Ciudad de México.- Para echar a andar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México no sólo se necesita el marco legal, sino al menos 131 millones 361 mil 20 pesos.
Además, dichos recursos deberán provenir de los impuestos de los capitalinos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2017.
De acuerdo con el Sumario Ejecutivo del Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción (Coipisa) de la Ciudad de México –cuya copia tiene apro–, ese cálculo de recursos serviría para contratar a personal administrativo, generar infraestructura inmobiliaria y tecnológica, así como capacitar al personal que se enfoque en la materia.
Según el documento elaborado por dicho Consejo, de ese monto, 109 millones 629 mil 651 pesos anuales serían ocupados para solventar las necesidades de Recursos Humanos: contratación de magistrados, directores ejecutivos y subdirectores, coordinadores, jefes de unidad departamental (JUD), contralores y subcontralores internos, líderes coordinadores de proyectos y enlaces administrativos.
Estos nuevos burócratas serían contratados en tan solo tres organismos descentralizados y dependencias del gobierno de Miguel Ángel Mancera: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF) y la Contraloría General de la Ciudad de México.
La lucha contra la corrupción en la capital implicaría, por ejemplo, destinar 9 millones 168 mil 496 pesos anuales para pagar el trabajo de tres magistrados del TCA, lo que representa 254 mil 680 pesos al mes; es decir, 8 mil 739 pesos de salario al día.
Ese sueldo significa más del doble de los alrededor de 105 mil pesos mensuales que gana el mismo jefe de gobierno.
La Contraloría General, por su parte, necesitará tres directores ejecutivos a los que les pagará 3 millones 40 mil 576 pesos al año, es decir, 84 mil 460 pesos al mes. En tanto, el InfoDF requerirá 10 nuevas plazas con sueldos mensuales de 25 mil 433 pesos.
Respecto a los gastos por el concepto de Recursos Materiales, según el Coipisa, se necesitarán 7 millones 868 mil 968 pesos, mientras que para Recursos Tecnológicos serán necesarios 7 millones 72 mil 400 pesos, capacitación 390 mil pesos y Servicios Generales, 6 millones 400 mil pesos.
El Sumario explica: “Debido al monto y a que no se cuenta con una partida presupuestal en los egresos autorizados en el ejercicio 2016; sugerimos se presente ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que se contemple una partida para la implementación del Sistema Anticorrupción” capitalino.
De hecho, el pasado viernes 15 al recibir el informe final del Consejo, el mismo Mancera Espinosa hizo un llamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, “para que podamos analizar con el tiempo suficiente, qué se va a requerir para el próximo presupuesto federal en esta materia de implementación del Sistema Anticorrupción”, dijo.
Según el contralor general, Eduardo Rovelo, estas cifras “son cuestiones estimadas. El sistema es para más, tiene que ver recurso tecnológico, recurso humano, recurso institucional, armonización jurídica y legislativa. Y eso no es cualquier cosa, tiene que haber un presupuesto suficiente para que se pueda poner en marcha el sistema”.}
En entrevista con apro, comenta que estas estimaciones son un avance de todo el trabajo que el gobierno capitalino hizo para la creación del sistema anticorrupción local, como adelanto a lo que el gobierno federal presentará la próxima semana para dar el paso siguiente en la implementación del sistema a nivel nacional.
Más leyes, más rigor
Por mandato del jefe de gobierno, el Coipisa se conformó el 16 de diciembre de 2015 como un órgano de cooperación y colaboración entre la sociedad y el gobierno capitalino.
Su propósito principal fue generar las bases para la integración e implementación del sistema anticorrupción local con base en el decreto para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de las entidades federativas para construir el suyo propio.
Desde entonces, según el Sumario Ejecutivo del Coipisa, se realizaron cuatro sesiones, en los que se lograron 30 acuerdos. Para ello participaron 80 servidores públicos y 11 organizaciones no gubernamentales, además de asociaciones civiles.
