jueves, 28 de febrero de 2013

La Codhem alerta ante extorsiones o amenazas a ediles

Mario Arvizu
 
Nezahualcóyotl, México.- Luego de remarcar que son Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla los municipios mexiquenses donde se vulneran con mayor frecuencia los derechos humanos en la entidad, el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem), Federico Armeaga Esquivel, advirtió que por el momento no hay ningún asunto de que el crimen organizado tenga amenazado a algún alcalde mexiquense.
Sin embargo, remarcó que en caso de que se presente o inicie la respectiva queja, la Codhem enviará una recomendación a la instancia competente para brindar una mayor seguridad a los servidores públicos.
El funcionario dijo que de manera precautoria o preventiva la citada Comisión recibirá y analizará la demanda y ésta a su vez la enviará ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para que se dé seguimiento al caso.
“Lo que hace la Comisión es siempre pedir la intervención oportuna de las autoridades y en caso de presentarse alguna amenaza contra determinado alcalde, la tarea  es proteger la integridad física”, abundó.
Armeaga Esquivel, precisó que en caso de darse alguna situación de esta índole se actuará conforme a  la ley y en primer lugar se exhortará brindar una mayor seguridad contra el servidor público que fuera.
Al respecto, informó que se ha logrado establecer que presidentes municipales, de al menos cinco alcaldías del Oriente del Estado de México, han sido amenazados por el crimen organizado para que paguen una cuota de 20 mil dólares y a los regidores les piden 5 mil dólares, ello para brindarles “protección y no sufrir algún atentado”.
Los servidores públicos pidieron omitir sus nombres y señalaron que varios de ellos ya acudieron ante la PGJEM para iniciar su denuncia. Las extorsiones vienen de parte de integrantes de grupos que se identifican como los Zetas, Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.
Tanto los alcaldes como regidores no cuentan con ninguna protección por parte del gobierno del estado de México, situación que puede ser aprovechada por los sujetos que buscan cómo obtener dinero bajo la amenaza en la zona de los volcanes.

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