Por: Javier Herrera Borunda
El pacto social que nos une demanda consensos en el disenso
El pacto social de una nación se sustenta en el consenso de voluntades que permita propiciar una convivencia armónica entre sus habitantes, que además de estar unidos por lazos de vecindad lo están por profundos vínculos culturales, económicos y sociales. Para llegar a él no todos tenemos que pensar igual, pero sí el derecho a expresar nuestro pensamiento, ahí radica la libertad, sin duda, el bien más preciado con el que cuenta el ser humano; pero también tenemos la obligación de ser capaces de en el disenso llegar al consenso en beneficio de todos.
A lo largo de la historia, grandes teóricos de las ciencias, tanto exactas como sociales, incluidos los contemporáneos, nos han compartido sus conocimientos para alcanzar los estadios de desarrollo integral que hemos alcanzado, ello nos ha permitido equilibrar nuestras debilidades y fortalezas unidos en ese pacto social cuyo principal anhelo es crear las condiciones para vivir en una sociedad en la que nos distinga la búsqueda por una sociedad igualitaria y el estado de derecho prevalezca por encima de los intereses particulares.
La gobernabilidad de una nación está implícita en el pacto social que la une y corresponde al Estado hacerla realidad. En el caso del Estado mexicano, hemos priorizado un país en paz, con instituciones sólidas; incluyente, y capaz de convertir los ideales en obras y acciones concretas. Es garante, como lo estable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de salvaguardar los derechos y garantías a las que tenemos derecho todos los mexicanos: salud, educación, trabajo digno, arte y cultura, ciencia y tecnología, seguridad, respeto al medio ambiente y al patrimonio histórico, democracia, justicia, y derechos humanos.
Para ello, el Estado mexicano requiere contar con los recursos necesarios que le permitan distribuir la riqueza nacional de una manera equitativa entre todos sus habitantes. La actividad empresarial, incluidas las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, son uno de los principales motores de nuestra economía, que aunado a la capacidad del gobierno para generar riqueza a través de los recursos naturales que por ley le corresponden, garantizan al Estado cumplir con los compromisos tanto nacionales como internacionales que ha asumido por consenso entre los tres Poderes de la Unión.
Lamentablemente en los últimos meses un desacuerdo con las autoridades educativas del país, generado por un sector del magisterio nacional ante las exigencias que plantea a los educadores la Reforma Educativa, encontró como estrategia para que sus demandas fueran escuchadas bloquear diversas vías de comunicación en diversos estados de la República, de manera significativa en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, impidiendo con ello el libre tránsito de personas y mercancías, aunado a realizar plantones en algunas ciudades, afectando con ello de manera muy significativa al comercio establecido, al medio ambiente y al turismo.
Estos hechos han repercutido en cuantiosas pérdidas, no sólo económicas ante la imposibilidad de mantener un flujo constante y expedito de innumerables mercancías que se mueven la economía nacional, también se ha generado desabasto y en diversas ocasiones se han visto lastimadas la convivencia social y la paz.
El gobierno mexicano se ha esforzado por lograr, a través del diálogo, llegar a acuerdos evitando el uso de la fuerza pública, sin embargo, en el respeto a los derechos de los demandantes a manifestar sus exigencias, también entran en juego los derechos de miles de mexicanos que desean conservar sus trabajos, circular libremente y encontrar condiciones óptimas para llevar a cabo sus actividades cotidianas.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, comprendiendo los principales intereses de la ciudadanía manifiestos en el pacto social que nos une, y del empresariado tanto nacional como local, enfatiza el llamado urgente hecho por las diversas Cámaras de Comercio e Industriales para llegar a un consenso y conmina a los miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que participan en los bloqueos en las diferentes entidades afectadas para que continúen el proceso de negociación de sus legítimas demandas, exhortándolos a que permitan el libre paso de mercancías y productos y el desarrollo de la actividad empresarial en las zonas afectadas. Asimismo, al sector empresarial lo invita a continuar haciendo llegar sus demandas a las autoridades, confiando en las acciones del Gobierno Federal que se ha mostrado comprometido con el sector y sus necesidades.