También colaboró la academia –incluido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)–, cámaras de comercio y organizaciones internacionales como la representación para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
La elaboración de este diagnóstico se construyó con base en el análisis de siete equipos de trabajo con diferentes temáticas: administrativa, penal, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, financiera, tecnológica y jurídico-político-legislativo.
Estos equipos analizaron 20 leyes y reglamentos vigentes, incluida la Constitución Política del país; 18 iniciativas de ley y políticas nacionales e internacionales, diversas disposiciones en materia de anticorrupción, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
Incluso, revisaron las estructuras orgánicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia local, el InfoDF y la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
De ese trabajo, según el Sumario Ejecutivo, se diagnostica la necesidad de hacer la reestructuración orgánica del TCA y de la Contraloría General del gobierno local.
También se propone reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la PGJ, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica de la Administración Pública; así como los reglamentos interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y el de la Ley Orgánica de la PGJ local.
Pero según los expertos, también será necesario crear tres leyes: la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, la del Sistema Anticorrupción local y la de Intervenciones, así como el Código del Régimen de Control Interno de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la capital.
Al mismo tiempo, propone la creación de la Licitación Pública Electrónica, con el propósito de “contar con un mecanismo electrónico de licitaciones públicas automatizado, transparente, con un enfoque moderno, tendiente a prevenir la comisión de actos de corrupción en el ejercicio del gasto público”.
Todo este conjunto de medidas, según el Coipisa, estarán condensadas en un apartado de “propuestas de principios y articulados” que se integrarán a la propuesta para elaborar la Constitución Política de la Ciudad de México.
El reto
Ricardo Rovelo, contralor general del gobierno de la Ciudad de México, destaca la importancia de este trabajo hecho durante los últimos seis meses en la capital del país.
“Este es un primer piso, nadie lo tiene a nivel nacional. La parte de la Federación al expedir la Ley General, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley Nacional en materia de Fiscalización son algo general”.
Según su visión, el problema se presentará “en cómo vamos a armonizar los estados y cómo se van a respetar las autonomías de las entidades. Si bien es cierto que quien va a coordinar todo este sistema es la federación a través de este gran sistema, lo que tenemos que hacer las entidades es un espejo de lo que se va a promulgar el lunes”.
Y entonces destaca que muchas de las medidas planteadas por el Coipisa “no se van a compaginar con las leyes generales, porque no existía, pero al menos ya fuimos trazando algunos temas, delineando algunas competencias, viendo algunos rubros que consideramos importantes, sobre todo en algo muy importante que es cómo fue que dividimos las mesas de trabajo por equipos”.
Para el funcionario, el reto está en “empezar a tejer la parte presupuestal de manera fina. El sistema no va a funcionar si no se integra los eslabones para que gire la maquinaria”.
De acuerdo con lo estipulado por el gobierno federal, el artículo transitorio para la armonización jurídica de la Ley es de seis meses. Luego, deberá comenzar la implementación de acuerdo con lo que determine cada entidad federativa.
“Éste es nuestro espejo, que es crear el sistema local, que sea el símil del nacional y las figuras que ahí contempla, pues hacer lo propio nosotros”
Se trata, agrega, de “un gran avance porque al menos ya fija algunas rutas. Todas las entidades van a esperar la promulgación y una vez que se promulgue la ley van a hacer un copy paste como pasó en la ley de Transparencia y van a hacer sus leyes del sistema local de acuerdo a lo federal. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande y ya tenemos avances”.
Por último, el contralor reconoce que estas medidas servirán para garantizar la correcta ejecución del recurso público y sancionar a los servidores públicos que cometan alguna conducta de corrupción.
Sin embargo, asegura que el problema de la corrupción que a diario se ve en la calle, con los policías, los franeleros, los coyotes y los trámites en ventanillas “es un tema de percepción que lo traemos culturalmente arraigado y sólo se verá cuando la sociedad cambie. La ley puede ser válida, pero no eficaz”.
