Los Reyes la Paz, México.- Con golpes, amenazas y condicionamiento el alcalde priista de este municipio, Juan José Medina Cabrera pretende instalar “una planta de transferencia de basura” en una zona urbana, por lo cual los ciudadanos se habrán de organizar para rechazar que traten de imponer este basurero a consecuencia que sólo ocasionará problemas de salud para la población en general.
Pese a los escritos enviados al Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas y al Procurador de Protección del Medio Ambiente en la entidad para que intervengan, en respuesta la gente recibió por parte de la Policía Estatal golpes contra mujeres, niños y hombres que habían cerrado la carretera federal México-Texcoco para ser escuchados.
Entre los afectados Adrián García Domínguez, Luis Alberto Uribe García, Susana López y Norma Angélica García dijeron haber sido encerrados por rechazar dicha planta de transferencia a consecuencia que el terreno de más de 10 mil metros cuadrados conocida como “la Mina” en el predio denominado Tecalco El Chico, es donde pretenden colocar dicho complejo.
“En varias ocasiones se ha pedido que el edil Juan José Medina de la cara a la población y lo único que hace es amenazar a la gente; así como condicionar los servicios públicos a cambio de dejar instalar la planta”, afirmó Luis Alberto Uribe.
“No pertenecemos a ningún partido político, ni tenemos dirigente alguno que encabece el grupo de inconformes, al parecer es propiedad de un primo del alcalde, por lo cual ahora quieren imponer este tiradero que sólo ocasionará problemas a los habitantes de las colonias Hank González, Ampliación Jorge Jiménez Cantú y Lomas de San Sebastián.
El edil Juan José Medina en varias ocasiones ha enviado al Director de Gobernación Municipal, Mauricio Tena para decir “que por sus pantalones colocará la planta de transferencia” ello a pesar del rechazo de la población que vive en los alrededores, ya que dicho complejo recibirá los desperdicios que se generan en municipios como San Vicente Chicoloapan, Nezahualcóyotl y de La Paz.
Para finalizar pidieron la intervención de las autoridades competentes para evitar se cometa un delito contra la ciudadanía al no ser escuchados por sus gobernados, los cuales solo buscan el beneficio propio y no de una comunidad que sólo quiere contar con los servicios básicos sin tener que obtenerlos al condicionárselos.
Pese a los escritos enviados al Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas y al Procurador de Protección del Medio Ambiente en la entidad para que intervengan, en respuesta la gente recibió por parte de la Policía Estatal golpes contra mujeres, niños y hombres que habían cerrado la carretera federal México-Texcoco para ser escuchados.
Entre los afectados Adrián García Domínguez, Luis Alberto Uribe García, Susana López y Norma Angélica García dijeron haber sido encerrados por rechazar dicha planta de transferencia a consecuencia que el terreno de más de 10 mil metros cuadrados conocida como “la Mina” en el predio denominado Tecalco El Chico, es donde pretenden colocar dicho complejo.
“En varias ocasiones se ha pedido que el edil Juan José Medina de la cara a la población y lo único que hace es amenazar a la gente; así como condicionar los servicios públicos a cambio de dejar instalar la planta”, afirmó Luis Alberto Uribe.
“No pertenecemos a ningún partido político, ni tenemos dirigente alguno que encabece el grupo de inconformes, al parecer es propiedad de un primo del alcalde, por lo cual ahora quieren imponer este tiradero que sólo ocasionará problemas a los habitantes de las colonias Hank González, Ampliación Jorge Jiménez Cantú y Lomas de San Sebastián.
El edil Juan José Medina en varias ocasiones ha enviado al Director de Gobernación Municipal, Mauricio Tena para decir “que por sus pantalones colocará la planta de transferencia” ello a pesar del rechazo de la población que vive en los alrededores, ya que dicho complejo recibirá los desperdicios que se generan en municipios como San Vicente Chicoloapan, Nezahualcóyotl y de La Paz.
Para finalizar pidieron la intervención de las autoridades competentes para evitar se cometa un delito contra la ciudadanía al no ser escuchados por sus gobernados, los cuales solo buscan el beneficio propio y no de una comunidad que sólo quiere contar con los servicios básicos sin tener que obtenerlos al condicionárselos.
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