Ciudad de México.- El consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif Hernández, promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación por la decisión de la Junta General Ejecutiva del organismo de reducir los salarios de 11 consejeros y 21 funcionarios del mando, pues con ello podría haber excedido sus facultades.
En el escrito el consejero pidió a los magistrados analizar si la disminución al salario que fue acordada transgrede la Constitución y viola los principios de certeza y legalidad que deben regir la actuación del Instituto, pues ésta impide a los servidores públicos renunciar a la remuneración a la que tienen derecho.
Además está previsto en el artículo 123 de la Constitución que los salarios de los servidores públicos serán fijados en el presupuesto correspondiente “sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo”, lo que es el caso.
Adicionalmente, la Constitución y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que “nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, salvo que medie resolución judicial”, recordó Nacif.
El consejero dirigió también un escrito al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el que expuso que el Instituto podría tomar decisiones que realmente signifiquen un ahorro.
Le planteó ahí que el recurso para que el TEPJF revise la legalidad y constitucionalidad de lo acordado por la Junta el pasado 25 de febrero lo promovió en ejercicio de sus derechos como ciudadano, pero esta defensa de la legalidad no es rechazo a la austeridad.
“Le reitero mi total disposición a trabajar con este fin, para que el INE aproveche al máximo esas áreas de oportunidad y que obtenga los mayores ahorros posibles, pero siempre dentro de la Constitución y la ley”, expuso al recordar que el INE paga millonarias sumas por asesorías externas –que en el pasado han sido cuestionadas por la Contraloría General del Instituto-- y los ahorros podrían ser mucho mayores.En el escrito el consejero pidió a los magistrados analizar si la disminución al salario que fue acordada transgrede la Constitución y viola los principios de certeza y legalidad que deben regir la actuación del Instituto, pues ésta impide a los servidores públicos renunciar a la remuneración a la que tienen derecho.
Además está previsto en el artículo 123 de la Constitución que los salarios de los servidores públicos serán fijados en el presupuesto correspondiente “sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo”, lo que es el caso.
Adicionalmente, la Constitución y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que “nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, salvo que medie resolución judicial”, recordó Nacif.
El consejero dirigió también un escrito al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el que expuso que el Instituto podría tomar decisiones que realmente signifiquen un ahorro.
Le planteó ahí que el recurso para que el TEPJF revise la legalidad y constitucionalidad de lo acordado por la Junta el pasado 25 de febrero lo promovió en ejercicio de sus derechos como ciudadano, pero esta defensa de la legalidad no es rechazo a la austeridad.
Esto porque la reducción de las percepciones de los 32 integrantes de la JGE ampliada –recordó- apenas generarán economías por 11 millones de pesos al año, 0.1 del presupuesto del INE para 2017.
“Es necesario analizar si se justifica ejercer 27.3 millones de pesos en estudios y eventos sobre la calidad de la ciudadanía. Asimismo, cabe valorar alternativas a la adquisición de plantas de electricidad para cada una de las juntas locales y distritales por 84.9 millones de pesos, que realmente solo se requieren para casos de emergencia. Estos son algunos ejemplos de posibles economías en el corto plazo”, estableció Nacif en su misiva.
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