Ciudad de México.- Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Cuestionó a la representación gubernamental –encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa– las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014.
¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?
En cuanto al quinto autobús y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, como móvil del ataque contra los normalistas –otro de los señalamientos del GIEI–, el funcionario de la PGR indicó que pruebas periciales, testimonios y revisiones al vehículo confirmaron que no hay datos de estupefacientes directamente ligados a ese camión. Aunque explicó que la unidad no fue asegurada por las autoridades el día de los hechos, sino días después, por lo que el trasiego de sustancias prohibidas seguirá siendo una línea de investigación en la que se profundizará.
Al reclamar la impunidad en que se encuentra el caso, uno de los padres de los 43 normalistas aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados, porque casi tres años después de la desaparición no tienen noticia del paradero de sus hijos. No vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que amplíe las indagatorias y agilice los procesos con la finalidad de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y alcanzar la verdad y la justicia.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Cuestionó a la representación gubernamental –encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa– las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014.
¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?
En cuanto al quinto autobús y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, como móvil del ataque contra los normalistas –otro de los señalamientos del GIEI–, el funcionario de la PGR indicó que pruebas periciales, testimonios y revisiones al vehículo confirmaron que no hay datos de estupefacientes directamente ligados a ese camión. Aunque explicó que la unidad no fue asegurada por las autoridades el día de los hechos, sino días después, por lo que el trasiego de sustancias prohibidas seguirá siendo una línea de investigación en la que se profundizará.
Al reclamar la impunidad en que se encuentra el caso, uno de los padres de los 43 normalistas aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados, porque casi tres años después de la desaparición no tienen noticia del paradero de sus hijos. No vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que amplíe las indagatorias y agilice los procesos con la finalidad de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y alcanzar la verdad y la justicia.
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