió en un factor de alto riesgo para su propia salida que incluso, podría adelantarse en condiciones impredecibles a pesar del corto periodo que le resta en el cargo.
La presión ejercida por la oposición tras la obtención de la gubernatura el pasado 5 de junio dio resultados y este lunes la propia Presidencia de la República intervino para frenar al Congreso Local y al gobernador con lo que el PAN bautizó como paquete de impunidad.
Las propuestas de Javier Duarte contemplan desde el cambio del uso del impuesto del fideicomiso del 3 por ciento a la nómina para pagar a todo tipo de proveedores del gobierno, la creación de una sala anticorrupción y un fiscal para combate a hechos de corrupción de servidores públicos, la donación de 10 inmuebles al IPE para inyectarle liquidez después de ser quebrado por mala administración, basificar a unos 10 mil empleados de confianza y donar la Casa de Veracruz como parte de una rijosa estrategia para la nueva administración estatal que en dos años no tendrá tiempo ni dinero para cumplir.
Tras la solicitud de la Presidencia de la República a la Procuraduría General de la República para que promueva acciones de inconstitucionalidad en contra de la designación del Fiscal Anticorrupción, el gobernador dio marcha atrás en el tema anticorrupción.
Sin embargo, quedan en la mesa de discusión la modificación del fideicomiso del 3 por ciento a la nómina y la basificación de miles de burócratas que significará un desfalco a las finanzas estatales al desviar recursos de un lado para otro.
Y mientras que los empresarios y la oposición lloran de impotencia ante la mayoría priísta dispuesta a aprobar las iniciativas del Ejecutivo, las acciones de inconstitucionalidad se convierten en las únicas opciones para revertir a posteriori las decisiones de la mayoría parlamentaria.
Ya en lo más álgido de las andanadas en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, después de dos meses los diputados federales del PRI y del PVEM de Veracruz salieron al paso con el único argumento de que ha sido el gobernante con la mayor cantidad de sufragios que le da irrefutable legitimidad.
En una carta abierta aluden al Sistema Nacional Anticorrupción los diputados federales que desde hace meses no se observan en Veracruz se declaran a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en estricto apego a la ley, sin distorsiones ni venganzas derivadas de cálculos políticos.
Los legisladores federales, algunos de ellos también en expedientes de la PGR por su actuar como funcionarios de la administración estatal, manifiestan estar de acuerdo con el interés del Presidente de la República y del Gobernador Javier Duarte en la creación de instituciones sólidas que castiguen los actos de corrupción y combatan la impunidad.
Duarte acorralado repliega
La decisión de Javier Duarte de Ochoa para blindar su salida desde el Poder Legislativo se convirtió en un factor de alto riesgo para su propia salida que incluso, podría adelantarse en condiciones impredecibles a pesar del corto periodo que le resta en el cargo.
La presión ejercida por la oposición tras la obtención de la gubernatura el pasado 5 de junio dio resultados y este lunes la propia Presidencia de la República intervino para frenar al Congreso Local y al gobernador con lo que el PAN bautizó como paquete de impunidad.
Las propuestas de Javier Duarte contemplan desde el cambio del uso del impuesto del fideicomiso del 3 por ciento a la nómina para pagar a todo tipo de proveedores del gobierno, la creación de una sala anticorrupción y un fiscal para combate a hechos de corrupción de servidores públicos, la donación de 10 inmuebles al IPE para inyectarle liquidez después de ser quebrado por mala administración, basificar a unos 10 mil empleados de confianza y donar la Casa de Veracruz como parte de una rijosa estrategia para la nueva administración estatal que en dos años no tendrá tiempo ni dinero para cumplir.
Tras la solicitud de la Presidencia de la República a la Procuraduría General de la República para que promueva acciones de inconstitucionalidad en contra de la designación del Fiscal Anticorrupción, el gobernador dio marcha atrás en el tema anticorrupción.
Sin embargo, quedan en la mesa de discusión la modificación del fideicomiso del 3 por ciento a la nómina y la basificación de miles de burócratas que significará un desfalco a las finanzas estatales al desviar recursos de un lado para otro.
Y mientras que los empresarios y la oposición lloran de impotencia ante la mayoría priísta dispuesta a aprobar las iniciativas del Ejecutivo, las acciones de inconstitucionalidad se convierten en las únicas opciones para revertir a posteriori las decisiones de la mayoría parlamentaria.
Ya en lo más álgido de las andanadas en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, después de dos meses los diputados federales del PRI y del PVEM de Veracruz salieron al paso con el único argumento de que ha sido el gobernante con la mayor cantidad de sufragios que le da irrefutable legitimidad.
En una carta abierta aluden al Sistema Nacional Anticorrupción los diputados federales que desde hace meses no se observan en Veracruz se declaran a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en estricto apego a la ley, sin distorsiones ni venganzas derivadas de cálculos políticos.
Los legisladores federales, algunos de ellos también en expedientes de la PGR por su actuar como funcionarios de la administración estatal, manifiestan estar de acuerdo con el interés del Presidente de la República y del Gobernador Javier Duarte en la creación de instituciones sólidas que castiguen los actos de corrupción y combatan la impunidad.
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