Sonora.- Luego de conocerse el caso de “Citlali”, una niña indígena de 13 años que fue violada y a la que personal del Hospital de la Mujer de Hermosillo le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo, el gobierno de Sonora justificó hoy que debido a que un juez clasificó el delito como estupro, “las autoridades de Salud estatal no están obligadas a acatar aquella determinación”.
En un comunicado, el gobierno de la priista Claudia Pavlovich argumentó que “tratándose del delito de estupro no se permite interrumpir un embarazo, razón por la cual la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente para cumplir con la solicitud del padre de la menor”.
Por ello, acota, la atención a la menor de edad indígena “se dirige a los servicios de salud, asistencia sicológica, legal y de protección de sus derechos”.
Incluso, detalla que varias dependencias trabajan en el caso, entre ellas la Secretaría de Salud, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hace una semana Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reveló que la afectada fue a denunciar la agresión “y en el Ministerio Público no le dijeron que tenía derecho a la anticoncepción de emergencia, con lo que se hubiera evitado el embarazo, tampoco le informaron sobre los medicamentos antirretrovirales para evitar enfermedades de transmisión sexual.
“Pidió la interrupción y estuvieron en comunicación MP y Salud, y Salud le dijo al Ministerio que no iba a interrumpir”, lamentó en entrevista con las agencias Apro-cimac.
Esto, precisó Tamés, a pesar de que por ley la niña indígena debería tener acceso a la interrupción.
“Hoy en día en México, a pesar de que la ley autoriza a niñas violadas a interrumpir el embarazo y está sustentado por normas técnicas y científicas avaladas por la Secretaría de Salud federal, las autoridades con la mano en la cintura están diciéndoles a estas niñas: ‘Tienes que continuar con el embarazo'”, acusó.
En un comunicado, el gobierno de la priista Claudia Pavlovich argumentó que “tratándose del delito de estupro no se permite interrumpir un embarazo, razón por la cual la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente para cumplir con la solicitud del padre de la menor”.
Por ello, acota, la atención a la menor de edad indígena “se dirige a los servicios de salud, asistencia sicológica, legal y de protección de sus derechos”.
Incluso, detalla que varias dependencias trabajan en el caso, entre ellas la Secretaría de Salud, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hace una semana Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reveló que la afectada fue a denunciar la agresión “y en el Ministerio Público no le dijeron que tenía derecho a la anticoncepción de emergencia, con lo que se hubiera evitado el embarazo, tampoco le informaron sobre los medicamentos antirretrovirales para evitar enfermedades de transmisión sexual.
“Pidió la interrupción y estuvieron en comunicación MP y Salud, y Salud le dijo al Ministerio que no iba a interrumpir”, lamentó en entrevista con las agencias Apro-cimac.
Esto, precisó Tamés, a pesar de que por ley la niña indígena debería tener acceso a la interrupción.
“Hoy en día en México, a pesar de que la ley autoriza a niñas violadas a interrumpir el embarazo y está sustentado por normas técnicas y científicas avaladas por la Secretaría de Salud federal, las autoridades con la mano en la cintura están diciéndoles a estas niñas: ‘Tienes que continuar con el embarazo'”, acusó.
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