Ciudad de México.- Ante una posible alerta migratoria que no le permita salir del país, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, esposa del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita (“Capitán Tormenta”), solicitó un amparo a un juez federal en la Ciudad de México, tras darse a conocer que ambos son investigados por presunto desvío de recursos públicos.
De acuerdo con una nota del portal de noticias Animal Político, la demanda fue interpuesta el pasado 24 de octubre en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal.
En la demanda, Mendoza Hernández argumenta que la supuesta alerta migratoria le fue impuesta por orden de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), que sigue el caso de posible desvío de recursos y enriquecimiento ilícito de varios funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
No obstante, el juez negó la petición del amparo y programó una audiencia para el próximo jueves 10 de noviembre.
La nota mencionada indica que la demanda de amparo está radicada en el expediente 954/2016 y se suma a la que solicitó Arturo Bermúdez contra las investigaciones que sobre su persona hacen la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). No obstante, ésta aún se encuentra en trámite.Arturo Bermúdez Zurita, identificado hasta entonces con el indicativo “Capitán Tormenta”, renunció a la SSP de Veracruz el pasado 4 de agosto, tras la exhibición en el portal de Aristegui Noticias de poseer multipropiedades en el complejo residencial texano The Woodlands, valuados en 2.4 millones de dólares.
Según la investigación, el entonces funcionario compró bienes inmuebles en Texas a partir de agosto de 2012. Se le encontraron cinco casas –unas a su nombre y otras al de su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, quien era presidenta del patronato “Unidos por Ti”, del Voluntariado de la SSP.
El pasado 27 de octubre, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó del ejercicio de la acción penal contra los exsecretarios de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, respectivamente, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con una nota del portal de noticias Animal Político, la demanda fue interpuesta el pasado 24 de octubre en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal.
En la demanda, Mendoza Hernández argumenta que la supuesta alerta migratoria le fue impuesta por orden de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), que sigue el caso de posible desvío de recursos y enriquecimiento ilícito de varios funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
No obstante, el juez negó la petición del amparo y programó una audiencia para el próximo jueves 10 de noviembre.
La nota mencionada indica que la demanda de amparo está radicada en el expediente 954/2016 y se suma a la que solicitó Arturo Bermúdez contra las investigaciones que sobre su persona hacen la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). No obstante, ésta aún se encuentra en trámite.Arturo Bermúdez Zurita, identificado hasta entonces con el indicativo “Capitán Tormenta”, renunció a la SSP de Veracruz el pasado 4 de agosto, tras la exhibición en el portal de Aristegui Noticias de poseer multipropiedades en el complejo residencial texano The Woodlands, valuados en 2.4 millones de dólares.
Según la investigación, el entonces funcionario compró bienes inmuebles en Texas a partir de agosto de 2012. Se le encontraron cinco casas –unas a su nombre y otras al de su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, quien era presidenta del patronato “Unidos por Ti”, del Voluntariado de la SSP.
El pasado 27 de octubre, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó del ejercicio de la acción penal contra los exsecretarios de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, respectivamente, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
Proceso
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