Ciudad de Méx.- Entre los cambios que se están dando en la política petrolera, producto de las recientes contrarreformas constitucionales, aparece la ronda cero como el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo federal asignará a Petróleos Mexicanos (Pemex) sus áreas de explotación de hidrocarburos. Constituye así la primacía que se concede a Pemex para que escoja las áreas donde desea participar, dejando el resto a la gestión de empresas particulares. Es el comienzo de la entrega de nuestro petróleo a intereses contrarios a los de México y la mayoría de los mexicanos.
El 14 de marzo pasado, el consejo de administración de Pemex acordó enviar a la Secretaría de Energía la solicitud para la asignación de las áreas de exploración y los campos en producción de los que Pemex pretendería hacerse cargo (o seguirse haciendo cargo, pues hasta este momento Pemex los gestiona).
Hasta este momento se carece de información pública respecto de qué campos y cuáles áreas específicas abandonará y cuáles continuará operando Petróleos Mexicanos. Es indispensable que esa información se haga del conocimiento público, aunque al parecer ya fue reservada por varios lustros como es costumbre cuando algo importante se quiere ocultar a la opinión pública, aunque no exista razón evidente o de sentido común para ello.
La información que la Secretaría de Energía ha dado a conocer es que Pemex solicita 83 por ciento de las reservas 2P (probadas y posibles) y 31 por ciento de los recursos prospectivos. La propia secretaría ha publicado que las reservas 2P ascienden a 26 mil 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Según las tendencias de la extracción actual, las reser- vas 2P tendrían vida de 12 años y, de ellas se estaría cediendo a los particulares el equivalente a dos años (4 mil 400 millones de barriles –17 por ciento), cuya magnitud parece indicar que Pemex no sólo sería retirado de las llamadas áreas complejas de Chicontepec y Burgos, sino también de alguna o algunas de las áreas de explotación más rentables del país.
Por otra parte, los recursos prospectivos, que se estiman en 114 mil 800 millones de barriles, han sido explorados y estudiados por Petróleos Mexicanos, al que se pretende asignar sólo 31 por ciento de ellos, y el 69 por ciento restante licitarlo a particulares.
La decisión de privatizar una quinta parte de las reservas 2P del país no es un asunto menor y debió ser ampliamente informado, pues se trata nada menos que de uno de los principales patrimonios de la nación. Esa manera poco aseada de proceder, en nada ayuda al desarrollo de un sistema de mercado donde el propio gobierno es el responsable de construir un esquema de regulación encargado de hacer valer la ley, como regla esencial de funcionamiento. Mal comienzan, pues, las cosas.
Entonces, aun cuando el gobierno lo ha negado sistemáticamente, queda claro que la reforma energética tiene como objetivo central la privatización, la cesión a particulares de los recursos petroleros de la nación, lo que se ha visto con claridad en reciente entrevista de la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, quien declaró, según reporta el Financial Times el 26 de marzo pasado, que "la mayor parte de los países no ofrecen reservas en sus rondas de ofertas, lo que hace muy atractivas las de México".
Si se pretende vender a particulares reservas ya descubiertas por Petróleos Mexicanos, ¿quién y cómo se resarciría a Pemex de los gastos efectuados? ¿Cuál sería, en este caso, el negocio para México
El 14 de marzo pasado, el consejo de administración de Pemex acordó enviar a la Secretaría de Energía la solicitud para la asignación de las áreas de exploración y los campos en producción de los que Pemex pretendería hacerse cargo (o seguirse haciendo cargo, pues hasta este momento Pemex los gestiona).
Hasta este momento se carece de información pública respecto de qué campos y cuáles áreas específicas abandonará y cuáles continuará operando Petróleos Mexicanos. Es indispensable que esa información se haga del conocimiento público, aunque al parecer ya fue reservada por varios lustros como es costumbre cuando algo importante se quiere ocultar a la opinión pública, aunque no exista razón evidente o de sentido común para ello.
La información que la Secretaría de Energía ha dado a conocer es que Pemex solicita 83 por ciento de las reservas 2P (probadas y posibles) y 31 por ciento de los recursos prospectivos. La propia secretaría ha publicado que las reservas 2P ascienden a 26 mil 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Según las tendencias de la extracción actual, las reser- vas 2P tendrían vida de 12 años y, de ellas se estaría cediendo a los particulares el equivalente a dos años (4 mil 400 millones de barriles –17 por ciento), cuya magnitud parece indicar que Pemex no sólo sería retirado de las llamadas áreas complejas de Chicontepec y Burgos, sino también de alguna o algunas de las áreas de explotación más rentables del país.
Por otra parte, los recursos prospectivos, que se estiman en 114 mil 800 millones de barriles, han sido explorados y estudiados por Petróleos Mexicanos, al que se pretende asignar sólo 31 por ciento de ellos, y el 69 por ciento restante licitarlo a particulares.
La decisión de privatizar una quinta parte de las reservas 2P del país no es un asunto menor y debió ser ampliamente informado, pues se trata nada menos que de uno de los principales patrimonios de la nación. Esa manera poco aseada de proceder, en nada ayuda al desarrollo de un sistema de mercado donde el propio gobierno es el responsable de construir un esquema de regulación encargado de hacer valer la ley, como regla esencial de funcionamiento. Mal comienzan, pues, las cosas.
Entonces, aun cuando el gobierno lo ha negado sistemáticamente, queda claro que la reforma energética tiene como objetivo central la privatización, la cesión a particulares de los recursos petroleros de la nación, lo que se ha visto con claridad en reciente entrevista de la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, quien declaró, según reporta el Financial Times el 26 de marzo pasado, que "la mayor parte de los países no ofrecen reservas en sus rondas de ofertas, lo que hace muy atractivas las de México".
Si se pretende vender a particulares reservas ya descubiertas por Petróleos Mexicanos, ¿quién y cómo se resarciría a Pemex de los gastos efectuados? ¿Cuál sería, en este caso, el negocio para México
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