México.- La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México archivó el expediente de investigación contra Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer un “carpetazo” y consumarlo.
De acuerdo con el diario Reforma la PGJ capitalina archivó la investigación de la denuncia penal interpuesta en agosto de 2015 por inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco.
Según documentos judiciales y ministeriales citados por el diario, el 2 de marzo pasado la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, pero esta determinación pasa por encima de la resolución judicial que le impedía archivar el expediente.
En respuesta la defensa de Aramburuzabala interpuso en octubre pasado un recurso de amparo para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso y el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó el 3 de junio que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley.
El 15 de junio la Procuraduría presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal, para echar abajo el resolutivo donde el juez le atribuye el desacato.
Si bien el juez Díaz León estableció que hubo un desacato a la suspensión definitiva, no impuso una sanción a la PGJ ni denunció ante la PGR porque la dependencia local admitió las pruebas ofrecidas por Abilia, aunque ese trámite no derivó en el interrogatorio de los condóminos de Rubén Darío 223 -donde vive Pérez Romo- como lo solicitaba en su amparo.
La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza ignoró los reclamos y la resolución judicial. El pasado 8 de julio la PGJ notificó a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo y archivó el expediente.
Ante esta última omisión la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó un nuevo amparo, en el que ahora pide que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos al propio López Dóriga, refirió Reforma.
De acuerdo con el diario Reforma la PGJ capitalina archivó la investigación de la denuncia penal interpuesta en agosto de 2015 por inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco.
Según documentos judiciales y ministeriales citados por el diario, el 2 de marzo pasado la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, pero esta determinación pasa por encima de la resolución judicial que le impedía archivar el expediente.
En respuesta la defensa de Aramburuzabala interpuso en octubre pasado un recurso de amparo para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso y el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó el 3 de junio que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley.
El 15 de junio la Procuraduría presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal, para echar abajo el resolutivo donde el juez le atribuye el desacato.
Si bien el juez Díaz León estableció que hubo un desacato a la suspensión definitiva, no impuso una sanción a la PGJ ni denunció ante la PGR porque la dependencia local admitió las pruebas ofrecidas por Abilia, aunque ese trámite no derivó en el interrogatorio de los condóminos de Rubén Darío 223 -donde vive Pérez Romo- como lo solicitaba en su amparo.
La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza ignoró los reclamos y la resolución judicial. El pasado 8 de julio la PGJ notificó a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo y archivó el expediente.
Ante esta última omisión la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó un nuevo amparo, en el que ahora pide que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos al propio López Dóriga, refirió Reforma.
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