El pacto social que nos une demanda consensos en el disenso
El pacto social de una nación se sustenta en el consenso de voluntades que permita propiciar una convivencia armónica entre sus habitantes, que además de estar unidos por lazos de vecindad lo están por profundos vínculos culturales, económicos y sociales. Para llegar a él no todos tenemos que pensar igual, pero sí el derecho a expresar nuestro pensamiento, ahí radica la libertad, sin duda, el bien más preciado con el que cuenta el ser humano; pero también tenemos la obligación de ser capaces de en el disenso llegar al consenso en beneficio de todos.
A lo largo de la historia, grandes teóricos de las ciencias, tanto exactas como sociales, incluidos los contemporáneos, nos han compartido sus conocimientos para alcanzar los estadios de desarrollo integral que hemos alcanzado, ello nos ha permitido equilibrar nuestras debilidades y fortalezas unidos en ese pacto social cuyo principal anhelo es crear las condiciones para vivir en una sociedad en la que nos distinga la búsqueda por una sociedad igualitaria y el estado de derecho prevalezca por encima de los intereses particulares.
La gobernabilidad de una nación está implícita en el pacto social que la une y corresponde al Estado hacerla realidad. En el caso del Estado mexicano, hemos priorizado un país en paz, con instituciones sólidas; incluyente, y capaz de convertir los ideales en obras y acciones concretas. Es garante, como lo estable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de salvaguardar los derechos y garantías a las que tenemos derecho todos los mexicanos: salud, educación, trabajo digno, arte y cultura, ciencia y tecnología, seguridad, respeto al medio ambiente y al patrimonio histórico, democracia, justicia, y derechos humanos.
Para ello, el Estado mexicano requiere contar con los recursos necesarios que le permitan distribuir la riqueza nacional de una manera equitativa entre todos sus habitantes. La actividad empresarial, incluidas las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, son uno de los principales motores de nuestra economía, que aunado a la capacidad del gobierno para generar riqueza a través de los recursos naturales que por ley le corresponden, garantizan al Estado cumplir con los compromisos tanto nacionales como internacionales que ha asumido por consenso entre los tres Poderes de la Unión.
Lamentablemente en los últimos meses un desacuerdo con las autoridades educativas del país, generado por un sector del magisterio nacional ante las exigencias que plantea a los educadores la Reforma Educativa, encontró como estrategia para que sus demandas fueran escuchadas bloquear diversas vías de comunicación en diversos estados de la República, de manera significativa en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, impidiendo con ello el libre tránsito de personas y mercancías, aunado a realizar plantones en algunas ciudades, afectando con ello de manera muy significativa al comercio establecido, al medio ambiente y al turismo.
Estos hechos han repercutido en cuantiosas pérdidas, no sólo económicas ante la imposibilidad de mantener un flujo constante y expedito de innumerables mercancías que se mueven la economía nacional, también se ha generado desabasto y en diversas ocasiones se han visto lastimadas la convivencia social y la paz.
El gobierno mexicano se ha esforzado por lograr, a través del diálogo, llegar a acuerdos evitando el uso de la fuerza pública, sin embargo, en el respeto a los derechos de los demandantes a manifestar sus exigencias, también entran en juego los derechos de miles de mexicanos que desean conservar sus trabajos, circular libremente y encontrar condiciones óptimas para llevar a cabo sus actividades cotidianas.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, comprendiendo los principales intereses de la ciudadanía manifiestos en el pacto social que nos une, y del empresariado tanto nacional como local, enfatiza el llamado urgente hecho por las diversas Cámaras de Comercio e Industriales para llegar a un consenso y conmina a los miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que participan en los bloqueos en las diferentes entidades afectadas para que continúen el proceso de negociación de sus legítimas demandas, exhortándolos a que permitan el libre paso de mercancías y productos y el desarrollo de la actividad empresarial en las zonas afectadas. Asimismo, al sector empresarial lo invita a continuar haciendo llegar sus demandas a las autoridades, confiando en las acciones del Gobierno Federal que se ha mostrado comprometido con el sector y sus necesidades.
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