Xalapa, Ver.- Al menos 90 diputados veracruzanos en dos legislaturas recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa, para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.
La corrupción dentro de la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa no sólo fue con funcionarios de su gabinete que desviaron recursos a empresas fantasma, sino con al menos 90 diputados locales, quienes en seis años recibieron alrededor 150 millones de pesos.
Los encargados de negociar con los legisladores veracruzanos fueron Gabriel de Antes, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y secretario del trabajo, el secretario particular de Duarte, José Ramón Cardeno Shaadi y el líder de la fracción priísta en la LXII Legislatura y hoy diputado federal, Jorge Carvallo Delfín.
En la lista de Duarte para sobornar a los diputados estuvieron también Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Calleja, presidente de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Erick Lagos Hernández.
Para recibir los sobornos, los legisladores del PRI trataban de manera directa con Cardeno Shadi en distintos puntos, entre ellos el aeropuerto de El Lencero en la capital Xalapa.
Entre tanto los legisladores de mayor rango en la Cámara de Diputados, como Carvallo, Lagos, Ortega y Callejas, siempre trataron de forma personal con el Gobernador para cabildear a sus colegas de oposición.
Duarte trabajó en su sexenio con la LXII y LXIII Legislaturas, cuyos integrantes aprobaron principalmente leyes, reformas, nombramiento de un fiscal general y aprobación de las cuentas públicas de seis ejercicios fiscales.
La PGR indica que Duarte de Ochoa es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.
Dicho dinero fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Mientras eso ocurría en las distintas secretarías del gabinete, el Poder Legislativo en Veracruz tampoco se salvó de la estructura operadora de Duarte de Ochoa, con la que corrompió al noventa por ciento de los congresistas locales en ese sexenio.
En un audio de una conversación telefónica, que circula en redes sociales, entre la presidenta de la mesa directiva del Congreso anterior, Octavia Ortega Arteaga y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ambos del PRI, parecen confirmar las informaciones del dinero que recibieron los ex diputados para aprobar las iniciativas de Duarte de Ochoa.
Los legisladores de la pasada administración en Veracruz hablan de “chocolates” para referirse al dinero público que repartieron a los legisladores, cuando al Gobernador le interesaba que sus iniciativas se aprobaran por mayoría o unanimidad y obtener consenso.
Aunque no se detalla qué iniciativa era de forma específica, Ortega Arteaga le dice a Nicolás Callejas en ese audio que ya habló con el Gobernador, porque algunos legisladores estaban pidiendo más dinero.
“Ya hablé con estos cabrones, les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte y que los chocolates que reciben de él no salían de la nada. Con la misma disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas”, menciona la legisladora.
El ex presidente de la Junta de Coordinación Política dijo en el audio filtrado a medios veracruzanos y potenciado en redes sociales, que él se encargaba de los diputados de casa para sacar adelante las iniciativas.
“Ya están planchados, los de casa. De los de casa me encargo yo. Tú céntrate en los demás. Por aquí no podemos hablar mucho, tú lo sabes. Si nos vemos al rato donde mismo platicamos. Ya quiero verte”, le explica Callejas a la presidenta de la mesa directiva en esa legislatura.
Ambos personajes fueron buscados para conocer sus versiones. Ninguno se comunicó con este medio para dar explicaciones respecto al audio que acompaña esta investigación.
En entrevista, bajo la condición del anonimato, un funcionario de altísimo nivel de Duarte de Ochoa, quien durante tres años tuvo poder de decisiones económicas en el gabinete, confirmó que al menos 150 millones de pesos fueron los que se entregaron a 90 diputados de ambas legislaturas.
Los 27 diputados de las fracciones tricolores en ambas legislaturas, según la fuente, recibían cada uno al menos dos millones de pesos al año, por aprobar las votaciones que le interesaban a Duarte de Ochoa, como endeudamiento, aprobación de cuentas públicas, creación de fideicomisos, entre otras.