Además, dichos recursos deberán provenir de los impuestos de los capitalinos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2017.
De acuerdo con el Sumario Ejecutivo del Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción (Coipisa) de la Ciudad de México –cuya copia tiene apro–, ese cálculo de recursos serviría para contratar a personal administrativo, generar infraestructura inmobiliaria y tecnológica, así como capacitar al personal que se enfoque en la materia.
Según el documento elaborado por dicho Consejo, de ese monto, 109 millones 629 mil 651 pesos anuales serían ocupados para solventar las necesidades de Recursos Humanos: contratación de magistrados, directores ejecutivos y subdirectores, coordinadores, jefes de unidad departamental (JUD), contralores y subcontralores internos, líderes coordinadores de proyectos y enlaces administrativos.
Estos nuevos burócratas serían contratados en tan solo tres organismos descentralizados y dependencias del gobierno de Miguel Ángel Mancera: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF) y la Contraloría General de la Ciudad de México.
La lucha contra la corrupción en la capital implicaría, por ejemplo, destinar 9 millones 168 mil 496 pesos anuales para pagar el trabajo de tres magistrados del TCA, lo que representa 254 mil 680 pesos al mes; es decir, 8 mil 739 pesos de salario al día.
Ese sueldo significa más del doble de los alrededor de 105 mil pesos mensuales que gana el mismo jefe de gobierno.
La Contraloría General, por su parte, necesitará tres directores ejecutivos a los que les pagará 3 millones 40 mil 576 pesos al año, es decir, 84 mil 460 pesos al mes. En tanto, el InfoDF requerirá 10 nuevas plazas con sueldos mensuales de 25 mil 433 pesos.
Respecto a los gastos por el concepto de Recursos Materiales, según el Coipisa, se necesitarán 7 millones 868 mil 968 pesos, mientras que para Recursos Tecnológicos serán necesarios 7 millones 72 mil 400 pesos, capacitación 390 mil pesos y Servicios Generales, 6 millones 400 mil pesos.
El Sumario explica: “Debido al monto y a que no se cuenta con una partida presupuestal en los egresos autorizados en el ejercicio 2016; sugerimos se presente ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que se contemple una partida para la implementación del Sistema Anticorrupción” capitalino.
De hecho, el pasado viernes 15 al recibir el informe final del Consejo, el mismo Mancera Espinosa hizo un llamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, “para que podamos analizar con el tiempo suficiente, qué se va a requerir para el próximo presupuesto federal en esta materia de implementación del Sistema Anticorrupción”, dijo.
Según el contralor general, Eduardo Rovelo, estas cifras “son cuestiones estimadas. El sistema es para más, tiene que ver recurso tecnológico, recurso humano, recurso institucional, armonización jurídica y legislativa. Y eso no es cualquier cosa, tiene que haber un presupuesto suficiente para que se pueda poner en marcha el sistema”.}
En entrevista con apro, comenta que estas estimaciones son un avance de todo el trabajo que el gobierno capitalino hizo para la creación del sistema anticorrupción local, como adelanto a lo que el gobierno federal presentará la próxima semana para dar el paso siguiente en la implementación del sistema a nivel nacional.
Más leyes, más rigor
Por mandato del jefe de gobierno, el Coipisa se conformó el 16 de diciembre de 2015 como un órgano de cooperación y colaboración entre la sociedad y el gobierno capitalino.
Su propósito principal fue generar las bases para la integración e implementación del sistema anticorrupción local con base en el decreto para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de las entidades federativas para construir el suyo propio.
Desde entonces, según el Sumario Ejecutivo del Coipisa, se realizaron cuatro sesiones, en los que se lograron 30 acuerdos. Para ello participaron 80 servidores públicos y 11 organizaciones no gubernamentales, además de asociaciones civiles.
