Estado de México.- La Consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) detectó inconsistencias y diferencias por 296 millones de pesos en la auditoría aplicada al Viaducto Elevado Bicentenario, construido por la empresa OHL.
La revisión fue ordenada hace más de un año por el gobierno mexiquense tras el escándalo de presunta corrupción en que incurrió Apolinar Mena como secretario de Comunicaciones.
Al funcionario, hoy secretario técnico del gabinete estatal, se le escuchó en llamadas telefónicas difundidas por redes sociales gestionar vacaciones para su familia en un hotel de la Riviera Maya operado por el mismo consorcio español, mientras los directivos hablaron de sobrecostos en la obra y en las tarifas de peaje.
Derivado de la auditoría, las autoridades mexiquenses adelantaron que sancionarán a la empresa española con una multa cuyo monto se dará a conocer el lunes 22.
PWC entregó ayer jueves a la Secretaría de la Contraloría estatal los resultados de la revisión técnica, legal y financiera de la concesión.
El despacho además reconoce información y documentación insuficiente para estimar ingresos de la empresa y justificar los incrementos autorizados a las tarifas.
Al revisar la etapa 1 de la obra, la consultora encontró generadores insuficientes por 37 millones de pesos; en el sistema de peaje reveló discrepancias por 197 millones, y se detectaron 62 millones en diferencias por ajuste de costos.
En la etapa 2 del Viaducto, “las estimaciones con generadores insuficientes ascienden a 38.67 millones de pesos, equivalentes a 4% del total de la muestra analizada”.
No obstante, la evaluación del ajuste de costos en esta etapa no se concluyó “debido a la falta de información de los conceptos extraordinarios”.
Arguyendo sobreinversión en la primera etapa, “a los costos de las obras de la etapa II y III se les aplicó un factor paramétrico de 190 y 200%, respectivamente”.
Sin embargo, admite el auditor, “a la fecha no se encuentra evidencia documental que justifique tales incrementos paramétricos en relación con el cambio autorizado en 2011, y el Acuerdo 01/2011 es omiso respecto de estos costos que tendrían lugar, en su caso, a partir de los años 2016 para la etapa II y 2027 para la etapa III”.
PWC considera que “el cambio del plan de financiamiento de las tres etapas no tiene sustento respecto del programa de amortización incluido en el Anexo 4 Modificado, toda vez que en éste se incluye un programa de amortización que requiere todo el plazo de la concesión para pagar el crédito (hay amortizaciones hasta el último año)”. Es decir, el incremento en todo caso debió ser paulatino y sostenido, pero no de golpe.
“El modelo financiero, con base en el cual se realizó el Anexo 4 Modificado, utiliza una tarifa menor a la autorizada para el cálculo de sus ingresos con un escenario de tráfico específico”, pero la estimación de los ingresos del Anexo original no se pudo determinar ni comparar porque “no se tiene evidencia del tráfico utilizado”.
Price Waterhouse Coopers tampoco tuvo acceso a documentos para dar seguimiento a la “Carta-Compromiso suscrita el 22 de diciembre de 2014 entre el gobierno mexiquense y OHL sobre la ampliación del Viaducto Bicentenario en el Tramo del Toreo a Lomas Verdes, en la que se estableció el compromiso para acordar un nuevo régimen tarifario y un plazo adicional para la vigencia de la concesión, que compensen financieramente la inversión incurrida y permitan a la concesionaria recuperar la TIR a que tiene derecho”.
La evidencia para soportar el aumento de costos de operación y mantenimiento del Acuerdo 001/2011, prosiguió, es “parcial”.
En el resumen dado a conocer por el gobierno mexiquense –la Consultora estableció como candado que sólo puede ser conocido por su contratante– no se encontraron evidencias de cambios y trabajos adicionales a la obra, “como lo requieren las condiciones Tercera y Décima Primera del Título de Concesión”, salvo por la autorización para la construcción de cuatro carriles del tramo Lomas Verdes-Toreo de Cuatro Caminos, contenida en el oficio 211D1000/950 del 30 de noviembre de 2012.
Por último, se acotó que el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo con las bases del concurso, la adjudicación fue conforme a derecho, el proceso se apegó a la normatividad y la modificación al título de concesión fue conforme a las normas vigentes.