Del 2010 al 2012, la fracción panista estuvo conformada por once legisladores, habrían percibido hasta 6 millones de pesos cada uno de ellos en un año, afirma el funcionario de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Duarte.
El resto de la Legislatura la formaron cuatro diputados de Nueva Alianza, tres más de la Alianza PRD-Movimiento Ciudadano y tres más independientes, quienes, al igual que la fracción blanquiazul, percibieron al menos esa cifra en doce meses.
La LXIII Legislatura, cuya época fue entre 2013 y 2016 y que fue la misma que cerró la administración de Duarte, fue considerada una “aplanadora” con 26 diputados tricolores, 10 de Acción Nacional, 6 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2 del PRD, 3 de Nueva Alianza y 1 de la alianza PRD- Movimiento Ciudadano.
En esa Legislatura los únicos congresistas que no pudieron ser corrompidos por los operadores de Duarte habrían sido Ricardo Ahued Bardahuil del PRI, Alejandro Zairick Morante, Hugo Fernández Bernal del PAN, Fidel Robles del PT y Jesús Vázquez del Partido Verde.
De 2011 a 2015, los diputados en Veracruz, le aprobaron alrededor de 500 leyes y decretos al Gobernador Javier Duarte. El 60 por ciento de ellas relacionadas con manejo financiero de la Hacienda estatal.
Algunas derivaron en la deuda pública calculada en 180 mil millones de pesos en Veracruz.
Los legisladores veracruzanos, fueron cómplices de Javier Duarte al aprobar iniciativas como la bursatilización de la Tenencia Vehicular y la reestructura de la deuda pública, que derivó en un sobre endeudamiento del Estado.
Las iniciativas y decretos del Gobernador en turno no sólo fueron avaladas por sus bancadas, que tenían mayoría en ambas Legislaturas, sino que los congresistas opositores votaron hasta en un 60 por ciento también a favor de Duarte, incluidos del PAN, PRD y AVE, que en esos congresos eran oposición.
En 2015 por ejemplo, los diputados locales de Veracruz aprobaron 110 leyes y decretos, el 80 por ciento fueron iniciativas enviadas por el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa.
De éstas, el 70 por ciento eran leyes o decretos o reformas a leyes existentes que le permitían o allegarse de más recursos, o tener control de órganos que revisaban finanzas, o cobraban servicios o subsidios que nunca se pagaron y se quedaron a deber.
En esta dinámica, Duarte y los diputados votaban temas lo mismo a adultos mayores, policías o deudos de policías.
La LXIII Legislatura local presentó un promedio de 600 iniciativas en tres años. El Gobernador Duarte presentó sólo un 30 por ciento de estas cifras.,
Sin embargo, a la hora de dictaminar, se aprobaron 140 enviadas por el Ejecutivo Estatal, que representa el 80 por ciento de las iniciativas del Gobernador, y apenas un 20 por ciento de las iniciativas de los diputados, es decir 120.
Un 60 por ciento de iniciativas de legisladores se quedaron sin votar, especialmente del PAN en aquel entonces la oposición supuesta de Javier Duarte de Ochoa.
Algo similar sucedió con iniciativas de legisladores de la LXII Legislatura local, que le tocó recibir en ese entonces al nuevo Gobernador del Estado.
El Congreso de Veracruz sesiona en promedio al año de 150 a 180 días al año.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el 2015 estuvo por debajo de la media nacional, al sesionar sólo 50 veces al año. El promedio en el país fue de 70 sesiones anuales.
MALAS PRÁCTICAS DETECTA IMCO EN LXIII LEGISLATURA
Por si esto no fuera poco, en 2015 el IMCO reportó al Congreso de Veracruz con malas prácticas, al detectar que aprobó169 millones de transferencias, subsidios, y otras ayudas, que fueron directo al rubro de ampliaciones presupuestales de los Diputados, por conceptos desconocidos.
De ese monto, confirma una solicitud de Transparencia que hizo IMCO en 2016, 160 millones fueron enviados a subsidios y subvenciones de Diputados, por conceptos que nunca dejaron claro y no demostraron gastar en sus distritos en apoyo social, que por ley están obligados a aportar.