También colaboró la academia –incluido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)–, cámaras de comercio y organizaciones internacionales como la representación para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
La elaboración de este diagnóstico se construyó con base en el análisis de siete equipos de trabajo con diferentes temáticas: administrativa, penal, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, financiera, tecnológica y jurídico-político-legislativo.
Estos equipos analizaron 20 leyes y reglamentos vigentes, incluida la Constitución Política del país; 18 iniciativas de ley y políticas nacionales e internacionales, diversas disposiciones en materia de anticorrupción, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
Incluso, revisaron las estructuras orgánicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia local, el InfoDF y la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
De ese trabajo, según el Sumario Ejecutivo, se diagnostica la necesidad de hacer la reestructuración orgánica del TCA y de la Contraloría General del gobierno local.
También se propone reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la PGJ, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica de la Administración Pública; así como los reglamentos interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y el de la Ley Orgánica de la PGJ local.
Pero según los expertos, también será necesario crear tres leyes: la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, la del Sistema Anticorrupción local y la de Intervenciones, así como el Código del Régimen de Control Interno de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la capital.
Al mismo tiempo, propone la creación de la Licitación Pública Electrónica, con el propósito de “contar con un mecanismo electrónico de licitaciones públicas automatizado, transparente, con un enfoque moderno, tendiente a prevenir la comisión de actos de corrupción en el ejercicio del gasto público”.
Todo este conjunto de medidas, según el Coipisa, estarán condensadas en un apartado de “propuestas de principios y articulados” que se integrarán a la propuesta para elaborar la Constitución Política de la Ciudad de México.
El reto
Ricardo Rovelo, contralor general del gobierno de la Ciudad de México, destaca la importancia de este trabajo hecho durante los últimos seis meses en la capital del país.
“Este es un primer piso, nadie lo tiene a nivel nacional. La parte de la Federación al expedir la Ley General, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley Nacional en materia de Fiscalización son algo general”.
Según su visión, el problema se presentará “en cómo vamos a armonizar los estados y cómo se van a respetar las autonomías de las entidades. Si bien es cierto que quien va a coordinar todo este sistema es la federación a través de este gran sistema, lo que tenemos que hacer las entidades es un espejo de lo que se va a promulgar el lunes”.
Y entonces destaca que muchas de las medidas planteadas por el Coipisa “no se van a compaginar con las leyes generales, porque no existía, pero al menos ya fuimos trazando algunos temas, delineando algunas competencias, viendo algunos rubros que consideramos importantes, sobre todo en algo muy importante que es cómo fue que dividimos las mesas de trabajo por equipos”.
Para el funcionario, el reto está en “empezar a tejer la parte presupuestal de manera fina. El sistema no va a funcionar si no se integra los eslabones para que gire la maquinaria”.
De acuerdo con lo estipulado por el gobierno federal, el artículo transitorio para la armonización jurídica de la Ley es de seis meses. Luego, deberá comenzar la implementación de acuerdo con lo que determine cada entidad federativa.
“Éste es nuestro espejo, que es crear el sistema local, que sea el símil del nacional y las figuras que ahí contempla, pues hacer lo propio nosotros”
Se trata, agrega, de “un gran avance porque al menos ya fija algunas rutas. Todas las entidades van a esperar la promulgación y una vez que se promulgue la ley van a hacer un copy paste como pasó en la ley de Transparencia y van a hacer sus leyes del sistema local de acuerdo a lo federal. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande y ya tenemos avances”.
Por último, el contralor reconoce que estas medidas servirán para garantizar la correcta ejecución del recurso público y sancionar a los servidores públicos que cometan alguna conducta de corrupción.
Sin embargo, asegura que el problema de la corrupción que a diario se ve en la calle, con los policías, los franeleros, los coyotes y los trámites en ventanillas “es un tema de percepción que lo traemos culturalmente arraigado y sólo se verá cuando la sociedad cambie. La ley puede ser válida, pero no eficaz”.
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