Ciudad de México.- El comercio ambulante debe ser reconocido como tal en la Constitución, a fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas que venden productos y servicios en la calle, y eliminar la irregularidad legal que los vuelve presa fácil de intereses políticos en tiempos electorales, señalan investigadores y los propios vendedores.
“Somos una válvula de escape. La economía la generamos nosotros y hemos contribuido a que prevalezca la paz social en el país”, sentencia María Rosete, del Frente Metropolitano de Vendedores en Vía Pública. La lideresa de ambulantes pide que sean reconocidos como el sector económico más importante del país y que las decisiones sobre el ambulantaje incluyan su participación para erradicar la situación de desigualdad y vulnerabilidad que padecen.
La economía informal en México tuvo en 2015 una participación de 23.6 % en el Producto Interno Bruto (PIB), generada por 58 % de la población ocupada en actividades económicas informales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 100 pesos generados de PIB en el país, casi 24 los generan los trabajadores informales.
Si bien el concepto de economía informal abarca a todo trabajador que no cuente con seguridad social -incluidos los del hogar y los que realizan agricultura de subsistencia-, los comerciantes son mayoría en este sector: 33.6 % del trabajo informal proviene del comercio, de acuerdo con el INEGI.
Es por esta abrumadora participación en la economía del país que el proyecto de Constitución Política para Ciudad de México, presentado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en 2016, incluía a las personas que trabajan en la calle dentro del propio texto constitucional. En su artículo 15, el proyecto dictaba que “las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley; a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión”, en referencia a la constante persecución que sufren por parte de policías, al vender mercancías de manera ilegal.
Sin embargo, el proyecto finalmente aprobado por la Asamblea Constituyente en febrero de 2017 matizó esta denominación y especificó que el comercio ambulante debe ser regulado y delimitado: “Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores. La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social”, indica el apartado 13 del Derecho al Trabajo contemplado en el artículo 10 de la nueva Carta Magna de Ciudad de México.
Esta inclusión en la Constitución local, sin embargo, es superficial e insuficiente para la lideresa de ambulantes, quien considera que también deben estar incluidos en la Carta Magna federal y que aún falta revisar las leyes secundarias de la local, además de elevar a rango de ley el Reglamento de Mercados, el único vigente desde 1951.
“Falta legislar, reconocer la actividad como un empleo, el reconocimiento al trabajo de este sector. Somos parte de una economía, estamos dispuestos a asumir obligaciones pero también tener nuestros respectivos beneficios; el más importante es el reconocimiento de la actividad para evitar ser perseguidos, para tener un espacio digno dónde trabajar, que forme parte de un patrimonio para nuestras familias”, dijo María Rosete a Animal Político.
El reconocimiento que los ambulantes piden va más allá de ser escuchados o visibilizados, considera la investigadora de El Colegio de México, Verónica Crossa. Implica formar parte de las decisiones antes de que sean tomadas, que se les consulten los términos de una negociación antes de ponerla sobre la mesa. “Antes que llegue la Autoridad del Espacio Público o la secretaría de Gobierno a decir ‘los vamos a reubicar y estas son las condiciones’, que sean incorporados como actores fundamentales en la toma de decisiones en la vida comercial, económica y política de ese espacio”, explica la también coordinadora de la maestría en Estudios Urbanos de El Colmex.
En el seminario “Trabajo en las Calles” realizado en esa casa de estudios, los vendedores expresaron sus necesidades y su postura frente al aparente dilema entre el derecho de los comerciantes a trabajar, y la ocupación del espacio público. Coincidieron en que la venta en las calles impulsa la economía del país y ayuda a quienes no tienen ingresos suficientes para adquirir productos en el comercio formal, pero admitieron que necesitan mejorar sus condiciones para estar en una mejor posición de negociar con las autoridades.
“Necesitamos ser más ordenados y organizados para que no nos menosprecien, pero en muchas casas no alcanzó para darnos educación, por eso sólo nosotros mismos podemos educarnos”, instó una vendedora que participó en el seminario. “Es fácil achacarle a las autoridades el caos, pero hay que preguntarnos qué tanto nos involucramos nosotros”, expresó Daniel Miranda, representante de los fotógrafos informales. “Hemos evolucionado porque la calle es difícil, pero somos la gente más formal, tenemos cuentas, estamos organizados, somos unos empresarios”, apuntó.
Este sector vive condiciones de inequidad estructural que lo coloca en una situación de vulnerabilidad, advierte Crossa, por lo que, para resolver el conflicto entre la necesidad de este tipo de empleo y el derecho al espacio público, se le debe mirar más allá de lo técnico y lo estético y darle una dimensión de desigualdad.
“Hay que partir de que no son igual, algunos están más desprotegidos de otros, no sólo en términos jurídicos sino desprotegidos de una valoración moral, que dice que unos sí son merecedores de estar y otros no”, indicó por su parte la doctora Crossa, autora del ensayo ‘Cambiando las categorías morales en el discurso político: De la calle al espacio público en la Ciudad de México’.
“Hay una valoración moral que de entrada los pone en contextos distintos: cómo hablan, cómo se visten. Uno como ciudadano los ve e inmediatamente tiene un juicio sobre cómo son, qué hacen y si deberían estar ahí o no. No partimos de condiciones de igualdad, ni materiales ni simbólicas; esto que llamamos espacio público como espacio de todos, lo sería si todos estuviéramos en las mismas condiciones, entonces ¿por qué no pensamos en lo público de otra manera y lo redefinimos?”, cuestionó la académica.
Para empezar a resolver este conflicto, de acuerdo con Crossa, se requiere un Estado fuerte con instituciones sólidas que funcionen en la redistribución del espacio, que no se limite a repartir metros cuadrados, sino a tratar de encontrar acuerdos, ya que desde 2007 no ha habido una gran reubicación de ambulantes en Ciudad de México. “Si hay algo que está en crisis es lo público y por ende el Estado”, puntualizó.
Los comerciantes dicen estar dispuestos a asumir las obligaciones que implica la formalización de su trabajo, y a cumplir con los compromisos que se les exijan para ello. “No nos negamos a pagar impuestos, al contrario, queremos que se nos reconozca”, dijo una vendedora que acudió a El Colmex con su hijo. “No queremos nada regalado, queremos una plaza”, dijo otra. “También nosotros queremos recuperar el Centro Histórico, para que no nos usen como botín político”, apuntó una más. La lideresa María Rosete resumió estas demandas asegurando que están listos para asumir todo lo que conlleva la ley: prestaciones, beneficios y obligaciones. “Estamos dispuestos a pagar al fisco lo justo. Si tenemos el compromiso de mantenerlo limpio y ordenado, lo vamos a hacer; si eso implica hacer aportaciones por el uso del espacio, lo vamos a hacer”.
AP
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