La corrupción dentro de la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa no sólo fue con funcionarios de su gabinete que desviaron recursos a empresas fantasma, sino con al menos 90 diputados locales, quienes en seis años recibieron alrededor 150 millones de pesos.
Los encargados de negociar con los legisladores veracruzanos fueron Gabriel de Antes, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y secretario del trabajo, el secretario particular de Duarte, José Ramón Cardeno Shaadi y el líder de la fracción priísta en la LXII Legislatura y hoy diputado federal, Jorge Carvallo Delfín.
En la lista de Duarte para sobornar a los diputados estuvieron también Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Calleja, presidente de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Erick Lagos Hernández.
Para recibir los sobornos, los legisladores del PRI trataban de manera directa con Cardeno Shadi en distintos puntos, entre ellos el aeropuerto de El Lencero en la capital Xalapa.
Entre tanto los legisladores de mayor rango en la Cámara de Diputados, como Carvallo, Lagos, Ortega y Callejas, siempre trataron de forma personal con el Gobernador para cabildear a sus colegas de oposición.
Duarte trabajó en su sexenio con la LXII y LXIII Legislaturas, cuyos integrantes aprobaron principalmente leyes, reformas, nombramiento de un fiscal general y aprobación de las cuentas públicas de seis ejercicios fiscales.
La PGR indica que Duarte de Ochoa es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.
Dicho dinero fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Mientras eso ocurría en las distintas secretarías del gabinete, el Poder Legislativo en Veracruz tampoco se salvó de la estructura operadora de Duarte de Ochoa, con la que corrompió al noventa por ciento de los congresistas locales en ese sexenio.
En un audio de una conversación telefónica, que circula en redes sociales, entre la presidenta de la mesa directiva del Congreso anterior, Octavia Ortega Arteaga y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ambos del PRI, parecen confirmar las informaciones del dinero que recibieron los ex diputados para aprobar las iniciativas de Duarte de Ochoa.
Los legisladores de la pasada administración en Veracruz hablan de “chocolates” para referirse al dinero público que repartieron a los legisladores, cuando al Gobernador le interesaba que sus iniciativas se aprobaran por mayoría o unanimidad y obtener consenso.
Aunque no se detalla qué iniciativa era de forma específica, Ortega Arteaga le dice a Nicolás Callejas en ese audio que ya habló con el Gobernador, porque algunos legisladores estaban pidiendo más dinero.
“Ya hablé con estos cabrones, les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte y que los chocolates que reciben de él no salían de la nada. Con la misma disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas”, menciona la legisladora.
El ex presidente de la Junta de Coordinación Política dijo en el audio filtrado a medios veracruzanos y potenciado en redes sociales, que él se encargaba de los diputados de casa para sacar adelante las iniciativas.
“Ya están planchados, los de casa. De los de casa me encargo yo. Tú céntrate en los demás. Por aquí no podemos hablar mucho, tú lo sabes. Si nos vemos al rato donde mismo platicamos. Ya quiero verte”, le explica Callejas a la presidenta de la mesa directiva en esa legislatura.
Ambos personajes fueron buscados para conocer sus versiones. Ninguno se comunicó con este medio para dar explicaciones respecto al audio que acompaña esta investigación.
En entrevista, bajo la condición del anonimato, un funcionario de altísimo nivel de Duarte de Ochoa, quien durante tres años tuvo poder de decisiones económicas en el gabinete, confirmó que al menos 150 millones de pesos fueron los que se entregaron a 90 diputados de ambas legislaturas.
Los 27 diputados de las fracciones tricolores en ambas legislaturas, según la fuente, recibían cada uno al menos dos millones de pesos al año, por aprobar las votaciones que le interesaban a Duarte de Ochoa, como endeudamiento, aprobación de cuentas públicas, creación de fideicomisos, entre otras.
Del 2010 al 2012, la fracción panista estuvo conformada por once legisladores, habrían percibido hasta 6 millones de pesos cada uno de ellos en un año, afirma el funcionario de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Duarte.
