Cozumel, Q. Roo.- La incineración de 22 perros dentro de tambos para basura en Cozumel, Quintana Roo genera indignación una vez que el caso se hizo público en medios de comunicación, ya que el procedimiento se habría ejecutado sin las medidas de sanidad marcadas por las autoridades.
De acuerdo con una sociedad humanitaria, la cual reveló lo ocurrido, ya que contaban con antecedentes de la forma en que operaba el Centro de Control Animal Estatal, la decisión de quemarlos se derivó por un brote de moquillo en dos de los caninos y este se propagó, por lo que el contagio se salió de control.
A través de su cuenta de Facebook, la organización refirió que la perrera municipal no cumplió con los protocolos a pesar de que en días pasados capacitaron a su personal en caso de enfrentar este tipo de brotes.
Sin embargo debido al escenario encontrado, se desconoce si utilizaron los medicamentos adecuados para concretar la eutanasia de los caninos, así como los mecanismos de sanidad, ya que se tenía conocimiento de que su incinerador llevaba años sin funcionar.
Ahora el caso se encuentra bajo revisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que al llevar a cabo este tipo de procedimientos sin los adecuados procesos y al aire libre pusieron en riesgo la salud de la comunidad, por lo que eso conllevaría una sanción.
De acuerdo con una sociedad humanitaria, la cual reveló lo ocurrido, ya que contaban con antecedentes de la forma en que operaba el Centro de Control Animal Estatal, la decisión de quemarlos se derivó por un brote de moquillo en dos de los caninos y este se propagó, por lo que el contagio se salió de control.
A través de su cuenta de Facebook, la organización refirió que la perrera municipal no cumplió con los protocolos a pesar de que en días pasados capacitaron a su personal en caso de enfrentar este tipo de brotes.
Sin embargo debido al escenario encontrado, se desconoce si utilizaron los medicamentos adecuados para concretar la eutanasia de los caninos, así como los mecanismos de sanidad, ya que se tenía conocimiento de que su incinerador llevaba años sin funcionar.
Ahora el caso se encuentra bajo revisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que al llevar a cabo este tipo de procedimientos sin los adecuados procesos y al aire libre pusieron en riesgo la salud de la comunidad, por lo que eso conllevaría una sanción.
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