La revisión fue ordenada hace más de un año por el gobierno mexiquense tras el escándalo de presunta corrupción en que incurrió Apolinar Mena como secretario de Comunicaciones.
Al funcionario, hoy secretario técnico del gabinete estatal, se le escuchó en llamadas telefónicas difundidas por redes sociales gestionar vacaciones para su familia en un hotel de la Riviera Maya operado por el mismo consorcio español, mientras los directivos hablaron de sobrecostos en la obra y en las tarifas de peaje.
Derivado de la auditoría, las autoridades mexiquenses adelantaron que sancionarán a la empresa española con una multa cuyo monto se dará a conocer el lunes 22.
PWC entregó ayer jueves a la Secretaría de la Contraloría estatal los resultados de la revisión técnica, legal y financiera de la concesión.
El despacho además reconoce información y documentación insuficiente para estimar ingresos de la empresa y justificar los incrementos autorizados a las tarifas.
Al revisar la etapa 1 de la obra, la consultora encontró generadores insuficientes por 37 millones de pesos; en el sistema de peaje reveló discrepancias por 197 millones, y se detectaron 62 millones en diferencias por ajuste de costos.
En la etapa 2 del Viaducto, “las estimaciones con generadores insuficientes ascienden a 38.67 millones de pesos, equivalentes a 4% del total de la muestra analizada”.
No obstante, la evaluación del ajuste de costos en esta etapa no se concluyó “debido a la falta de información de los conceptos extraordinarios”.
Arguyendo sobreinversión en la primera etapa, “a los costos de las obras de la etapa II y III se les aplicó un factor paramétrico de 190 y 200%, respectivamente”.
Sin embargo, admite el auditor, “a la fecha no se encuentra evidencia documental que justifique tales incrementos paramétricos en relación con el cambio autorizado en 2011, y el Acuerdo 01/2011 es omiso respecto de estos costos que tendrían lugar, en su caso, a partir de los años 2016 para la etapa II y 2027 para la etapa III”.
PWC considera que “el cambio del plan de financiamiento de las tres etapas no tiene sustento respecto del programa de amortización incluido en el Anexo 4 Modificado, toda vez que en éste se incluye un programa de amortización que requiere todo el plazo de la concesión para pagar el crédito (hay amortizaciones hasta el último año)”. Es decir, el incremento en todo caso debió ser paulatino y sostenido, pero no de golpe.
“El modelo financiero, con base en el cual se realizó el Anexo 4 Modificado, utiliza una tarifa menor a la autorizada para el cálculo de sus ingresos con un escenario de tráfico específico”, pero la estimación de los ingresos del Anexo original no se pudo determinar ni comparar porque “no se tiene evidencia del tráfico utilizado”.
Price Waterhouse Coopers tampoco tuvo acceso a documentos para dar seguimiento a la “Carta-Compromiso suscrita el 22 de diciembre de 2014 entre el gobierno mexiquense y OHL sobre la ampliación del Viaducto Bicentenario en el Tramo del Toreo a Lomas Verdes, en la que se estableció el compromiso para acordar un nuevo régimen tarifario y un plazo adicional para la vigencia de la concesión, que compensen financieramente la inversión incurrida y permitan a la concesionaria recuperar la TIR a que tiene derecho”.
La evidencia para soportar el aumento de costos de operación y mantenimiento del Acuerdo 001/2011, prosiguió, es “parcial”.
En el resumen dado a conocer por el gobierno mexiquense –la Consultora estableció como candado que sólo puede ser conocido por su contratante– no se encontraron evidencias de cambios y trabajos adicionales a la obra, “como lo requieren las condiciones Tercera y Décima Primera del Título de Concesión”, salvo por la autorización para la construcción de cuatro carriles del tramo Lomas Verdes-Toreo de Cuatro Caminos, contenida en el oficio 211D1000/950 del 30 de noviembre de 2012.
Por último, se acotó que el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo con las bases del concurso, la adjudicación fue conforme a derecho, el proceso se apegó a la normatividad y la modificación al título de concesión fue conforme a las normas vigentes.
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