El resto de la Legislatura la formaron cuatro diputados de Nueva Alianza, tres más de la Alianza PRD-Movimiento Ciudadano y tres más independientes, quienes, al igual que la fracción blanquiazul, percibieron al menos esa cifra en doce meses.
La LXIII Legislatura, cuya época fue entre 2013 y 2016 y que fue la misma que cerró la administración de Duarte, fue considerada una “aplanadora” con 26 diputados tricolores, 10 de Acción Nacional, 6 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2 del PRD, 3 de Nueva Alianza y 1 de la alianza PRD- Movimiento Ciudadano.
En esa Legislatura los únicos congresistas que no pudieron ser corrompidos por los operadores de Duarte habrían sido Ricardo Ahued Bardahuil del PRI, Alejandro Zairick Morante, Hugo Fernández Bernal del PAN, Fidel Robles del PT y Jesús Vázquez del Partido Verde.
De 2011 a 2015, los diputados en Veracruz, le aprobaron alrededor de 500 leyes y decretos al Gobernador Javier Duarte. El 60 por ciento de ellas relacionadas con manejo financiero de la Hacienda estatal.
Algunas derivaron en la deuda pública calculada en 180 mil millones de pesos en Veracruz.
Los legisladores veracruzanos, fueron cómplices de Javier Duarte al aprobar iniciativas como la bursatilización de la Tenencia Vehicular y la reestructura de la deuda pública, que derivó en un sobre endeudamiento del Estado.
Las iniciativas y decretos del Gobernador en turno no sólo fueron avaladas por sus bancadas, que tenían mayoría en ambas Legislaturas, sino que los congresistas opositores votaron hasta en un 60 por ciento también a favor de Duarte, incluidos del PAN, PRD y AVE, que en esos congresos eran oposición.
En 2015 por ejemplo, los diputados locales de Veracruz aprobaron 110 leyes y decretos, el 80 por ciento fueron iniciativas enviadas por el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa.
De éstas, el 70 por ciento eran leyes o decretos o reformas a leyes existentes que le permitían o allegarse de más recursos, o tener control de órganos que revisaban finanzas, o cobraban servicios o subsidios que nunca se pagaron y se quedaron a deber.
En esta dinámica, Duarte y los diputados votaban temas lo mismo a adultos mayores, policías o deudos de policías.
La LXIII Legislatura local presentó un promedio de 600 iniciativas en tres años. El Gobernador Duarte presentó sólo un 30 por ciento de estas cifras.,
Sin embargo, a la hora de dictaminar, se aprobaron 140 enviadas por el Ejecutivo Estatal, que representa el 80 por ciento de las iniciativas del Gobernador, y apenas un 20 por ciento de las iniciativas de los diputados, es decir 120.
Un 60 por ciento de iniciativas de legisladores se quedaron sin votar, especialmente del PAN en aquel entonces la oposición supuesta de Javier Duarte de Ochoa.
Algo similar sucedió con iniciativas de legisladores de la LXII Legislatura local, que le tocó recibir en ese entonces al nuevo Gobernador del Estado.
El Congreso de Veracruz sesiona en promedio al año de 150 a 180 días al año.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el 2015 estuvo por debajo de la media nacional, al sesionar sólo 50 veces al año. El promedio en el país fue de 70 sesiones anuales.
MALAS PRÁCTICAS DETECTA IMCO EN LXIII LEGISLATURA
Por si esto no fuera poco, en 2015 el IMCO reportó al Congreso de Veracruz con malas prácticas, al detectar que aprobó169 millones de transferencias, subsidios, y otras ayudas, que fueron directo al rubro de ampliaciones presupuestales de los Diputados, por conceptos desconocidos.
De ese monto, confirma una solicitud de Transparencia que hizo IMCO en 2016, 160 millones fueron enviados a subsidios y subvenciones de Diputados, por conceptos que nunca dejaron claro y no demostraron gastar en sus distritos en apoyo social, que por ley están obligados a aportar.
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