De naturaleza política

Pujan Ejecutivo y Judicial

Por: Enrique Aranda

No debió esperar mucho el controversial ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, para recibir puntual respuesta a la instrucción girada al Consejo de la Judicatura Federal, que él mismo encabeza, para “identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos…” que, en el marco de la cada vez más abierta confrontación que mantiene el Poder Judicial con el próximo gobierno, han sido objeto de críticas y señalamientos.

Sólo unas horas después del comunicado oficial de la Judicatura, con fecha 9 de octubre, efectivamente, diversos medios de comunicación hicieron pública no sólo la existencia de uno, sino de dos casos de familiares directos de miembros de la Corte —Ana Elena Aguilar Arrangóiz y Daniela Pardo Soto, hijas ambas de ministros de la Sala Superior— empleadas por el Poder Judicial, con el agravante de que, una de ellas, al menos, no parece contar con estudios mínimos necesarios para desempeñarse en la posición que ocupa.

Importante y delicado en sí mismo, el hecho parece serlo más cuando se considera a la luz de las públicas diferencias que, tras el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido, en los comicios de julio, mantiene un importante número de jueces y magistrados del ámbito federal con el tabasqueño y los suyos que, como hemos mencionado en este espacio, motivan a más de uno a considerar la posibilidad de emprender acciones —“de inconstitucionalidad incluso”…— contra decisiones y/o políticas a seguir por el presidente electo, muy especialmente en lo que refiere a la reducción de salarios, pérdida de prerrogativas y otras que inciden directamente en el estatus personal y/o familiar de aquellos.

Hay que considerar que, con razón o no, el Poder Judicial parece ser, ahora, el único que continúa resistiendo a los afanes “controladores” del próximo jefe del Ejecutivo y sus afines que, está a la vista, con frecuencia evidencian comportamientos más propios de quienes están ya en el poder que de quienes, conscientes de su triunfo en las urnas, esperan para asumirlo y, entonces sí, hacer uso de prerrogativas y derechos que el mismo otorga.

Ello, agravado por el hecho de que el gobierno saliente parece haber cedido ya espacios y facultades en favor del entrante en tanto que, a merced de su incuestionable mayoría en diputados y senadores, la próxima administración sexenal opera ya a nivel Legislativo para adecuar el marco legal a requerimientos previsibles.

La puja, entonces, está a la vista, —“¿o en marcha ya?”— entre dos de los tres Poderes de la Unión. ¿No es éste el mejor escenario para el arranque de una nueva administración sexenal, o sí?

Excelsior